Foro Internacional por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos: en Roma del 13 al 17 noviembre

enviado por viacampesina@viacampesina.org

Del 13 al 17 noviembre se reunirán en Roma más de 400 delegados (el número dependerá de la disponibilidad de fondos*) de 70 países diferentes en representación de organizaciones de pequeños productores de alimentos, organizaciones de agricultores, pescadores, pueblos indígenas, trabajadores rurales y de la alimentación, juventud rural, mujeres y grupos transhumantes, además de habitantes de ciudades afectados por la inseguridad alimentaria y ONG, con motivo de una iniciativa paralela a la Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria organizada por la FAO. El Foro por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos 2009 está auspiciado por un Comité de Pilotaje Internacional (CPI) formado por diversas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que representan a los productores de alimentos y a los pueblos afectados.

En la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996, cuando se calculaba que unos 830 millones de personas pasaban hambre, los gobiernos se comprometieron a reducir este número a la mitad para 2015. Hoy, en 2009, hay más de mil millones de personas malnutridas, el número más alto en cuatro décadas.

El mundo en que vivimos se enfrenta a una crisis estructural de múltiples frentes. Las crisis climática, energética, financiera y económica empeoran aún más la persistente crisis alimentaria; siendo sobre todo esta última la que más oleadas de protestas ha desencadenado en decenas de países. Lo cual demuestra claramente cómo el acceso equitativo a la comida es esencial para el bienestar de la gente, la justicia social y la democracia.

El Foro continuará su trabajo por un sistema de gobernanza de los sistemas alimentarios basado en los derechos humanos, labor comenzada en el Foro de las OSC en Roma en 1996. Se debatirán distintos temas para definir un plan de acción global de las OSC, incluyendo: relación entre población rural y urbana y métodos sostenibles para garantizar el acceso a la comida; cambio climático y modelos de producción que enfríen el planeta y reduzcan la vulnerabilidad de los pueblos frente a las variaciones del clima así como el acceso a los recursos naturales, la apropiación de tierras y el derecho igualitario a la tierra para hombres y mujeres.

Comunicado de prensa

Foro de la Sociedad Civil paralelo a la cumbre de la FAO:
¡Paremos la crisis, cambiemos el sistema alimentario!

La situación actual no es el resultado de un repentino cambio natural, sino el fruto de décadas de políticas nefastas. El Foro por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos pretende un cambio en las políticas agrarias y de alimentación dominantes gracias al análisis de las causas primarias del hambre y la malnutrición; y mediante la presentación de propuestas surgidas de años de resistencia de los pequeños productores de alimentos y los pobres de las ciudades. No hay solución para las múltiples crisis del mundo mientras la sociedad civil no tenga un papel protagonista y no exista un diálogo con los gobiernos.

Agenda de prensa

• 13 de noviembre, comienzo del Foro por la Soberanía Alimentaria de los pueblos. Mística de la tarde. Lugar: Città dell'altra economia, Largo Dino Frisullo (ex-Mattatoio, Testaccio, Roma) - Hay mapas a disposición de quien los solicite. - Lugar por confirmar.
• 14 de noviembre, 10:00 - Apertura del Foro por la Soberanía Alimentaria de los pueblos con una delegación de la FAO, del FIDA y del Ayuntamiento de Roma. Città dell'altra economia, Largo Dino Frisullo (ex-Mattatoio, Testaccio, Roma) - Hay mapas a disposición de quien los solicite. - Lugar por confirmar.
• 16 de noviembre, 12:00 - Cita con la prensa. Testimonios - Los líderes de diferentes países estarán disponibles para entrevistas. - Frente a la FAO. - Lugar por confirmar.
• 17 de noviembre, 13:30 - Rueda de prensa para clausurar el Foro por la Soberanía Alimentaria de los pueblos. Lugar: FAO, Viale delle Terme di Caracalla, Roma.

Contacto de prensa:
Emanuela Russo
Jefa de prensa

Foro por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos 2009

Móvil italiano: +39 3490068499
manu.russo@gmail.com

Idiomas: Italiano, español, inglés

Página web: http://peoplesforum2009.foodsovereignty.org/

Los líderes de movimientos sociales de setenta países de África, las Americas, Asia y Europa estarán disponibles para entrevistas.

Organizador:

El Comité de Pilotaje Internacional del Foro es el responsable de la organización. Se compone de las siguientes organizaciones:

• Agricultores: Hay dos organizaciones globales de agricultores principales:
• FIPA (Federación Internacional de Productores Agropecuarios): Ajay Vashee, Zambia (o Nora Ourabah, Francia)

La FIPA es una organización mundial que representa a más de 600 millones de familias de agricultores agrupadas en 120 organizaciones nacionales de 79 países. Es una red global en la que los agricultores de los países industrializados y en desarrollo comparten inquietudes y establecen prioridades comunes.

• Via Campesina: Nettie Webbe, Canadá

Via Campesina es un movimiento internacional de campesinos, pequeños y medianos productores, personas sin tierra, mujeres del mundo rural, pueblos indígenas, juventud rural y trabajadores agrícolas. Es un movimiento autónomo, plural y multicultural, independiente de toda filiación política, económica o de cualquier otro tipo. Nuestros miembros proceden de 56 países de Asia, África, Europa y las Americas.

Organizaciones regionales de agricultores de:

• África - ROPPA (Red de Organizaciones Campesinas y de Productores Agrícolas de África Occidental): Ndiogou Fall, Senegal

La red de organizaciones campesinas y de productores de África Occidental (ROPPA) se fundó oficialmente en julio de 2000, durante una reunión en Cotonou a la que asistieron unos cien agricultores en representación de sus respectivas organizaciones de 10 países de África Occidental.

• América Latina - COPROFAM (Confederación de Organizaciones de Productores Familiares del Mercosur Ampliado): Alessandra Da Costa Lunas, Brasil

COPROFAM es la Coordinación de Organizaciones de Productores Familiares de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Perú, Paraguay y Uruguay.

• Asia - AFA (Asociación de Agricultores de Asia para el Desarrollo Sostenible Rural): Esther Penunia, Filipinas

La Asociación de agricultores de Asia para el desarrollo sostenible rural (AFA según siglas en inglés) es una alianza regional de 9 federaciones de agricultores de 8 países asiáticos que representa a 10 millones de agricultores. Se estableció en mayo de 2002.

• Pescadores: hay dos foros globales de pescadores principales
• WFF (Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca) Margaret Nakato, Uganda y Arthur Bogason, Islandia

El WFF es una organización internacional de pescadores de bajura. Actualmente pertenecen a él asociaciones de pesca comercial de 23 países. El objetivo de la organización es trabajar por una pesca sostenible y que se dé prioridad a los intereses de los pescadores de bajura.

• WFFP (Foro mundial de pueblos pescadores): Herman Kumara, Sri Lanka

El WFFP es una federación de organizaciones que trabajan principalmente en Asia y África. Se trata principalmente de pueblos pesqueros asentados en la costa que usan aparejos tradicionales. Se reunieron en 1997 para luchar por sus derechos y para proteger los recursos pesqueros de las costas.

• Transhumantes - KSBA (Asociación de ganaderos de ovejas de Kirguistán): Akylbek Rakaev, República de Kirguistán

La KSBA agrupa a 105 cooperativas de ganadería ovina del país, abarcando 1138 familias productoras. La finalidad es crear unas condiciones favorables para el desarrollo de las cooperativas locales de ovejas y cabras, de modo que los ganaderos tengan un mejor acceso a mercados, créditos y recursos técnicos.

• Organizaciones de pueblos indígenas - CITI (Consejo Internacional de Tratados Indios): Saúl Vicente, México

El Consejo Internacional de Tratados Indios (CITI) es una organización de pueblos indígenas de Norteamérica, América Central, Sudamérica, el Caribe y el Pacífico que trabaja por la soberanía y la autodeterminación de los pueblos indígenas, además del reconocimiento y la protección de los derechos, los tratados, las culturas tradicionales y las tierras sagradas indígenas.

• Redes de ecologistas - ATI (Amigos de la Tierra Internacional): Martín Drago, Uruguay

Una de las mayores redes de ecologistas de base. Hacen campañas sobre los temas medioambientales y sociales más urgentes de hoy día, desafiando el modelo de globalización económica y empresarial imperante y promoviendo soluciones para crear sociedades medioambientalmente sostenibles y socialmente justas.

• Organizaciones/redes agroecológicas - MAELA (Movimiento Agroecológico de América Latina): Felipe Íñiguez, México

Se trata de un movimiento plural con experiencia en el desarrollo, el análisis de investigación, la formación y la promoción. Se compone de más de 85 instituciones (grupos agrícolas, agricultores, ONG y centros universitarios). El MAELA propone alternativas a la neoliberalización del mercado y a la globalización, percibidas como algo discriminatorio y exclusivo.

• Organizaciones sobre pobreza urbana - HIC (Coalición Internacional del Hábitat): Davinder Lamba, Kenya

La HIC es una alianza independiente, internacional y sin ánimo de lucro de 400 organizaciones. Incluye a movimientos sociales, organizaciones de base, organizaciones de la sociedad civil, ONG, comunidad académica, instituciones de investigación e individuos afines de 80 países, tanto del Norte como del Sur. Hay un conjunto de objetivos comunes que encuadran y dan forma a los compromisos de HIC con las comunidades que trabajan para asegurar la vivienda y mejorar las condiciones de su entorno.

• Juventud - MIJARC (Movimiento Internacional de la Juventud Agrícola): George Fernandez, India

El MIJARC es un movimiento internacional que abarco otros movimientos en los cuatro continentes. La juventud rural de los 12 a los 30 años se compromete con estos movimientos de jóvenes rurales. Contribuyen localmente al desarrollo sostenible rural.

• Organizaciones de derechos humanos - FIAN (FoodFirst International Action Network): Sofia Monsalve, Colombia (o Flavio Valente, Brasil)

FIAN es una organización internacional de derechos humanos que lleva más de 20 luchando por el respeto al derecho a la alimentación. FIAN se compone de secciones nacionales y miembros individuales de más de 50 países de todo el mundo. Es una organización sin ánimo de lucro ni filiaciones políticas o religiosas, y tiene estatus consultivo en Naciones Unidas.

• ONGI:
• Action Aid International: Francisco Sarmento, Brasil

ActionAid es una agencia internacional cuyo objetivo es luchar contra la pobreza en todo el mundo. Se creó en 1972 y lleva más de 30 años creciendo y expandiéndose hasta encontrarse donde está actualmente: ayudando a más de 13 millones de las personas más pobres y desfavorecidas en 42 países de todo el mundo.

• Oxfam International: Chris Leather, residente en Italia

Oxfam International es una confederación de 14 organizaciones afines que colaboran entre sí y con aliados de todo el mundo. Trabajan con comunidades con el objetivo de influir a los poderosos para que mejore el sustento y la vida de los pobres; y puedan tener voz en las decisiones que les afectan.

• Mujeres / Grupo Ad-hoc de ONGI con estatus consultivo formal frente a la FAO: Anita Fisicaro, Italia (o Paolo Rozera, Italia)
• CPI (Comité de Planificación Internacional Para la Soberanía Alimentaria): Antonio Onorati, Italia

El CPI es un mecanismo de facilitación de unas 800 ONG, OSC/movimientos sociales preocupados por los aspectos y los programas sobre soberanía alimentaria. Incluye a organizaciones que representan a pequeños agricultores, pescadores, pueblos indígenas, transhumantes, juventud, sindicatos agrarios y ONG.

• CISA (Comité de Soberanía Alimentaria de Italia, país anfitrión): Sergio Marelli, Italia

Apoyo: Secretaría del CPI

* Con el apoyo de
NORAD - Agencia noruega para la cooperación al desarrollo, Ayuntamiento de Roma, FIDA, Generalitat de Cataluña, SDC - Cooperación al desarrollo suiza, Gobierno del Brasil, Bröt fur Alle, Action Aid International, EED, Oxfam International y la autofinanciación de los movimientos sociales.

La Via Campesina - International Secretariat:
Jln. Mampang Prapatan XIV No. 5 Jakarta Selatan, Jakarta 12790  Indonesia
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Argentina: LA DISCUSION QUE NIEGA DERECHOS A PUEBLOS ORIGINARIOS DEL SUR

El debate mapuche
Comunidades indígenas y académicos advierten sobre una ofensiva mediática y judicial contra los mapuches, que busca "demostrar" que vienen de Chile para negarles derechos sobre tierras argentinas.
Por Darío Aranda
Argentina 1.11.2009
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/sociedad/3-134475-2009-11-01.html

Los mapuches provienen de Chile. Los mapuches mataron a los tehuelches, que eran indígenas argentinos, buenos y serviciales. Los mapuches no tienen derechos sobre los territorios que ocuparon.
Los tres ejes conforman la cadena argumentativa utilizada en la Campaña al Desierto, que fue retomada con insistencia en los últimos meses por los grandes estancieros nucleados en la Sociedad Rural y los medios de comunicación que le son afines para exigir represión frente a los reclamos de los pueblos originarios.
El mundo académico, que sobre la base de pruebas contundentes había dado por cerrado el debate, reaccionó primero con rechazo y luego con preocupación.
"La Facultad de Filosofía y Letras de la UBA repudia la aparición de artículos periodísticos que desacreditan la preexistencia del pueblo originario mapuche, desconociendo legislaciones vigentes y la producción científica de las últimas décadas", denuncia un comunicado del Consejo Directivo de esa casa de estudios.
La avanzada contra el pueblo mapuche aparece en un contexto de creciente reivindicación de sus derechos (con el correlativo aumento de la conflictividad), el pedido de judicialización de los movimientos sociales y el reciente asesinato de un miembro del pueblo diaguita en Tucumán.

Crecencio Pilquimán tiene 73 años y siempre vivió en el Paraje Cerro Bayo, en el inhóspito desierto de Chubut. Es miembro de la comunidad aborigen Lagunita Salada, Gorro Frigio y Cerro Bayo. En 2007 tuvo que recurrir a la Justicia porque el Instituto Autárquico de Colonización (IAC) había cedido campos comunitarios a un estanciero de la zona. Según deja claro la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y el Convenio 169 de la OIT, se debió consultar a la comunidad antes de decidir cualquier medida que pueda afectarla. Pero ni siquiera se le informó.

Hubo una primera medida favorable a la comunidad, pero luego la Justicia rechazó la acción de amparo, a pesar de demostrarse que en el predio había un cementerio donde yacían sus antepasados. El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, que aún no se expidió. Pero lo particular y preocupante fue que el abogado del estanciero, Eduardo Zabaleta, se basó en la supuesta "chilenidad" del pueblo mapuche para negarle el derecho a su territorio. Utilizó como fuente y contrató como perito al historiador patagónico Rodolfo Casamiquela, referente de la teoría de mapuches invasores y asesinos.

"La particularidad del caso es la utilización de un argumento erróneo, ampliamente difundido como cierto en la opinión pública, pero refutado por la historia y la antropología, que pretende demonizar al pueblo mapuche y arrebatarle derechos estipulados en la Carta Magna y tratados supranacionales", explicó Eduardo Hualpa, abogado especializado en derecho indígena y defensor de Pilquimán.

La Confederación Mapuche de Neuquén (CMN) es hoy el blanco de ciertos medios de comunicación y estancieros. Al frente de la ofensiva está el empresario Carlos "Nuno" Sapag (hermano del gobernador de Neuquén, Jorge Sapag), integrante activo de la Sociedad Rural. "Son respaldados por miembros de las FARC y terroristas de ETA que se encuentran en Chile. Tienen armas y se financian con el narcotráfico", afirmó Sapag en una solicitada. La única prueba fue un artículo del conservador diario chileno El Mercurio.

La Confederación Mapuche informó que las comunidades enfrentan 32 causas penales (con más de 150 imputados), advirtió sobre la "discriminación racial institucionalizada", la falta de titulación de territorios, el avance de empresas extractivas, los desalojos compulsivos y la criminalización creciente.

"La razón fundamental de esta persecución mediática se debe a que el pueblo mapuche quiere sacar a la luz la manera fraudulenta e ilegal en que se han apropiado de la tierra indígena, mal llamada ‘tierra pública', donde privados especuladores han contado con complicidad de organismo públicos. Es urgente un pacto con el Estado para generar la restitución territorial", afirmó Jorge Nahuel, vocero de la Confederación. Ante la sostenida acción de esos medios de comunicación, la Confederación lanzó un comunicado. "Nos inventan desoriginados, ajenos, lejanos. En Chile dicen que somos de Argentina, que los invadimos. En Argentina repiten que somos de Chile. Tales transmigraciones se produjeron cuando ni Chile ni Argentina habían nacido", explican y comparan: "A las multinacionales mineras y petroleras que nos saquean nadie les pide explicaciones sobre sus orígenes y las leyes las protegen con eficacia".

En el polémico e irresuelto caso Pilquimán, el Tribunal no se expidió sobre el hecho histórico, pero solicitó pericias científicas a la Unidad de Antropología y Arqueología del Centro Nacional Patagónico (Cenpat), representada por su director, Julio Vezub. "El registro arqueológico, histórico y etnográfico documenta el poblamiento milenario del interior patagónico (...) y la continuidad étnica y familiar entre los actores (comunidad indígena) y la ocupación histórica, anterior a la expansión del Estado nacional y la llegada de los inmigrantes", precisa Vezub, y rebate falsas verdades: "Las clasificaciones rígidas que asocian mapuche con indígena chileno y tehuelche con indígena argentino han sido desestimadas por la ciencia antropológica e histórica de los últimos treinta años. Estas identidades se anticiparon al trazado de los límites nacionales y se configuraron territorialmente a ambos lados de la cordillera de los Andes".

La antropóloga, docente e investigadora de la UBA Diana Lenton también se presentó en la causa judicial. Recordó que ese discurso (del "haber llegado después") fue utilizado recurrentemente durante la Campaña del Desierto y hasta en la década del '30 para despojar a los indígenas de sus territorios y para deslegitimar sus reclamos. "El mismo tópico argumentativo surge una y otra vez. Adquiere mayor importancia si advertimos que el discurso legal construye sus contextos en base a (esos) otros discursos", alerta.

La última semana, y en una inusual medida, el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA emitió una "declaración de repudio ante la aparición de numerosos artículos periodísticos que agravian al pueblo mapuche". Sólo menciona al diario La Nación, pero advierte sobre otros medios de circulación regional en la Patagonia. "La lucha del pueblo mapuche por la tierra viene siendo silenciada y reprimida por la presión que ejercen los intereses de grandes corporaciones inmobiliarias en la región. Estas notas no son ajenas a estos intereses, dado que tergiversan los contenidos de las reivindicaciones mapuches reproduciendo una perspectiva racista y esencialista acerca de los procesos identitarios", denuncia la facultad e insta a los medios masivos de comunicación a "abordar la temática con la complejidad y responsabilidad correspondiente.

http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/sociedad/subnotas/134475-43379-2009-11-01.html

Genocidio y negación de derechos
Por Darío Aranda
Al negar los orígenes del pueblo mapuche se intenta utilizar la discusión histórica como mecanismo de negación de los derechos indígenas. Es una de las conclusiones de Walter Delrio, doctor en historia, investigador del Conicet y -aunque él prefiera evitar la calificación- uno de los académicos que más conocen sobre los pueblos originarios del sur del país. Lo alertó lo que denomina "nueva oleada de expresiones mediáticas", y la vincula directamente con "diversos sectores que proponen no contemplar las demandas de las poblaciones originarias".

Delrio afirma que la actual ofensiva sobre el pueblo mapuche contiene un "error conceptual de base en toda su argumentación" (por atribución de nacionalidades a pueblos preexistentes), xenofobia selectiva y discriminación de clase. "La arqueología comprobó la ocupación milenaria de ambas vertientes andinas como una misma área y no sólo como cruces cordilleranos de población humana sino de la utilización conjunta de aquello que hoy se ve como ‘ambos lados de la cordillera'", explicó.

Docente de la Universidad Nacional de Río Negro y autor del libro Memorias de Expropiación (material imprescindible para entender las políticas estatales hacia los pueblos indígenas), Delrio remarca que las poblaciones cruzaron la cordillera de manera regular desde miles de años antes a la conformación de los Estados nación, pero advierte que no es casual el momento histórico en el que esa acción comenzó a ser vista como contraria y enemiga a la identidad nacional. "Hacia la década de 1870 (inicio de la Campaña del Desierto) convertir la globalidad de la población originaria de la Pampa y Patagonia en ‘invasores extranjeros' otorgaba una supuesta legalidad a las campañas militares que las sometieron, expulsaron y se apropiaron de sus tierras y fuerza de trabajo".

El historiador solicita que, al analizar el presente, se tenga en cuenta el accionar de las campañas militares de los Estados argentino y chileno. "Atacaron coordinadamente y se repartieron los territorios. Concebían a la sociedad indígena como una unidad que debía ser destruida en su conjunto."

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Argentina_Córdoba: Por la dignidad campesina

El reclamo de los movimientos campesinos se hizo oír en los tribunales de Dean Funes mientras se hacían los alegatos a empresarios sojeros que usurparon tierras cordobesas.
(Débora Sayanes- Red Eco  boletines@redeco.com.ar   )

Córdoba -  La gravedad del despojo de tierras a familias campesinas se acentúa motivo del accionar de empresarios interesados en realizar grandes emprendimientos en territorios usurpados.
Dentro de este marco, diferentes movimientos se encuentran cotidianamente en lucha por defender su territorio, su cultura y sus modos de producción. Tal como expresaba un comunicado del Movimiento Campesino de Córdoba, "para que la justicia haga justicia" organizaciones campesinas reclamaron ayer en los Tribunales de Dean Funes una condena para los empresarios sojeros que despojaron de sus tierras a Ramona Bustamante, una mujer de 81 años a la que le hicieron firmar un convenio de desalojo a favor de los empresarios interesados en sojizar el norte de Córdoba.
Presentados los alegatos del juicio en donde están imputados los desalojadores, el fiscal de la causa, Hernán Funes, pidió entre 3 años y medio y 4 años de condena para los hermanos Escaramuza, empresarios sojeros de la provincia. Los abogados de Ramona pidieron 4 años de condena para ambos y la restitución de las tierras, aunque luego tendrán que reclamar la indemnización por la destrucción de la casa y el desmonte de las casi 200 hectáreas. El propio Ministro de Justicia de Córdoba, Luis Angulo, respaldó la posición del fiscal entendiendo que hubo una estafa de parte de los empresarios.
Hace muchos años que no son escuchadas las voces de los campesinos. "Que en esos campos que habitan se producen los alimentos de verdad para todos, que esos montes que resguardan le dan oxígeno a todos, que a pesar de no tener agua, ni caminos, ni servicios básicos, vivir allí vale la pena. Es hora de que el Poder Judicial entienda las lógicas del campo. Es hora de que le ponga un coto a las mafias de abogados, empresarios y funcionarios para hacerse de la tierra. Los fraudes al Registro de la Propiedad de la Provincia son un clarísimo ejemplo: así se han manejado las cosas en estos años", afirman desde el Movimiento Campesino de Córdoba.
Ya es moneda corriente el enfrentar imputaciones, desalojos, intimaciones, amenazas de personas armadas y usurpaciones, y aunque la justicia no los vea, la lucha será incesante, y la resistencia permanente, como desde aquel 30 diciembre de 2003 cuando una topadora resguardada por vastos efectivos policiales destruía la vivienda de la familia Bustamante. Desde allí Ramona a través de diferentes medios de comunicación, festivales, tribunales hizo pública la situación por la que atravesaban los campesinos "demostrando a la sociedad cordobesa que había un campo profundo que estaba siendo sometido a la barbarie deshumanizante que pretendía despoblar".

fuente: RED ECO ALTERNATIVO-de la Cooperativa de Trabajo RED ECO Ltda
boletines@redeco.com.ar   - www.redeco.com.ar  
Integrante del FORO DE MEDIOS ALTERNATIVOS
y de la RED NACIONAL DE MEDIOS ALTERNATIVOS www.rnma.org.ar  
Corrientes 1543- 6º Piso-C.1019.ABI
TEL FAX: (54-11) 5077-8080//5077-8090 int.8454
Ciudad de Buenos Aires - República Argentina

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La Vía Chilena al Colonialismo: Política del Derecho a la Tierra en Wallmapu

30 de Octubre 2009   fuente: http://clavero.derechosindigenas.org

La historia en tiempos contemporáneos de los títulos sobre la tierra en Wallmapu es realmente torturada por causa de la fuerte dialéctica entre la presión expropiatoria de la República de Chile y la resistencia territorial del pueblo mapuche incluso tras sufrir la conquista chilena en los años ochenta del siglo XIX y la apertura subsiguiente del territorio a la colonización foránea. Ya en el siglo XX, Chile acaba pretendiendo que la propiedad indígena no deriva del derecho mapuche, sino de la merced del Estado. Merced había sido nombre de  título colonial, el cual se intenta así recuperar para degradar el derecho indígena. Y el resto fue el expolio, un expolio lo suficientemente cercano como para que se guarde memoria viva. De la memoria viva nace la reclamación de las tierras ancestrales, las tierras expoliadas. Mas en tiempos de postcolonialismo, Chile recurre a procedimientos sorprendentes para mantener un despojo de índole tan colonial.

La Vía Chilena al Colonialismo:
Política del Derecho a la Tierra en Wallmapu

Bartolomé Clavero
Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas

-Catedrático de la Universidad de Sevilla.

email: clavero@us.es

La historia en tempos contemporáneos de los títulos sobre la tierra en Wallmapu es realmente torturada por causa de la fuerte dialéctica entre la presión expropiatoria de la República de Chile y la resistencia territorial del pueblo mapuche incluso tras sufrir la conquista chilena en los años ochenta del siglo XIX y la apertura subsiguiente del territorio a la colonización foránea. Ya en el siglo XX, Chile acaba pretendiendo que la propiedad indígena no deriva del derecho mapuche, sino de la merced del Estado. Merced había sido nombre de título colonial, el cual se intenta así recuperar para degradar el derecho indígena. Y el resto fue el expolio, un expolio lo suficientemente cercano como para que se guarde memoria viva. De la memoria viva nace la reclamación de las tierras ancestrales, las tierras expoliadas. Mas en tiempos de postcolonialismo, Chile recurre a procedimientos sorprendentes para mantener un despojo de índole tan colonial.

El último paso realmente sorpresivo se ha producido finalizando octubre con la suscripción formal de un Convenio entre el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia y un centro universitario de realización del catastro de tierras y registro de aguas mapuche para evaluar disponibilidades de forma que prácticamente se traslada la capacidad decisoria sobre tales recursos del primero al segundo, del ámbito político al ámbito académico. José Antonio Viera-Gallo. Ministro Secretario General de la Presidencia y Coordinador de Asuntos Indígenas del Gobierno, ha pregonado la noticia vinculándola con la entrada en vigor del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y con los planes del Gobierno para la creación, ley mediante, de un Ministerio de Asuntos Indígenas y de una Agencia de Desarrollo Indígena para la administración de los Fondos de Desarrollo Indígena y de Tierras y Aguas Indígenas a fin todo ello de que el nuevo Ministerio y la nueva Agencia se hagan cargo de la puesta en práctica tanto procedimental como sustantiva de dicho importante tratado multilateral, el Convenio sobre Pueblos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo.

No hay modo de salir de la sorpresa. Lo primero que establece el propio Convenio 169 para su puesta en práctica es que debe hacerse mediante consulta con la parte indígena. Más todavía (art. 6), a partir de la entrada en vigor que ya se ha producido del Convenio, "cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente" a indígenas, aléguese o no el Convenio, haya o no haya previsión en el mismo sobre el asunto del caso, debe procederse a la consulta previa "mediante procedimientos apropiados", "de buena fe", "con la finalidad de llegar a un acuerdo" y "a través de sus instituciones representativas", las de "los pueblos indígenas", no las que decida u organice el Estado. Ni el Convenio de marras, el del catastro de tierras, ni la remodelación del organigrama de instituciones gubernamentales para asuntos indígenas, nada de esto que se presenta como mecánica de puesta en práctica del Convenio 169, se ha sometido a consulta.

La parte académica del Convenio de catastro de tierras y registro de aguas es el Centro de Ciencias Ambientales EULA perteneciente a la Universidad de Concepción, el cual lleva dedicándose no sólo a programas de docencia e investigación, sino también a proyectos de asesoramiento y asistencia sobre impacto ambiental y manejo de recursos por cerca ya de unos veinte años sin particular atención a la presencia de los pueblos indígenas y, aún menos, a sus derechos. Comenzó a interesarse hace ahora diez años al detectar que, para la financiación de proyectos, existía una buena clientela pública con manejo de sustanciosos presupuestos respecto a asuntos indígenas. EULA sólo ha ofrecido sus servicios al respecto a Ministerios del Gobierno, como el de Obras Públicas o el de Bienes Nacionales, o a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, instrumento igualmente gubernamental. Nunca se ha planteado ni la más remota posibilidad de hacerlo a las comunidades o a los pueblos indígenas. El sitio web del Centro EULA no tiene programas ni investigaciones en línea que versen sobre materia indígena, si hacemos excepción de un solitario seminario sobre el Convenio 169. El mismo Centro ya realizó hace un lustro un catastro inservible de tierras indígenas cuyo encargo aquella primera vez obtuvo concurriendo a licitación pública. Ahora el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno le hace el regalo. Está buscando el aval académico para la operación política.

El equipo que se ocupa en el Centro EULA de los servicios pertinentes al catastro de tierras y registro de aguas es la Unidad de Planificación Territorial, el cual se presenta en el sitio web de esta guisa literal: "La Unidad está integrada por un equipo multidisciplinario de investigadores con experiencia en Planificación Territorial y Desarrollo Urbano, Desarrollo Rural y Minorías Étnicas, Demografía y Población, Recursos Naturales, Valoración Económica de Servicios Ambientales, Gestión de Áreas Naturales y Espacios Culturales, Evaluación Ambiental de Proyectos e Inversiones, Conflictos Ambientales y Participación Ciudadana. Nuestro quehacer académico y asesorías al sector público y privado está orientado por un enfoque que integra las múltiples y complejas relaciones entre los diferentes componentes del territorio entre ellos los usos del suelo, la distribución y características de los recursos naturales, el comportamiento demográfico de la población y las redes de infraestructura". Obsérvese bien. La experiencia que se alega es en minorías étnicas, no exactamente la mejor entrada para ocuparse de asuntos indígenas. Y la participación prevista es ciudadana, lo que en Chile no incluye y hasta excluye la consulta indígena. Nótese que todos estos signos de inadecuación para el encargo pueden ser los méritos que al efecto se aprecian por la parte política que lo hace.

No me resisto a la tentación de copiar el cuadro metodológico de la Unidad de Planificación Territorial a la que el Gobierno de Chile le ha confiado el catastro de tierras y registro de aguas a las que los mapuche puedan tener derecho, un cuadro donde los mapuche no tienen cabida. Pudiera decirse que alguna entrada pudieran encontrar, como a través por ejemplo de la previsión de tratamiento de "aspectos culturales". Concedámoslo. ¿Es esta presencia o cualquier otra igualmente solapada, tanto como para resultar invisible, la comparecencia que requiere el Convenio 169 o, yendo más al fondo, la que exige la misma dignidad de quienes ven sus derechos entregados a una institución académica y además tan inadecuada, por no decir que incompetente? Ahí, abajo, en el enlace del anexo, se tiene un cuadro tan elocuente.

¿Qué hace un equipo de tales características haciéndose cargo de la puesta en práctica del Convenio 169 para una vertiente además tan sensible como la de tierras y aguas? Los términos principales de referencia del Convenio con el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia no son, sin embargo, de derecho internacional. No lo son ni el Convenio 169 ni, todavía menos, pues ni siquiera se le menciona, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Los términos de referencia son de derecho interno. El acuerdo entre Ministerio y Centro especifica que para la identificación de las tierras mapuche ha de atenderse ante todo al artículo 12 de la Ley Indígena, artículo que define "las tierras indígenas" como "aquellas que las personas o comunidades indígenas actualmente ocupan en propiedad o posesión" con título registrado por el Estado o que en el futuro los Tribunales de Justicia les reconozcan o el Estado les conceda. ¿Es éste realmente el derecho vigente en Chile en cuanto al derecho indígena a la tierra? ¿Es que no se ha producido ya la entrada en vigor del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Pueblos Indígenas? ¿O es acaso que el mismo no dice nada sobre el derecho a la tierra?

El Convenio 169 contiene todo un capítulo sobre tierras que se inicia con este artículo: "Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación. La utilización del término tierras (en este capítulo) deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera" (art. 13), extensión del derecho a la tierra al derecho al territorio con la que se relaciona este otro artículo: "Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos" (art. 15.1). El primer recurso es el agua, un recurso del que se viene privando a las comunidades mapuche y cuya calificación queda ahora, por dejación del Gobierno, en manos de un centro universitario y sin participación alguna indígena. ¿Qué mayor contravención se quiere del Convenio?

El derecho chileno hoy vigente en materia de tierras y aguas de territorio indígena es el que se contiene, no en la Ley Indígena, sino en el Convenio sobre Pueblos Indígenas. El Convenio no sólo es norma posterior de rango no inferior (la Ley es de 1993 y el Convenio ha entrado en vigor en Chile en 2009), lo cual bastaría para hacerlo prevalecer, sino que además es norma de rango superior, con lo que no puede caber la mínima duda sobre su prevalencia. Atiéndase a esta Base de la Institucionalidad tal y como la establece la Constitución: "El ejercicio de la Soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes" (en art. 5). Ahí, netamente por encima de la ley ordinaria, se sitúa el Convenio sobre Pueblos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo, un tratado internacional ratificado por Chile y que se encuentra vigente.

El año 2008, para celebrarse la ratificación del Convenio por Chile, quiso conmemorarse también el décimo quinto aniversario de la Ley Indígena. La referida Corporación Nacional de Desarrollo Indígena se ocupó de realizar su edición celebrativa. En sus prolegómenos se saluda no sólo el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas, sino también la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Pero no se entiende que estas normas de derecho internacional estén requiriendo algún tipo de replanteamiento de la Ley Indígena que a continuación se reproduce. Muy al contrario, su prólogo, suscrito por el director de dicho organismo, Álvaro Marifil, concluye sentando que "la Ley Indígena es una conquista de los pueblos indígenas, continúa aun vigente en sus aspectos sustantivos y se fortalece en la interpretación de sus principios". Nada más falso. La Ley Indígena no se fortalece con Convenio y Declaración. Convenio y Declaración están requiriendo una reforma a fondo de la Ley Indígena, una reforma que además ya se ha iniciado en virtud de la entrada en vigor del Convenio en Chile. Parte importante de la Ley Indígena, como al referente al derecho a las tierras, sencillamente ya no está vigente, pese a la última sorpresa de la dejación de funciones del Gobierno en una Universidad con el término de referencia de la Ley y no del Convenio, del 169.

¿Qué se juega con todo esto? Nada menos que el derecho mapuche a las tierras ancestrales, cuyo expolio quiere sellarse con la operación política que busca el aval académico. "El Estado chileno tiene la obligación de restituir las tierras ancestrales de los pueblos indígenas", ha manifestado en la presentación de su Informe sobre Chile al Consejo de Derechos Humanos el actual Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya. No se trata de dotar a comunidades con las tierras y aguas que el Centro EULA determine, sino de hacerles justicia restituyéndoles propiedades e indemnizándoles por el expolio. La Ley Indígena puso un candado a la posibilidad de restitución de tierras indígenas, pero el Convenio 169 ha venido a abrir ahora la cerradura. La celebración del décimo quinto aniversario de la Ley Indígena quiso asegurar el cierre del candado ante la inminencia de la entrada en vigor del Convenio 169. La última ocurrencia para que nadie ose abrirlo es la de poner el asunto en manos de un centro de la Universidad de Concepción, el que se pretende que ahora dirima el caso. Se trata ante todo de excluir a la Justicia una vez que el Convenio 169 ha entrado en vigor. El Gobierno no deja de conspirar para consumar el fraude de tratado. Dije que era algo sorprendente. Más bien es una desfachatez ofensiva y escandalosa. Mido mis palabras.

¿Cómo puede estar de tal modo burlándose por el Gobierno de Chile un tratado internacional y además de la importancia del Convenio sobre Pueblos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo? ¿Y cómo, aparte las razones de presunta venalidad, puede la Universidad de Concepción ser tan irresponsable como para admitir la complicidad de un centro suyo en la operación de burla del derecho? Y la burla lo que implica es el expolio de los pueblos indígenas. He ahí la vía chilena al colonialismo, la vía chilena al refuerzo a toda costa de un colonialismo que es criatura del propio Chile.

enlace a Anexo:

Croquis metodológico del Centro EULA

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Declaración de Quito: Reforma Agraria Integral

Declaración de Quito sobre Reforma Agraria
Por una Reforma Agraria Integral, genuina y verdadera que solucione la crisis de los alimentos, el cambio climático   ¡Basta de Criminalización!

(Quito, 25 de octubre de 2009)

Reunidos en Quito, Ecuador, representantes de países del mundo miembros de la Comisión Internacional de Reforma Agraria Integral, en el marco de la Campaña Global por la Reforma Agraria que impulsa La Vía Campesina, tras analizar la situación de la Reforma Agraria, la defensa de la tierra y el territorio para mejorar las condiciones de vida en el campo, concluimos lo siguiente.

La crisis de los alimentos y la crisis climática que estamos enfrentando son resultado de la aplicación de la tecnología de revolución verde y las políticas de comercio en la agricultura a nivel mundial. Las soluciones que promueven los gobiernos no favorecen a las comunidades indígenas y campesinos y trabajadores agrícolas. La presión que se está poniendo a los países tropicales para proteger los bosques como zonas verdes no contrarresta las emisiones de carbono que emiten las industrias de los países del norte, no beneficia a los campesinos, porque al final la solución es producir alimentos sanos y suficientes para nuestros pueblos.

La mala distribución de la tierra y el proceso de reconcentración de la misma en manos de pocos, en este caso de las corporaciones transnacionales que implantan monocultivos de soya y eucalipto en Brasil, palma africana en Colombia e Indonesia, caña de azúcar, piñon, hule. Estas corporaciones contaminan los ríos y privatizan el acceso al agua que pone en peligro la vida de las familias campesinas. Las corporaciones están comprando e invadiendo tierra comunal y familiar que históricamente ha servido para producir alimentos.

Por décadas, los campesinos y los pueblos indígenas del mundo estamos unidos para luchar por la reforma agraria para recuperar y defender nuestros territorios y hemos sido criminalizados por nuestra lucha. Esta criminalización de la lucha y la represión, en la que están involucrados la policía, el ejército, la seguridad privada de las empresas, se traducen en asesinatos, persecución judicial y un alto nivel de impunidad porque no se investiga, no se castiga a los responsables a pesar de las denuncias y las pruebas que se tienen. Tal el caso de Brasil, Indonesia, Honduras, Bangladesh, etc. En Guatemala, solo en este mes de octubre asesinaron a dos dirigentes comunitarios: Adolfo Ichich Chaman y Orlando Boror Set, así como al abogado defensor de los pueblos indígenas, Fausto Otzin Poyon, quienes fueron asesinados por empresas mineras transnacionales.

Después de un largo proceso de lucha de los movimientos sociales, la FAO declaró la importancia de la distribución de la tierra consignada en la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria en Porto Alegre en 2006: Declaración oficial de la Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural.

Sin embargo, el seguimiento a esta declaración ha sido muy lento o nulo en muchos países, a excepción de Honduras y República Dominicana, donde las organizaciones encontraron apoyo de la FAO, los movimientos sociales y gobiernos para esta actividad. En el resto de países, la misma FAO y algunos gobiernos no tienen la intención de implementar este acuerdo.

Demandamos:
1.El cese inmediato a la represión de la lucha y la criminalización de los campesinos y los indígenas que son los productores de los alimentos del mundo.
2.Investigación, captura y enjuiciamiento de los responsables de los asesinatos de dirigentes campesinos e indígenas. Cese a la persecución judicial y libertad inmediata de los presos políticos.
3.Demandamos que el seguimiento a la declaración de la FAO sea basado en las propuestas formuladas por las organizaciones campesinas e indígenas.
4.Reafirmamos la necesidad de implementar una Reforma Agraria Integral como un elemento fundamental de la Soberanía Alimentaria.
5.Llamamos a la solidaridad internacional y a los pueblos del mundo a estar atentos al desenvolvimiento del proceso de las luchas por una reforma agraria integral.

Globalicemos la Lucha...
Globalicemos la Esperanza...!!!!

Reforma Agraria
Por la Defensa de la Tierra y el Territorio.!!!! 

La Via Campesina - International Secretariat:
Jln. Mampang Prapatan XIV No. 5 Jakarta Selatan, Jakarta 12790  Indonesia
Phone : +62-21-7991890, Fax : +62-21-7993426
E-mail: viacampesina@viacampesina.org

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El mundo según Monsanto: nota y video

El mundo según Monsanto ( Vo Frances - Subt. Esp (desde el minut.7))

http://vimeo.com/2356958

"No sé si mi libro sobre Monsanto es de terror, pero da mucho miedo porque, por desgracia todo lo que cuento ahí es verdad", asegura la periodista francesa Marie-Monique Robin, que acaba de publicar en España un ensayo sobra esta multinacional de semillas transgénicas a la que acusa de prácticas "mafiosas".

EFE "El mundo según Monsanto. De la dioxina a los organismos genéticamente manipulados (OGM). Una multinacional que les desea lo mejor" (Península) es el prolijo e irónico título elegido para un libro en el que se denuncia, con documentos inéditos y testimonios de muchas "víctimas", la "impunidad diabólica" con la que esta multinacional norteamericana comercializa "productos tóxicos", según afirma la autora en una entrevista a Efe.

Las acusaciones de Robin sobre Monsanto son infinitas: vender semillas genéticamente modificadas que no han demostrado su inocuidad tóxica, que además tienen que ser tratadas por fertilizantes y pesticidas de la misma empresa, igualmente tóxicos, en un ciclo monopolístico, que según esta experta no sólo acaba con la biodiversidad allí donde se implantan, sino que no garantizan mejores cosechas y empobrecen los terrenos.

La periodista se ha entrevistado durante tres años con políticos, campesinos y científicos, algunos de los cuales han sufrido en sus propias carnes el "efecto Monsanto", ya sea por haber sido represaliados y despedidos por sus investigaciones acerca del riesgo que conllevan los productos OGM o haber desarrollado algún tipo de cáncer por estar en contacto con ellos.

Robin reconoce que le ha costado encontrar un editor en Estados Unidos para este reportaje de 500 páginas, un fenómeno social en Francia, donde ha vendido unos 100.000 ejemplares, y que ha sido traducido a trece idiomas, pero al que se le resistía el mercado norteamericano, ya que según la autora las presiones de la multinacional han sido muy fuertes para evitar que viera la luz.

La compañía -recuerda Robin- comercializa el 90% de los cultivos transgénicos del mundo (8.600 millones de euros de facturación en 2007), es la mayor vendedora de semillas en Latinoamérica, Asia, Estados Unidos y Canadá, y entre sus "hitos" químicos está la fabricación del "agente naranja", un devastador pesticida utilizado por Estados Unidos en la guerra de Vietnam.

Robin recuerda que la multinacional tiene abiertos decenas de procesos penales en todo el mundo, por problemas de salud generados por sus productos, pero también por prácticas monopolísticas.

Según lo describe la investigadora -autora también de un exitoso documental de televisión sobre esta empresa- la multinacional se comporta como una estructura salida de la mente de George Orwell, ya que tiene una "meta totalitaria y monopolística" y utiliza métodos muy similares a los de la mafia.

El libro hace un repaso de las relaciones entre los políticos encargados de redactar la reglamentación sobre transgénicos y las empresas del sector, con casos de miembros de la administración pública en EEUU que tras promover leyes permisivas a estos productos, para reducir las pruebas toxicológicas, se pasaron al otro lado, alguno incluso como "vicepresidente" de la multinacional.

Robin se sorprende de la permisividad que hay en España sobre maíz BT, un cultivo de Monsanto que no está autorizado en ningún otro país europeo, y adelanta que está investigando la relación de cuatro personas del Ministerio de Agricultura español con la multinacional, como ocurre también con algunos miembros de comités científicos que asesoran a la UE.

La periodista rechaza la teoría de que los transgénicos sean la panacea para poder cubrir la demanda de alimentos. "Producimos demasiado, para alimentar a 12.000 millones de personas cuando somos poco más de 6.000".

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Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC): CONVOCATORIA 5to CONGRESO CONTINENTAL

"Levántate América, madre de tantas raíces, continente de la esperanza, tierra del futuro, tierra de Martí, tierra de Zapata, tierra de Mama Tingo, tierra de Mariátegui, tierra de Sandino, tierra de Bolívar, tierra de Bartolina Sisa, y de tantos héroes y heroínas, de las luchas del los pueblos campesinos, indígenas y afrodescendientes a quienes rendimos desde aquí nuestro homenaje".

A quince años de nuestro I Congreso, reunidos/as en Quito, Ecuador, para la jornada preparatoria de nuestro V Congreso, analizamos el escenario continental, constatando la existencia de gobiernos populares que al calor de la organización y movilización de los movimientos sociales, con gran protagonismo de nuestras organizaciones del campo, asumen y concretan pasos a favor de reformas agrarias, de la soberanía alimentaria, de la soberanía de los bienes y recursos naturales.

Las nuevas estrategias de construcción de alternativas que se conforman desde los sectores populares, campesinos, trabajadores del campo y los pueblos indígenas dentro de la interculturalidad existente en nuestras regiones, nos demandan impulsar un amplio debate y construcción de iniciativas para empoderarnos del proceso de integración de la Alternativa Bolivariana para nuestra América (ALBA), fortaleciendo la unidad de acción y la integración que el momento histórico requiere.

En este contexto, llamamos a las organizaciones miembras y a nuestras amigas y amigos, para juntas/os, celebrar el 5º Congreso de la CLOC, la 4ª Asamblea de Mujeres y la 3ª Asamblea de jóvenes, del 8 al 16 de octubre de 2010, en Ecuador.

El carácter del congreso será masivo, participativo, autónomo, propositivo a partir de un proceso de formación en las organizaciones del campo.

Frente a esto, tenemos como desafíos:

1. Fortalecer la participación y organización en nuestras bases,
2. Profundizar la formación socio-política de nuestros dirigentes y militantes, con plena inclusión de las mujeres y jóvenes, garantía de nuestro presente y futuro de lucha.
3. Establecer alianzas para los desafíos de esta etapa, teniendo en cuenta que el modelo ha impactado fuertemente en los/as trabajadores/as del campo y la ciudad, momento oportuno entonces para reafirmar nuestra alianza de clase.
4. Fortalecer los movimientos sociales del continente, que en el marco del Alba y otros procesos de integración, sean referencia y garantía de la participación organizada del pueblo en las decisiones y rumbos estratégicos.
5. El desarrollo del V Congreso tiene que estar impregnado del accionar establecido en nuestra V conferencia Internacional de la Vía Campesina: derrotar a las transnacionales, lucha contra la OMC, campaña contra todo tipo de violencia a las mujeres en el campo.

Nuestro desafío en este año de Congreso supone un proceso sostenido de organización y articulación en cada una de las regiones y los países. Durante todo este periodo se realizarán jornadas de movilización y de solidaridad en el caminar de este nuestro 5to congreso".

La CLOC/VC, anima a sus organizaciones a realizar múltiples actividades para juntos fortalecer y ampliar nuestra articulación continental, en el marco de las nuevas expresiones políticas y las alternativas desde los sectores populares.

Reforzaremos las luchas contra la constante y progresiva criminalización de los movimientos sociales y de líderes de nuestras organizaciones. Defenderemos la tierra, de las industrias depredadoras, protegeremos el medio ambiente,

Seguiremos combatiendo y luchando contra el modelo neoliberal y sus gobiernos aliados fundamentales, del imperialismo yanqui, de las empresas transnacionales,

Continuaremos combatiendo los intentos de militarizar nuestro continente, cuyo propósito es frenar los procesos de cambio social.

Ratificamos nuestra solidaridad y compromiso con Cuba Socialista, Saludamos con emoción la heroica lucha y la resistencia del pueblo de Honduras contra la dictadura, saludamos a las organizaciones miembros de la CLOC- Vía campesina, que levantan las banderas de rebeldía de Francisco Morazán, por construir un país justo y libre. Saludamos a la gran Minga de Resistencia Indígena y Social en Colombia, que frente a enormes adversidades se ha levantado con fuerza y dignidad para reivindicar la vida.

El V Congreso Continental de las organizaciones del Campo está llamado a continuar intensificando las luchas por la reforma agraria y la soberanía alimentaria, contra la apropiación y privatización del agua y de la naturaleza y la defensa de nuestras tierras y territorios y las semillas campesinas e indígenas, generadas en una relación de amor con la naturaleza, con la Madre Tierra y que indica los caminos para el Buen Vivir.

" UNIDOS EN LA DEFENSA DE LA VIDA, LA TIERRA, EL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN." Consigna del 1º CLOC

"Unidos Contra el Neoliberalismo, por la Tierra, la Vida y la Producción" consigna 2º CLOC

Soberanía Alimentaria Por un Futuro sin hambre" "Fuera la OMC de la agricultura - consigna del 3º CLOC

"Una década de lucha, unidos contra el saqueo imperialista. Rendirnos ... ¡Jamás!" Por la vida, la tierra, los territorios y la soberanía de nuestros pueblos - consigna del 4º CLOC.

5º congreso - consigna en construcción.

GLOBALIZEMOS LA LUCHA, GLOBALIZEMOS LA ESPERANZA
QUITO, Ecuador, octubre de 2009.
http://movimientos.org/cloc/show_text.php3?key=16118

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Agricultura familiar, pilar de la alimentación

Asociación de Mujeres del Uruguay

El 16 de octubre fue proclamado en 1979 como Día Mundial de la Alimentación, por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), con el objetivo de informar y sensibilizar a las poblaciones sobre el problema alimentario mundial y para fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza. "La alimentación es un requisito para supervivencia y el bienestar de la humanidad y una necesidad humana fundamental".
 
El lema del Día Mundial de la Alimentación 2009 es: "Conseguir la seguridad alimentaria en época de crisis".
 
En ese marco, importa resaltar que sólo es posible alcanzar la seguridad y soberanía alimentaria, entendiéndose esta última como el derecho legítimo a los alimentos básicos de la población priorizando la producción local y nacional, respetando la diversidad productiva y cultural. Ésta se traduce en la capacidad de autoabastecimiento, primero de la unidad familiar, luego de la localidad, del país y porqué no de un mercado externo ávido de alimentos, mediante las apoyaturas imprescindibles para el desarrollo de ese modelo inclusivo de producción.
 
Sólo bajo estos conceptos, es posible lograr avances en el acceso a los alimentos por parte de la población más vulnerable, favoreciendo el desarrollo de la agricultura familiar. Sin embargo, las políticas actuales favorecen al agronegocio, modelo que desplaza a los productores/as, destruye la biodiversidad, contamina el medio ambiente y genera hambre y miseria a la poblaciones más desposeídas, en tanto que enriquece a las grandes multinacionales.
 
Tiempo de elecciones y reflexiones
 
En pocos días, Uruguay deberá elegir al gobierno que regirá sus destinos durante los siguientes cinco años. En materia alimentaria, el nuevo gobierno deberá optar entre la profundización de políticas orientadas al agronegocio y que resultan en la desaparición de la agricultura familiar y en la pérdida de soberanía alimentaria o plantearse un cambio de rumbo, que apueste al fortalecimiento y expansión de la agricultura a nivel familiar.
 
En el marco del proceso electoral, la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) ha elaborado una "Propuesta de Políticas Públicas Diferenciadas para el Desarrollo de la Agricultura Familiar". Estas propuestas tienen el objetivo de presentar a los distintos sectores políticos sus necesidades y sus aspiraciones. Expresan claramente la situación de nuestro país y las políticas que nuestros gobernantes deben apoyar, para apostar a que los productores de alimentos permanezcan en el campo y que no sean sustituidos por las máquinas de los agronegocios. Dentro de los puntos a resaltar en esta propuesta se encuentran:
 
- Educación: a través de la educación revalorizar lo rural, reconocer la profesión de "agricultor" o "productor rural" en forma paralela a la educación básica y secundaria, y que nuestros jóvenes puedan ver "el campo como opción y no como condena".
 
- Salud: importancia de contar con médicos permanentes y la necesidad de revitalizar el rol del médico de familia, por carecer de especialistas. Se debe apuntar a la generación de planes de prevención en salud, en los que la escuela y el Sistema de Fomento Rural deben ser actores claves. En ese sentido, debe ponerse un énfasis especial en la información relacionada con los riesgos para la salud que implican determinadas rutinas de trabajo rural, como por ejemplo el contacto con los productos agroquímicos, así como algunas tareas que exigen esfuerzos que pueden implicar deterioros en la salud corporal.
 
- Seguridad social: mejorar los ingresos percibidos por las jubilaciones de los productores familiares, que por ser tan bajas se ven obligados a permanecer activos aún siendo jubilados, e incluso renunciar a la titularidad de la empresa para poder acogerse al beneficio jubilatorio.
 
- Vivienda: en algunas zonas rurales la vivienda y el desarrollo de núcleos productivos están condicionados por la eventual carencia de servicios básicos (electricidad, agua potable, caminería). Por otra parte, la expansión de los monocultivos ha producido aislamiento de la población que aún vive en el campo y el vaciamiento de viviendas rurales.
 
- Infraestructura: ésta no debe ser pensada sólo para la producción, sino para la vida. En la comunidad rural, hay espacios que están destinados a desarrollar la diversidad, estos apuestan a crear y apoyar identidades locales y ambientales, ligando territorio, prácticas sociales, ambientales y culturales. Éstas pueden ser desarrolladas si se cuenta con caminería, transporte, electrificación, medios de comunicación adecuados y reservas de agua.
 
- Seguridad: paulatinamente se viene dando una "ruralización" y un incremento de la violencia de la delincuencia, sobre todo en zonas más próximas a las ciudades, fenómeno al que debemos estar atentos y dispuestos a coordinar esfuerzos para enfrentarlo. Se debe atacar con especial énfasis a sus causas, radicadas en el entorno de problemas sociales estructurales, donde la migración campo-ciudad y la consecuente marginalidad instalada en los asentamientos, ha sido una constante.
 
- Registro de la producción familiar: reivindicación histórica de la CNFR, constituye un primer paso necesario e imprescindible a efectos de definir quiénes son, cuántos son y dónde están los Productores Familiares, para a partir de ello estar en condiciones de estructurar y dimensionar los programas y políticas dirigidos a los mismos.
 
- Acceso a la tierra e inserción productiva: la permanencia de la familia rural agropecuaria hace impostergable la implementación de acciones concretas que faciliten el acceso a la tierra para enfrentar problemas de escala de producción y, particularmente, para la inserción productiva de los jóvenes integrantes de la familia. Es preocupante el marcado proceso de concentración y extranjerización de la tierra, que en los últimos años se ha venido agudizando, fenómeno que se considera necesario y urgente regular. Bajo este marco es necesario que el Instituto Nacional de Colonización pase de cumplir un rol testimonial a un rol activo y dinámico de preservación de la Función Social a la Tierra.
 
- Políticas de juventud: las políticas de juventud, más específicamente de la juventud de la Agricultura Familiar, deben ser un conjunto articulado de políticas donde se incluya todos los puntos mencionados anteriormente.
 
La implementación de las propuestas de la CNFR, garantizaría que el país pueda seguir manteniendo su soberanía alimentaria y por ende la seguridad alimentaria de su población. El fortalecimiento de la agricultura familiar a través de políticas públicas diferenciadas, hará posible que los productores de alimentos permanezcan en el campo y que no sean sustituidos por las máquinas del agronegocio multinacional.
 
(1) http://cnfr.org.uy/uploads/files/propuestapoliticas.pdf
 
Asociación de Mujeres del Uruguay (AMRU)
Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR)
RAPAL Uruguay

fuente:  http://alainet.org/active/33702

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