Chile INFORME: REPRESIÓN DEL PUEBLO MAPUCHE (4ta parte)
1.- El año 2003 José Huenchunao, junto a diez miembros de su pueblo, fueron condenados como “AUTORES DEL DELITO DE INCENDIO TERRORISTA”, por el Tribunal Oral en lo Penal de la ciudad de Algol, a diez años y un día y a un pago de una indemnización de de 425 millones de pesos a la Empresa forestal Mininco S.A, perteneciente a uno de los grupos económicos más poderosos del país. Esta condena no alcanzó a ser cumplida por este y otros dirigentes mapuches que, desde el año 2003, se mantenían prófugos de la justicia, al considerar que este juicio no les otorgaba las garantías del debido proceso propias del Estado de Derecho.
En este juicio, a los imputados mapuches se les aplicó la ley antiterrorista, legislación excepcional que permitió una serie de irregularidades, entre otras, la participación de testigos sin rostro o testigos protegidos, los que desarrollaron una prueba llena de contradicciones sobre las que se fundó la sentencia. Posteriormente se conocieron los pagos hechos a los “testigos sin rostro” y los antecedentes penales que todos ellos tenían.
El despliegue publicitario realizado por parte del Ministerio Público, el gobierno y las empresas forestales, operó simbólicamente en este proceso, haciendo inoperantes el principio de inocencia de los imputados y la proporcionalidad de la pena, vulnerando con ello el derecho al debido proceso y legitimando el abuso del derecho.
2.- El marco político y social de este conflicto se encuentra en la reclamación territorial de la comunidad de Tricauco, la que lleva más de un siglo buscando, por distintos medios, la devolución de sus tierras usurpadas. En 1929 se presentó la primera demanda por restitución de esas tierras, que ya habían pasado por varias subdivisiones y cambios de dueños. El Estado ha puesto límites a la demanda de restitución de las tierras indígenas, y no existe negociación o salida política a la demanda territorial y política del pueblo mapuche, sino en los marcos de una ley indígena absolutamente insuficiente.
3.- Chile se encuentra muy por debajo de los parámetros actuales del derecho internacional de los pueblos indígenas, considerado parte del derecho internacional de los derechos humanos, ya que no ha otorgado el reconocimiento constitucional a los pueblos originarios ni ha ratificado el Convenio 169 de la OIT.
Por ello mismo, Chile se encuentra cuestionado en el Informe del Relator Especial de la ONU Rodolfo Stavenhagen, de Human Rights Watch, y en tres informes de la Federación Internacional de Derechos Humanos, que señalan que el Estado de Chile se encuentra criminalizando la demanda de derechos de sus pueblos indígenas.
7.2 Anexo II: Declaración de la AAJ del 07/01/08.
ASOCIACION AMERICANA DE JURISTAS
RAMA CHILENA
Huérfanos 1117, of. 632, Santiago. Fonofax: 6953223.
Email: graciela@entelchile.net
RAMA CHILENA
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DECLARACIÓN
La Asociación Americana de Juristas, Rama Chilena, organización no gubernamental con Estatuto Consultivo ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, se dirige a las autoridades de gobierno, parlamentarios, Colegio de Abogados, Dirección General de Carabineros, medios de comunicación, abogados, organizaciones sociales y ciudadanía en general, para expresar:
1. Su indignada protesta por el atropello infligido el jueves 3 de enero de 2008 en contra de la abogada defensora de causas indígenas y miembro de nuestra Rama Chilena, la distinguida colega abogado Yénive Cavieres Sepúlveda, por Carabineros que trataron de impedir y silenciar una pacífica manifestación de un grupo de chilenos, que en la Plaza de la Constitución expresaba su reclamo de justicia y protesta por el asesinato del estudiante mapuche Matías Catrileo Quezada.
2. Nuestra colega Yénive Cavieres Sepúlveda trató, en su carácter de abogado, de interceder ante Carabineros por el respeto a los derechos ciudadanos a manifestarse pacíficamente y ejercer el derecho de la libertad de expresión, especialmente en los momentos en que detenían a la doctora Orielle Núñez, una de las manifestantes, y en momentos en que otra doctora, Berna Castro, hablaba en voz alta a los manifestantes y transeúntes, siendo ambas detenidas y arrastradas por Carabineros que reprimían con violencia la actividad, incluyendo a nuestra colega y procediendo a detener conjuntamente a quince mapuches, entre ellos el dirigente José Paillal y su hijo de 11 años, y a otros dos menores. Se les arrastró por la Plaza de la Constitución, obligándolos a subir a un bus de Carabineros, para ser trasladados a la 1° Comisaría de Santiago, donde fueron liberados después de seis horas de encierro. La represión policial fue efectuada con violencia innecesaria contra los manifestantes, cuya única arma eran sus voces y argumentos ante la tragedia del asesinato por la espalda con metralleta a un joven mapuche, nueva víctima de la política de agresión en contra de las demandas del pueblo mapuche.
3. Denunciamos este hecho gravísimo, porque la violencia para acallar las protestas y demandas en nuestra sociedad se ha transformado en una constante en nuestro país, criminalizando las justas demandas de los sectores más débiles que reclaman sus derechos. Se silencia por la fuerza el derecho de los chilenos a manifestarse, fundamental en nuestro orden jurídico.
4. Consideramos que frente al caso específico de la detención arbitraria de la abogado Yénive Cavieres Sepúlveda, se está vulnerando el principio de que “sin abogados no hay justicia”. Reclamamos el respeto al ejercicio profesional de los abogados que defienden los Derechos Humanos porque su coacción perjudica los intereses de una sociedad democrática, que tratamos de reconstruir después de la cruel dictadura de Pinochet.
5. Expresamos que ya es hora que la solución al gravísimo problema de la comunidad de los pueblos indígenas sea abordada por el gobierno y las autoridades con medidas de fondo, que excluyan el uso indiscriminado de la violencia y represión. Debe cumplirse con la obligación de Chile de respetar los Acuerdos y Convenciones Internacionales que determinan el respeto del derecho de los pueblos indígenas a su integridad, identidad, cultura, derecho esencial como el respeto a sus vidas y a recuperar sus tierras usurpadas.
6. A la dramática huelga de hambre que tiene en riesgo de muerte a los dirigentes mapuches en la cárcel de Ángol, a quienes se les aplicó indebidamente la Ley Antiterrorista, se suma ahora el asesinato del estudiante Matías Catrileo, que participaba junto con un grupo reducido de mapuches en una manifestación pacífica, en las puertas del fundo Santa Margarita, objeto de protección policial especial. La fuerza pública de Carabineros procedió a disparar con metralletas, hiriéndolo por la espalda, hecho que ha consternado, por su gravedad, no sólo a las víctimas de la violencia policial, sino a gran parte de la sociedad chilena que repudia este actuar de la fuerza pública. Hacemos presente al respecto que el proceso penal iniciado para investigar los hechos debe ser instruido por tribunales ordinarios y no militares, porque los hechos involucran la comisión de un delito de homicidio causado por la fuerza policial en contra de civiles y esperamos que el mismo celo con que se protege al dueño del predio fundo Santa Margarita, con destacamentos especiales de Carabineros, se aplique en la investigación judicial de la dolorosa muerte del joven Matías Catrileo.
7. La Rama Chilena de la Asociación Americana de Juristas expresa:
2. Nuestra colega Yénive Cavieres Sepúlveda trató, en su carácter de abogado, de interceder ante Carabineros por el respeto a los derechos ciudadanos a manifestarse pacíficamente y ejercer el derecho de la libertad de expresión, especialmente en los momentos en que detenían a la doctora Orielle Núñez, una de las manifestantes, y en momentos en que otra doctora, Berna Castro, hablaba en voz alta a los manifestantes y transeúntes, siendo ambas detenidas y arrastradas por Carabineros que reprimían con violencia la actividad, incluyendo a nuestra colega y procediendo a detener conjuntamente a quince mapuches, entre ellos el dirigente José Paillal y su hijo de 11 años, y a otros dos menores. Se les arrastró por la Plaza de la Constitución, obligándolos a subir a un bus de Carabineros, para ser trasladados a la 1° Comisaría de Santiago, donde fueron liberados después de seis horas de encierro. La represión policial fue efectuada con violencia innecesaria contra los manifestantes, cuya única arma eran sus voces y argumentos ante la tragedia del asesinato por la espalda con metralleta a un joven mapuche, nueva víctima de la política de agresión en contra de las demandas del pueblo mapuche.
3. Denunciamos este hecho gravísimo, porque la violencia para acallar las protestas y demandas en nuestra sociedad se ha transformado en una constante en nuestro país, criminalizando las justas demandas de los sectores más débiles que reclaman sus derechos. Se silencia por la fuerza el derecho de los chilenos a manifestarse, fundamental en nuestro orden jurídico.
4. Consideramos que frente al caso específico de la detención arbitraria de la abogado Yénive Cavieres Sepúlveda, se está vulnerando el principio de que “sin abogados no hay justicia”. Reclamamos el respeto al ejercicio profesional de los abogados que defienden los Derechos Humanos porque su coacción perjudica los intereses de una sociedad democrática, que tratamos de reconstruir después de la cruel dictadura de Pinochet.
5. Expresamos que ya es hora que la solución al gravísimo problema de la comunidad de los pueblos indígenas sea abordada por el gobierno y las autoridades con medidas de fondo, que excluyan el uso indiscriminado de la violencia y represión. Debe cumplirse con la obligación de Chile de respetar los Acuerdos y Convenciones Internacionales que determinan el respeto del derecho de los pueblos indígenas a su integridad, identidad, cultura, derecho esencial como el respeto a sus vidas y a recuperar sus tierras usurpadas.
6. A la dramática huelga de hambre que tiene en riesgo de muerte a los dirigentes mapuches en la cárcel de Ángol, a quienes se les aplicó indebidamente la Ley Antiterrorista, se suma ahora el asesinato del estudiante Matías Catrileo, que participaba junto con un grupo reducido de mapuches en una manifestación pacífica, en las puertas del fundo Santa Margarita, objeto de protección policial especial. La fuerza pública de Carabineros procedió a disparar con metralletas, hiriéndolo por la espalda, hecho que ha consternado, por su gravedad, no sólo a las víctimas de la violencia policial, sino a gran parte de la sociedad chilena que repudia este actuar de la fuerza pública. Hacemos presente al respecto que el proceso penal iniciado para investigar los hechos debe ser instruido por tribunales ordinarios y no militares, porque los hechos involucran la comisión de un delito de homicidio causado por la fuerza policial en contra de civiles y esperamos que el mismo celo con que se protege al dueño del predio fundo Santa Margarita, con destacamentos especiales de Carabineros, se aplique en la investigación judicial de la dolorosa muerte del joven Matías Catrileo.
7. La Rama Chilena de la Asociación Americana de Juristas expresa:
ASOCIACION AMERICANA DE JURISTAS
RAMA CHILENA
Huérfanos 1117, of. 632, Santiago. Fonofax: 6953223.
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