Chile: INFORME SOBRE LA REPRESIÓN DEL PUEBLO MAPUCHE
INFORME SOBRE LA REPRESIÓN Y CRIMINALIZACIÓN DEL PUEBLO MAPUCHE EN CHILE (2da parte)
2.5 Visita al sector Ailla Rehue de Truf-truf, (cerca del lugar donde recientemente fue asesinado Matías Catrileo). Reunión con los Lonko. - 28 de enero de 2008.
En el territorio Huenteche, nos reciben el lonko José Quidel, Edgardo Catrilá, Sabino Catrilá del lof Nilkinko, Javier Quidel, Alfredo Painemil del lof Itinento, junto con otros dirigentes. Aclaran que no convocaron a comuneros por temor a los riesgos que implica reunirse en la comunidad a consecuencia de la persecución policial. Nos relatan que surgen como organización a partir de la oposición al trazado carretero de alta velocidad que comenzó en el año 1997 (proyecto originado durante la dictadura en el año 1982). En general la situación es similar a la de otros territorios: escasez de tierras, migración de los jóvenes, militarización de sus territorios. Para ilustrarnos acerca del proceso de colonización y despojo de tierras que han sufrido, recuerdan cuando los Luchsinger (familia propietaria de fundos) llegaron al sector, tenían 60 hectáreas. Hoy tienen 600 sobre las “tierras antiguas”, mientras ellos se fueron achicando con las diversas legislaciones, usurpación y división de sus tierras. Recuerdan que una importante parte de su territorio fue usurpado por un topógrafo de apellido Schmit, que realizó un levantamiento de la zona durante la dictadura con el objetivo de realizar un emprendimiento. Con apoyo del Estado se quedó con las mejores tierras.
A pesar del constante intento de integración al sistema mediante el sometimiento del pueblo Mapuche, manifiestan que en su comunidad existe una “culturalidad viva” lo que les ha merecido la etiqueta de “esencialistas y fundamentalistas” por parte del resto de la sociedad chilena. Reivindican la resistencia cultural y sus luchas por la recuperación de tierras mediante reclamos y tomas simbólicas, lamentando el duro costo que han pagado por ello. Cuentan de jóvenes torturados en la Comisaría de Padre Las Casas, con electricidad, submarino seco, allanamientos, persecución. Denuncia la diferencia en el trato, ya que las denuncias efectuadas por ellos respecto de la violación de derechos humanos, no son investigadas o no prosperan. Esto, conjuntamente con las “causas montadas” y los procesamientos arbitrarios que sufren sus comuneros, ha generado un profundo descreimiento en la justicia y en las instituciones en general.
A pesar del constante intento de integración al sistema mediante el sometimiento del pueblo Mapuche, manifiestan que en su comunidad existe una “culturalidad viva” lo que les ha merecido la etiqueta de “esencialistas y fundamentalistas” por parte del resto de la sociedad chilena. Reivindican la resistencia cultural y sus luchas por la recuperación de tierras mediante reclamos y tomas simbólicas, lamentando el duro costo que han pagado por ello. Cuentan de jóvenes torturados en la Comisaría de Padre Las Casas, con electricidad, submarino seco, allanamientos, persecución. Denuncia la diferencia en el trato, ya que las denuncias efectuadas por ellos respecto de la violación de derechos humanos, no son investigadas o no prosperan. Esto, conjuntamente con las “causas montadas” y los procesamientos arbitrarios que sufren sus comuneros, ha generado un profundo descreimiento en la justicia y en las instituciones en general.
Denuncia de Apremios ilegales, tortura y montaje de causa.
Alfredo Painemil denuncia que su hijo Roberto Painemil Parra, en diciembre de 2006 estando en su camioneta es interceptado por un grupo de personas en un camión que, con insultos racistas y violencia, lo retienen acusándolo de estar robando e incendiando, colocándole un arma en su camioneta. A instancia de este grupo es detenido por carabineros y llevado a la comisaría. Allí es apremiado, golpeado y torturado durante dos días con el objetivo de inducirlo a confesar la comisión del delito de incendio, a implicar a otros mapuche y a reconocer mediante la exhibición de fotos a personas que nunca ha visto. Entre las personas que le obligan a reconocer se cuenta a Hector LLaitul (actualmente preso en la cárcel de Angol). Cabe aclarar que este testimonio constituye la única prueba de los cargos imputados a Hector Llaitul.
Afirma que su hijo hizo esas declaraciones ante el fiscal sólo por estar bajo condiciones de indefensión y tortura. Dice que lo obligan a firmar una cantidad de libros y documentos desconociendo su función y contenido. Desde entonces (más de un año) se encuentra detenido sin ser formalizado, tal como establece el Código Procesal, por causas sólo imputables al poder judicial y a la ineficiencia de los defensores públicos.
Afirma que su hijo hizo esas declaraciones ante el fiscal sólo por estar bajo condiciones de indefensión y tortura. Dice que lo obligan a firmar una cantidad de libros y documentos desconociendo su función y contenido. Desde entonces (más de un año) se encuentra detenido sin ser formalizado, tal como establece el Código Procesal, por causas sólo imputables al poder judicial y a la ineficiencia de los defensores públicos.
Políticas Públicas.
En relación a su situación de exclusión y dificultades económicas, relatan que desarrollado diversas iniciativas para avanzar en propuestas de desarrollo endógeno, y después de años de trabajo con la Universidad Católica de Temuco, las instituciones se desentendieron. El funcionario Jaime Andrade les dijo que “no se adecuaban a sus formas de trabajo”, demostrando un gran desconocimiento por parte del gobierno. Esto por supuesto hace cundir la desesperanza. A pesar de haberse sumado oportunamente a los proyectos de Orígenes y CONADI, no obtuvieron resultados pues funcionan sobre otras lógicas, que no reconocen la estructura sociopolítica de su pueblo y por tanto “nunca ha habido diálogo con el Estado, no hay disposición de parte de éste, que es quien pone las reglas y hoy pone la represión ante las legítimas demandas”, dicen. Lo mismo ocurre con las ONGs, las sectas pentecostales. Al igual que otras comunidades, denuncian las relaciones de cooptación para con el mundo mapuche.
Como en otras comunidades se quejan del tratamiento racista que dan los grandes medios de comunicación a las reivindicaciones Mapuche, facilitando la impunidad y la invisibilidad del despojo y la represión que están sufriendo desde hace tantos años.
Manifiestan que los períodos de negociación están agotados. Consideran que les han cerrado todos los caminos y que tal situación sólo puede revertirse con: pluralismo e igualdad jurídicamente consagrada, reconocimiento de sus instituciones, la restitución del territorio, y un proceso de autonomía para sus comunidades, tal como estaban reconocidas en los tratados con la Corona Española, consagrando a Chile como un Estado Plurinacional.
Como en otras comunidades se quejan del tratamiento racista que dan los grandes medios de comunicación a las reivindicaciones Mapuche, facilitando la impunidad y la invisibilidad del despojo y la represión que están sufriendo desde hace tantos años.
Manifiestan que los períodos de negociación están agotados. Consideran que les han cerrado todos los caminos y que tal situación sólo puede revertirse con: pluralismo e igualdad jurídicamente consagrada, reconocimiento de sus instituciones, la restitución del territorio, y un proceso de autonomía para sus comunidades, tal como estaban reconocidas en los tratados con la Corona Española, consagrando a Chile como un Estado Plurinacional.
2.6 Visita a los presos Mapuche de la cárcel de la ciudad de Angol.- Región de la Araucanía. 29 de Enero.
Situación de los presos.
En Angol se encuentran recluidos Florencio Jaime Marileo Saravia, José Huenchunao Mariñán, Hector Llaitul y Juan Millalen. En respuesta a sus pedidos fueron asignados a un módulo especial, separados de los presos comunes. Los dos primeros fueron condenados a 10 años y un día por “incendio terrorista” en el marco de la ley 18.314. Con el mismo cargo se encuentra detenido Hector Llaitul, pero sin condena aún. En el caso de Juan Millalen lleva dos causas por un mismo hecho, por un lado se lo procesa por “homicidio frustrado” (también en el marco de la ley antiterrorista) y por otro por daño, en el marco de la ley de Seguridad Interior.
Esta Misión destaca que al comienzo fue difícil entablar un diálogo abierto, ya que los comuneros manifiestan desconfianza, ira y hartazgo, producto de las promesas incumplidas de algunos funcionarios, la persecución racial de otros, y de las múltiples intervenciones de diferentes organizaciones civiles o políticas, que no sólo no han realizado aportes conducentes (por ejemplo: no han facilitado defensores particulares) Además, según su interpretación, los han utilizado para objetivos particulares.
Esta Misión destaca que al comienzo fue difícil entablar un diálogo abierto, ya que los comuneros manifiestan desconfianza, ira y hartazgo, producto de las promesas incumplidas de algunos funcionarios, la persecución racial de otros, y de las múltiples intervenciones de diferentes organizaciones civiles o políticas, que no sólo no han realizado aportes conducentes (por ejemplo: no han facilitado defensores particulares) Además, según su interpretación, los han utilizado para objetivos particulares.
Persecución política y violación del Debido Proceso.
El reclamo colectivo es la falta de abogado defensor pues los defensores oficiales sólo actúan formalmente. La mayoría están condenados por la ley antiterrorista en la que no hay una clara definición de actos y medios idóneos por lo que abarcan hechos que van contra los bienes de las personas, hasta los que van contra la seguridad y la vida. Consideran forzado el encuadramiento pues, conforme a la sentencia, la calificación está basada en su pertenencia étnica y la vinculación a hechos ajenos a la causa. No en los hechos puntuales que se les imputa.
También como consecuencia de la aplicación de la misma ley se han utilizado testigos protegidos o sin “rostro”. Esto, sumado a que se les ha permitido a los testigos cambiar su declaración, implica un cercenamiento de sus recursos de defensa.
Denuncian que muchos testimonios son obtenidos mediante presión o violencia, como el caso de Roberto Painemil, que estando detenido y bajo amenazas sobre su familia es obligado a involucrar a otro dirigente mapuche, Héctor Llaitul, presente en esta reunión. Llaitul manifiesta que sin este testimonio no tendrían una causa contra él. Posteriormente Roberto hace una denuncia en una carta pública diciendo que había sido amenazado, que a su familia le iban a pasar muchas cosas que lo iban a matar y a perseguir si él no lo denunciaba. Hace más de un año lo tomaron preso, pero no se ha investigado el hecho, aún no se presenta acusación en su contra y se encuentra con prisión preventiva.
Otro de ellos está imputado en dos procesos diferentes por la comisión de un mismo hecho.
Cuestionan la eficiencia el compromiso profesional de algunos defensores oficiales, a la luz de los resultados obtenidos, su situación procesal y condiciones de detención. Plantean que carecen de recursos económicos para procurarse un defensor particular.
También como consecuencia de la aplicación de la misma ley se han utilizado testigos protegidos o sin “rostro”. Esto, sumado a que se les ha permitido a los testigos cambiar su declaración, implica un cercenamiento de sus recursos de defensa.
Denuncian que muchos testimonios son obtenidos mediante presión o violencia, como el caso de Roberto Painemil, que estando detenido y bajo amenazas sobre su familia es obligado a involucrar a otro dirigente mapuche, Héctor Llaitul, presente en esta reunión. Llaitul manifiesta que sin este testimonio no tendrían una causa contra él. Posteriormente Roberto hace una denuncia en una carta pública diciendo que había sido amenazado, que a su familia le iban a pasar muchas cosas que lo iban a matar y a perseguir si él no lo denunciaba. Hace más de un año lo tomaron preso, pero no se ha investigado el hecho, aún no se presenta acusación en su contra y se encuentra con prisión preventiva.
Otro de ellos está imputado en dos procesos diferentes por la comisión de un mismo hecho.
Cuestionan la eficiencia el compromiso profesional de algunos defensores oficiales, a la luz de los resultados obtenidos, su situación procesal y condiciones de detención. Plantean que carecen de recursos económicos para procurarse un defensor particular.
Demanda política.
Se consideran presos políticos por ser dirigentes, por su posición política, por su lucha que es por defender el espacio, el territorio y contra la violencia estructural, “la pobreza y la falta de tierras para nuestro pueblo es violencia” nos dice Hector Llaitul. Ellos señalan que el Estado definió tener presos mapuche como una forma de parar la lucha del pueblo, por eso usaron la ley antiterrorista, los testigos protegidos, los muertos, la militarización y la represión. Sus acciones son contra bienes forestales o materiales, nunca contra la vida, para que quede claro que ellos están protegiendo la vida de las personas. No son acciones terroristas, sino acciones simbólicas de atentados contra los bienes que consideran usurpadores y destructores de su hábitat: las plantaciones forestales. Los muertos los ha puesto el gobierno, y son muertos mapuche. Para ellos, no hay Estado de Derecho para el pueblo Mapuche. Como comuneros no encuentran diferencia con la dictadura. El sistema de dominación neoliberal deja afuera al Mapuche, pues el gobierno legisla para los poderosos.
Plantean una clara demanda en tres puntos: fin a la ley antiterrorista, desmilitarización del territorio mapuche y libertad a los presos políticos. En cuanto a la ley antiterrorista, manifiestan que, si bien ya no es aplicada en las nuevas causas, cuando se querella lo hace bajo esta ley. Esta ley sigue vigente y puede volver a aplicarse por otro gobierno.
Finalmente reivindican la lucha por la recuperación territorial, identidad cultural, reconocimiento de sus instituciones y status de nación, y la defensa del medio ambiente y espiritualidad.
2.7 Visita a comunidad de Tricauco. Comuna de Ercilla. 29 de enero
Plantean una clara demanda en tres puntos: fin a la ley antiterrorista, desmilitarización del territorio mapuche y libertad a los presos políticos. En cuanto a la ley antiterrorista, manifiestan que, si bien ya no es aplicada en las nuevas causas, cuando se querella lo hace bajo esta ley. Esta ley sigue vigente y puede volver a aplicarse por otro gobierno.
Finalmente reivindican la lucha por la recuperación territorial, identidad cultural, reconocimiento de sus instituciones y status de nación, y la defensa del medio ambiente y espiritualidad.
2.7 Visita a comunidad de Tricauco. Comuna de Ercilla. 29 de enero
La reunión fue dirigida por Patricio Diaz, presidente de la Comunidad de la cual se encuentran procesadas más de 30 integrantes. Algunos de ellos están clandestinos por ser víctimas de juicios montados e injustos en el marco del conflicto por la recuperación de tierras ancestrales, entre los que se cuentan el dirigente Luis Amauri Catrimil y la lamien Mireya Figueroa. En la misma causa está “la Chepa” Patrica Troncoso, hay condenados y prófugos, entre ellos una pareja que vive hace 5 años en la clandestinidad, perseguida sólo por reclamar. En esta comunidad se produjo un conflicto con la empresa forestal Mininco, por lo que hoy es una zona militarizada. Denuncian que las negociaciones con la Forestal están plagadas de promesas incumplidas y engaños, que consideran agotadas las instancias y que en el próximo mes (febrero) presentarán un pliego de condiciones no negociables y darán por concluido el diálogo.
Sintetizan su planteo en los siguientes puntos:
1- Demanda de su territorio mapuche: al respecto señalan que producto del despojo sistemático, actualmente son 103 familias que viven en 362 hectáreas, con las consecuencias económicas y sociales que esto implica.
2- Identifican a la Forestal Mininco como principal problema
3- Consideran al fundo Poluco Podenco* como centro de la memoria histórica de la comunidad Tricauco, que les fue reconocido legalmente desde 1913 y que ha sufrido un proceso de usurpación.
4- Denuncian que ha comenzado un plan de expansión forestal en tierras mapuche.
5- Que este proceso traerá serias consecuencias a nivel medio ambiental, económico, cultural y espiritual implicando también serios daños a la salud de las comunidades que se encuentran rodeadas de las plantaciones.
Sintetizan su planteo en los siguientes puntos:
1- Demanda de su territorio mapuche: al respecto señalan que producto del despojo sistemático, actualmente son 103 familias que viven en 362 hectáreas, con las consecuencias económicas y sociales que esto implica.
2- Identifican a la Forestal Mininco como principal problema
3- Consideran al fundo Poluco Podenco* como centro de la memoria histórica de la comunidad Tricauco, que les fue reconocido legalmente desde 1913 y que ha sufrido un proceso de usurpación.
4- Denuncian que ha comenzado un plan de expansión forestal en tierras mapuche.
5- Que este proceso traerá serias consecuencias a nivel medio ambiental, económico, cultural y espiritual implicando también serios daños a la salud de las comunidades que se encuentran rodeadas de las plantaciones.
Intervención del Estado.
Creen que el Estado claramente se ha colocado como defensor de los latifundistas y las empresas. Los carabineros pasan todos los días, interrogan a los niños sobre qué hacen los papás. Consideran que no sólo es responsable el cuerpo de carabineros por el accionar policial. Estos realizan allanamientos violentos e irregulares, interpelan a niños, detienen a padres con sus hijos, reprimen, amenazan y procesan mediante causas inventadas con testigos “sin rostro” y remunerados. Al respecto recuerdan que en muchas causas, a los testigos presentados por la parte acusadora se les ha suministrado protección, celulares y dinero en el marco de la ley antiterrorista. Se aprovechan así de gente pobre que declara con el sólo objeto de recibir dinero y conseguir trabajo del Estado. También responsabilizan a los fiscales y al poder judicial en general, que son cómplices en la política de criminalización de la lucha política. Nos dicen: “Pedimos tierras y ellos sacan sus armas”.
De nuevo aparece el reclamo de falta de abogados particulares por carecer de medios económicos, y el cuestionamiento al desempeño de los defensores oficiales.
Dicen que las tierras que reclaman le fueron reconocidas durante el gobierno de la Unidad Popular a través de la Reforma Agraria, y que con la dictadura fueron desalojados y las tierras fueron adquiridas ilegítimamente con la connivencia del Estado represor. Que esto está documentado y que ya han hecho la presentación tanto a la empresa Mininco como a la CONADI.
Que respecto de los demás fundos, paulatinamente y aprovechando, tanto el desconocimiento legal de los mapuche, como la diferencia cultural, mediante engaño han ido despojándolos de la mayoría de su territorio.
Esta comunidad, en coincidencia con otras visitadas, reclama que los diversos organismos del Estado utilizan estrategias divisionistas, de cooptación o desprestigio de los dirigentes que no pueden manipulear.
El presidente de la comunidad nos relata uno de los últimos allanamientos sufridos, del cual no detentaban orden judicial, (nos entrega un acta de allanamiento). Relatan que entraron mientras dormían sin consentimiento y durante la noche, lo tiraron al suelo y lo golpearon. En el acta se dice que hubo consentimiento y se falsea la hora. El acta es un formulario con firma y sello judicial al cual debe llenarse el domicilio a allanar, la causa, la fecha y todo otro dato. Al pie firman en calidad de testigos el mismo personal de carabineros, en este caso el cabo Oscar Cabezas. La letra de este testigo es idéntica a la letra con que se llenaron los espacios en blanco y el resultado del allanamiento. En esa oportunidad fue interrogado por largo tiempo, maltratado él y su familia con sus hijos menores. A raíz de la situación traumática, uno de sus hijos ha presentado serios trastornos psicológicos que han afectado incluso su rendimiento escolar.
De nuevo aparece el reclamo de falta de abogados particulares por carecer de medios económicos, y el cuestionamiento al desempeño de los defensores oficiales.
Dicen que las tierras que reclaman le fueron reconocidas durante el gobierno de la Unidad Popular a través de la Reforma Agraria, y que con la dictadura fueron desalojados y las tierras fueron adquiridas ilegítimamente con la connivencia del Estado represor. Que esto está documentado y que ya han hecho la presentación tanto a la empresa Mininco como a la CONADI.
Que respecto de los demás fundos, paulatinamente y aprovechando, tanto el desconocimiento legal de los mapuche, como la diferencia cultural, mediante engaño han ido despojándolos de la mayoría de su territorio.
Esta comunidad, en coincidencia con otras visitadas, reclama que los diversos organismos del Estado utilizan estrategias divisionistas, de cooptación o desprestigio de los dirigentes que no pueden manipulear.
El presidente de la comunidad nos relata uno de los últimos allanamientos sufridos, del cual no detentaban orden judicial, (nos entrega un acta de allanamiento). Relatan que entraron mientras dormían sin consentimiento y durante la noche, lo tiraron al suelo y lo golpearon. En el acta se dice que hubo consentimiento y se falsea la hora. El acta es un formulario con firma y sello judicial al cual debe llenarse el domicilio a allanar, la causa, la fecha y todo otro dato. Al pie firman en calidad de testigos el mismo personal de carabineros, en este caso el cabo Oscar Cabezas. La letra de este testigo es idéntica a la letra con que se llenaron los espacios en blanco y el resultado del allanamiento. En esa oportunidad fue interrogado por largo tiempo, maltratado él y su familia con sus hijos menores. A raíz de la situación traumática, uno de sus hijos ha presentado serios trastornos psicológicos que han afectado incluso su rendimiento escolar.
Daño ambiental y económico.
Producto de la actividad forestal en su territorio arrebatado, existe contaminación, falta de agua, destrucción de especies nativas y diversidad de cultivos como consecuencia directa del monocultivo del eucalipto. Esto genera la destrucción de la vida, la economía, la salud y la espiritualidad de la comunidad. Afirman que la corrupción y la inactividad de la CONADI, ha dilatado la efectiva recuperación de sus tierras. Antes Pinochet los metía presos. La primer usurpación se la dieron a los milicos; ahora el pino mató el agua, las forestales están matando a las comunidades.
Por lo relatado esta comunidad descree de las instituciones republicanas y tiene la convicción que se trata de una democracia “maletera” fascista y represora, que les impide su desarrollo como pueblo y no les ha dejado otro camino que la lucha.
Por lo relatado esta comunidad descree de las instituciones republicanas y tiene la convicción que se trata de una democracia “maletera” fascista y represora, que les impide su desarrollo como pueblo y no les ha dejado otro camino que la lucha.
2.8. Visita a comunidad de Temucuicui. Comuna de Ercilla. 29 de enero.
Al ingresar la Misión al predio, se observó que los niños salieron corriendo y se escondieron. Ninguna persona adulta se acercó, sólo al rato apareció una niña. El resto tardó mucho en hacerse ver. Se pudo, así advertir, que se habían aterrorizado con sólo notar la presencia de la Van que nos transportaba.
La reunión se realiza en la zona rural de Temucuicui, con los hermanos Huenchullán Cayul. El conflicto en esta comunidad está considerado como uno de los más críticos.
Las reclamaciones sobre la restituciones de tierra llevan muchísimos años. El despojo se origina en el remate fiscal realizado en 1919, por medio del cual la mayor parte de las tierras pasaron a manos de un particular. Con la reforma agraria de 1973 las comunidades ocuparon nuevamente sus tierras. Con el advenimiento de la dictadura, al igual que otras comunidades, fueron desalojadas por la fuerza. Desde entonces la comunidad no ha cesado en el reclamo de sus tierras, que la democracia actual no les ha devuelto.
La reunión se realiza en la zona rural de Temucuicui, con los hermanos Huenchullán Cayul. El conflicto en esta comunidad está considerado como uno de los más críticos.
Las reclamaciones sobre la restituciones de tierra llevan muchísimos años. El despojo se origina en el remate fiscal realizado en 1919, por medio del cual la mayor parte de las tierras pasaron a manos de un particular. Con la reforma agraria de 1973 las comunidades ocuparon nuevamente sus tierras. Con el advenimiento de la dictadura, al igual que otras comunidades, fueron desalojadas por la fuerza. Desde entonces la comunidad no ha cesado en el reclamo de sus tierras, que la democracia actual no les ha devuelto.
Militarización de la zona, violencia policial y persecución judicial.
En el ingreso a la zona, la Misión constató la presencia de un autobús de carabineros escondido en un camino a poca distancia de la casa de esta comunidad. Al retirarnos, tomamos conocimiento de otros puesto de vigilancia con máquinas fotográficas y filmadoras fijas. Mientras se desarrollaba la entrevista sobrevoló el sitio un helicóptero militar. Los integrantes de la misión pudimos notar el pánico de los niños producido por el ruido del helicóptero.
Al tomar la palabra Rodrigo Huenchullán nos cuenta que ha dejado de ser Werken de la comunidad por estar requerido por la justicia. Según manifiesta, los dirigentes de la zona son asediados, vigilados y violentados con la finalidad de encarcelarlos. Permanentemente sufren allanamientos, en los que se utiliza el maltrato, la humillación, golpes, armas y un número desproporcionado de efectivos, con el objetivo de crear miedo o inventar causas de procesamiento a los comuneros. Producto de este accionar se ha propinado numeroso daños físicos, psíquicos y materiales (quema de casa, matanza de animales y destrucción de bienes) a estas comunidades.
También plantea la instalación en la zona de puestos de control y vigilancia con cámaras de video y fotográficas, que permanentemente los asedian y constituye un severo cercenamiento de sus libertades individuales y causa de inseguridad y temor para la comunidad.
Al tomar la palabra Rodrigo Huenchullán nos cuenta que ha dejado de ser Werken de la comunidad por estar requerido por la justicia. Según manifiesta, los dirigentes de la zona son asediados, vigilados y violentados con la finalidad de encarcelarlos. Permanentemente sufren allanamientos, en los que se utiliza el maltrato, la humillación, golpes, armas y un número desproporcionado de efectivos, con el objetivo de crear miedo o inventar causas de procesamiento a los comuneros. Producto de este accionar se ha propinado numeroso daños físicos, psíquicos y materiales (quema de casa, matanza de animales y destrucción de bienes) a estas comunidades.
También plantea la instalación en la zona de puestos de control y vigilancia con cámaras de video y fotográficas, que permanentemente los asedian y constituye un severo cercenamiento de sus libertades individuales y causa de inseguridad y temor para la comunidad.
Diferencia de trato. Falta de acceso a la justicia.
Con la intención de no sobreabundar en datos, esta misión recomienda la lectura del informe de la Misión Internacional de Observación de la Violencia Institucional en contra del Pueblo Mapuche en Chile:”EL CASO DE LA COMUNIDAD DE TEMUCUICUI”. En él consta un pormenorizado detalle de los casos de violencia y abuso policial con daños a adultos, mujeres, menores y ancianos. Se destaca que ninguno de ellos ha sido motivo de sanción a los funcionarios.
Relatan que por haber sido heridos de bala numerosos niños por la fuerza especial de carabineros, han realizado una presentación ante la UNICEF que hasta el momento no conocen su resultado. Agregan “a una viejita Juana Keipulfo de 80 años una bomba de gases lacrimógenos le estalló en la pierna, pasó 8 meses, la operaron, le pusieron hierros, a Patricio de 13 años le pegaron perdigones en la espalda, irrumpen a las 4 de la mañana, pegan a las mujeres, las sacan de las casas. Si viene un fiscal, el fiscal va a una sola casa y deja a los policías que vayan por toda la comunidad solos. La palabra mapuche no tiene peso. A veces entran 200 carabineros buscando un solo animal y se llevan lo que quieren. Uno va perdiendo la paciencia. Entran con tanquetas rompiendo los cercos, lo hacen cuando quieren. Si uno discute lo acusan de tentativa de homicidio. El intendente, el comandante, cubren todo …”
Refieren que ante la sola denuncia de un particular, son detenidos o allanados, violentando sus cercos y propiedades, y muchas veces encausados. En ocasiones, si un particular los reclama, les sacan sus animales sin investigar a quién pertenecen. Declaran que han sido allanados 15 veces en un año. Generalmente de noche, con camiones que irrumpen violentamente rompiendo cercos, mientras los gendarmes en gran número rompen y tiran sus pertenencias, vaciando el interior de sus viviendas mientras los niños y las mujeres tiemblan de miedo. Si el allanamiento se produce de día, generalmente es acompañado por helicópteros. El Estado ha tomado claramente posición a favor de los propietarios y latifundistas, destinando efectivos policiales a la custodia de sus bienes. En el caso de Temucuicui la mayoría de las denuncias provienen del Sr. René Pagnard, quien con testigos de su familia y colocándose como victima de supuestos atentados, consigue ser beneficiado económicamente por el Gobierno. Afirman que tienen grandes restricciones y dificultades, pues tienen que firmar en 3, a veces en 4, lugares distintos (uno por cada causa), cada semana o cada 30 días, los obligan a trasladarse bien lejos a perder días enteros. Si uno falta, al día siguiente le allanan la casa, rompen todo y lo detienen. Familias enteras están prófugas.
Respecto de las irregularidades en los procedimientos, afirman que basta con que sean negadas por el oficial a cargo y el fiscal, para que nada se investigue. En un caso llevaron a una recién operada de su cama arrastrando por la fuerza, se le abrió la herida, entonces fue la comunidad a hablar con el Fiscal Regional Francisco Luberta y no los quiso atender. Manifiestan que desearían tener medios para probar este accionar, tales como filmadoras o cámaras.
No ser escuchados les produce impotencia y descreimiento en el sistema.
Están convencidos que los medios de comunicación han colaborado en la estigmatización negativa de los mapuche en la opinión pública. Esta estigmatización es sufrida especialmente por los jóvenes y por los dirigentes, catalogados como violentos, delincuentes y “terroristas”. Ante la mera declaración pública de un particular son considerados culpables, cuando uno es dirigente lo acusan de varios delitos, cuando tiene más de una causa pierde la libertad, por eso mantienen las causas abiertas durante años. La Defensoría Mapuche, les pone un abogado, pero ese abogado no hace nada. Agregan: “Somos dirigentes y aparecemos en los diarios como delincuentes, da rabia.”
Se preguntan qué va a pasar cuando la comunidad responda con la misma violencia con la que son tratados, pues hasta ahora las víctimas son todas mapuche.
Con la intención de no sobreabundar en datos, esta misión recomienda la lectura del informe de la Misión Internacional de Observación de la Violencia Institucional en contra del Pueblo Mapuche en Chile:”EL CASO DE LA COMUNIDAD DE TEMUCUICUI”. En él consta un pormenorizado detalle de los casos de violencia y abuso policial con daños a adultos, mujeres, menores y ancianos. Se destaca que ninguno de ellos ha sido motivo de sanción a los funcionarios.
Relatan que por haber sido heridos de bala numerosos niños por la fuerza especial de carabineros, han realizado una presentación ante la UNICEF que hasta el momento no conocen su resultado. Agregan “a una viejita Juana Keipulfo de 80 años una bomba de gases lacrimógenos le estalló en la pierna, pasó 8 meses, la operaron, le pusieron hierros, a Patricio de 13 años le pegaron perdigones en la espalda, irrumpen a las 4 de la mañana, pegan a las mujeres, las sacan de las casas. Si viene un fiscal, el fiscal va a una sola casa y deja a los policías que vayan por toda la comunidad solos. La palabra mapuche no tiene peso. A veces entran 200 carabineros buscando un solo animal y se llevan lo que quieren. Uno va perdiendo la paciencia. Entran con tanquetas rompiendo los cercos, lo hacen cuando quieren. Si uno discute lo acusan de tentativa de homicidio. El intendente, el comandante, cubren todo …”
Refieren que ante la sola denuncia de un particular, son detenidos o allanados, violentando sus cercos y propiedades, y muchas veces encausados. En ocasiones, si un particular los reclama, les sacan sus animales sin investigar a quién pertenecen. Declaran que han sido allanados 15 veces en un año. Generalmente de noche, con camiones que irrumpen violentamente rompiendo cercos, mientras los gendarmes en gran número rompen y tiran sus pertenencias, vaciando el interior de sus viviendas mientras los niños y las mujeres tiemblan de miedo. Si el allanamiento se produce de día, generalmente es acompañado por helicópteros. El Estado ha tomado claramente posición a favor de los propietarios y latifundistas, destinando efectivos policiales a la custodia de sus bienes. En el caso de Temucuicui la mayoría de las denuncias provienen del Sr. René Pagnard, quien con testigos de su familia y colocándose como victima de supuestos atentados, consigue ser beneficiado económicamente por el Gobierno. Afirman que tienen grandes restricciones y dificultades, pues tienen que firmar en 3, a veces en 4, lugares distintos (uno por cada causa), cada semana o cada 30 días, los obligan a trasladarse bien lejos a perder días enteros. Si uno falta, al día siguiente le allanan la casa, rompen todo y lo detienen. Familias enteras están prófugas.
Respecto de las irregularidades en los procedimientos, afirman que basta con que sean negadas por el oficial a cargo y el fiscal, para que nada se investigue. En un caso llevaron a una recién operada de su cama arrastrando por la fuerza, se le abrió la herida, entonces fue la comunidad a hablar con el Fiscal Regional Francisco Luberta y no los quiso atender. Manifiestan que desearían tener medios para probar este accionar, tales como filmadoras o cámaras.
No ser escuchados les produce impotencia y descreimiento en el sistema.
Están convencidos que los medios de comunicación han colaborado en la estigmatización negativa de los mapuche en la opinión pública. Esta estigmatización es sufrida especialmente por los jóvenes y por los dirigentes, catalogados como violentos, delincuentes y “terroristas”. Ante la mera declaración pública de un particular son considerados culpables, cuando uno es dirigente lo acusan de varios delitos, cuando tiene más de una causa pierde la libertad, por eso mantienen las causas abiertas durante años. La Defensoría Mapuche, les pone un abogado, pero ese abogado no hace nada. Agregan: “Somos dirigentes y aparecemos en los diarios como delincuentes, da rabia.”
Se preguntan qué va a pasar cuando la comunidad responda con la misma violencia con la que son tratados, pues hasta ahora las víctimas son todas mapuche.
2.9. Visita a la Cárcel Femenina de Temuco, para entrevistar a Juana Calfunao, lonko de la comunidad Paillalef. 29 de enero.
Concurrió la Misión conjuntamente con medios televisivos a quienes les impidieron ingresar. La entrevista se realizó con Juana Calfunao y su Hermana Luisa.
Violencia policial y persecución judicial.
En el marco de manifestaciones por el reclamo de tierras, Juana Calfunao y su esposo fueron procesados con cargos de “desórdenes públicos, hurto, secuestro y amenazas” causa en la que fueron absueltos. A raíz de incidentes violentos producidos en una audiencia oral, se les abre, junto a más miembros de la familia una nueva causa por “atentado a la autoridad “y lesiones menos graves” contra funcionarios públicos”. Por esta última causa permanecen presas desde noviembre de 2006. La pena solicitada por estos cargos es de cinco años para ella, 15 años para su esposo, 3 años para Luisa Calfunao y Jorge Landero Calfunao, Ernesto Sincopan, Juan Carlos Garrido Lincoyan, Fernando Braulio Lincopan, Víctor Guiñez Hernandez, Gloria Romero Cheuquepil, Carolina Landero Calfunao, y Roknelia Neculman Calfunao. Los once miembros de la familia deberían pagar además la suma de 700.000 pesos en concepto de daños reportados por el Tribunal de Temuco.
En estos incidentes, las detenidas fueron golpeadas por los funcionarios públicos, así como el resto de su familia, pero hay tratamiento especial respecto de los empleados públicos, quienes siguen en funciones. Al relatar los hechos, Juana afirma: “Ante morir doblado mejor morir de pie. Las golpizas más grande las ligué yo y soy como cuero de chancho, más golpes mejor, a mi hermana Luisa, el Fiscal Torres le rompió un diente.” “Mi abuelo, José Luis Paillaleff, murió en la cárcel de Valdivia. A su mujer la violaron y le quemaron los niños, menos su madre y su hermana. Pero a su mamá la violaron, le cortaron la trenza, la encarcelaron en Valdivia. Al salir y regresar al predio encontró pobladores falsos, todavía están. Pero la gente ahora está atreviendo a luchar.” Toda su familia está presa, los niños de 3, de 8 años, botados a la calle, mendigando pan duro.
En estos incidentes, las detenidas fueron golpeadas por los funcionarios públicos, así como el resto de su familia, pero hay tratamiento especial respecto de los empleados públicos, quienes siguen en funciones. Al relatar los hechos, Juana afirma: “Ante morir doblado mejor morir de pie. Las golpizas más grande las ligué yo y soy como cuero de chancho, más golpes mejor, a mi hermana Luisa, el Fiscal Torres le rompió un diente.” “Mi abuelo, José Luis Paillaleff, murió en la cárcel de Valdivia. A su mujer la violaron y le quemaron los niños, menos su madre y su hermana. Pero a su mamá la violaron, le cortaron la trenza, la encarcelaron en Valdivia. Al salir y regresar al predio encontró pobladores falsos, todavía están. Pero la gente ahora está atreviendo a luchar.” Toda su familia está presa, los niños de 3, de 8 años, botados a la calle, mendigando pan duro.
Derechos e identidad mapuche.
Luego de un relato pormenorizado del origen de los derechos ancestrales sobre las tierras que reclama, y del violento despojo que ha sufrido su familia, que se remonta a su abuelo Juan Paillalef, Juana sostiene que los actos de recuperación del fundo representan el ejercicio del justo derecho de desarrollo como pueblo. Que razón de ello han recibido grandes golpizas y finalmente la cárcel. En relación a la autoridad que detenta dice que: “Soy Lonko por esencia, tengo mi descendencia, una historia que se remonta a 1810, la comunidad de Juan Paillalef.”
Juana Calfunao plantea: “Yo desconozco la jurisdicción de quienes me tienen hoy día presa. Ellos se instalaron en mi territorio sin mi consentimiento. Este es un estado que no tiene la legitimidad del pueblo mapuche.”
Juana Calfunao plantea: “Yo desconozco la jurisdicción de quienes me tienen hoy día presa. Ellos se instalaron en mi territorio sin mi consentimiento. Este es un estado que no tiene la legitimidad del pueblo mapuche.”
Condiciones de detención.
Manifiesta que tratan de permanecer en su celda pues sufren ataques de los delincuentes comunes, y viven amedrentadas. Que desde que fue apresada su familia no se ha vuelto a reunir a pesar que haber solicitado en muchas oportunidades el derecho de visitas familiares. Que sus hijas menores se encuentran en estado de abandono, ahora las cuida el de 20 que acaba de salir en libertad y que no puede salir a trabajar.
Su hermana sufrió una depresión profunda, provocada por tener que separase de su niña de tres años que aún era amamantada. En total tiene cuatro hijos. Luego de varios pedidos de atención especializada, la llevaron tres meses al hospital de psiquiatría, donde la tuvieron amarrada de pies y manos con cadenas. “Ella tiene un trauma de persecución de la familia. Estuvo con grilletes en el hospital durante cuatro meses. En un año y medio no pudieron reunirse como familia. No pueden verse las caras todos juntos. Necesitan verse como familia”.
Agrega Juana que la hicieron perder una criatura a los golpes, le fracturaron el pómulo con la bota, la ahogaron con las dos trenzas.
Su hermana sufrió una depresión profunda, provocada por tener que separase de su niña de tres años que aún era amamantada. En total tiene cuatro hijos. Luego de varios pedidos de atención especializada, la llevaron tres meses al hospital de psiquiatría, donde la tuvieron amarrada de pies y manos con cadenas. “Ella tiene un trauma de persecución de la familia. Estuvo con grilletes en el hospital durante cuatro meses. En un año y medio no pudieron reunirse como familia. No pueden verse las caras todos juntos. Necesitan verse como familia”.
Agrega Juana que la hicieron perder una criatura a los golpes, le fracturaron el pómulo con la bota, la ahogaron con las dos trenzas.
Acceso a la Justicia.
Cuenta que su abogado, Lorenzo Andrés Morales Cortés, se presentó espontáneamente a defenderla en el juicio oral del Tribunal de Temuco. Que por tal motivo lo echaron del Hotel y debió preparar su defensa en la cárcel. Que lo hace solidaria y gratuitamente porque lo conmueve la situación de ella y su familia. Pero que antes de él nunca habían podido acceder a una defensa particular. Como los demás entrevistados desconfían de las defensas oficiales en razón de la situación procesal de los presos mapuche. Nos comenta que habría un recurso de nulidad ante la Corte Suprema. Pero esta Misión no pudo contactar a su abogado y conocer el estado de dicho recurso.
NOTA: Con posterioridad a la conclusión de la misión, hemos tomado conocimiento que el día 16/02/08, con motivo de ingresar a la cárcel de Temuco para visitar a su padre, Waikilaf Cadin Calfunao, hijo de Juana, sufrió intento de requisas vejatorias siendo atacado por nueve funcionarios penitenciarios. Esto le produjo lesiones leves. Le fue negado constatar dichas lesiones. Luego fue detenido por cargo de lesiones leves y amenaza verbal contra funcionarios de gendarmería.
2.10 Reunión con organizaciones de derechos humanos Mapuche de la comuna de Lautaro. 30 de Enero.
En Lautaro, dentro del predio del Regimiento, se han encontrado osamentas de mapuche. Están en el Instituto Médico Legal sin respuesta hace un año acerca de su identidad. Tampoco se ha abierto una investigación acerca de las muertes de las personas halladas.
En su relato histórico, los presentes se remontan a los tiempos del Gobierno de la Unidad Popular. Cuentan que muchos mapuche de esta localidad participaron activamente y apoyaron al Gobierno del presidente Allende. Esto provocó que la dictadura reprimiera duramente a esta comunidad que cuenta con ejecutados, torturados y más de 40 desaparecidos. En la reunión se encuentran presentes presos políticos, víctimas y familiares.
En su relato histórico, los presentes se remontan a los tiempos del Gobierno de la Unidad Popular. Cuentan que muchos mapuche de esta localidad participaron activamente y apoyaron al Gobierno del presidente Allende. Esto provocó que la dictadura reprimiera duramente a esta comunidad que cuenta con ejecutados, torturados y más de 40 desaparecidos. En la reunión se encuentran presentes presos políticos, víctimas y familiares.
Amnistía e impunidad.
Denuncian que la falta de investigación acerca de los autores materiales e intelectuales de las muertes de los cadáveres hallados tiene que ver con la continuidad en la función pública de los responsables del genocidio durante la Dictadura. Como ejemplo mencionan que el actual Alcalde de Tolten, fue jefe del Regimiento de Lautaro, donde fueron desenterrados los restos de desaparecidos. Como responsable del lugar en tiempos de la Dictadura debería ser investigado o por lo menos debiera dar explicaciones o información que seguramente posee.
Uno de los presentes agrega: “El tomó detenido a mi hermano.” Al hermano lo ejecutaron. Al alcalde lo procesaron, en el primer proceso, se declaró la amnistía, en el segundo, se declaró “cosa juzgada”. “Los criminales siguen sueltos, en plena impunidad. Y esa impunidad es la que hace que hoy día se repitan contra el pueblo mapuche hechos gravísimos como el asesinato a manos de carabineros de Alex Lemún y Matías Catrileo.” Denuncian que los autores de estos y otros crímenes siguen trabajando en la institución, quizá en otro lugar y muchas veces son premiados.” Piensan que hoy día los mapuche están viviendo como en una dictadura.
Como en las demás comunidades reclaman no tener acceso a representación legal, y denuncian que no existe un programa en la Región para seguimiento de estos casos. Que si bien existe a nivel nacional, no puede desplazarse a Santiago para hacer las presentaciones, también por falta de medios económicos.
Uno de los presentes agrega: “El tomó detenido a mi hermano.” Al hermano lo ejecutaron. Al alcalde lo procesaron, en el primer proceso, se declaró la amnistía, en el segundo, se declaró “cosa juzgada”. “Los criminales siguen sueltos, en plena impunidad. Y esa impunidad es la que hace que hoy día se repitan contra el pueblo mapuche hechos gravísimos como el asesinato a manos de carabineros de Alex Lemún y Matías Catrileo.” Denuncian que los autores de estos y otros crímenes siguen trabajando en la institución, quizá en otro lugar y muchas veces son premiados.” Piensan que hoy día los mapuche están viviendo como en una dictadura.
Como en las demás comunidades reclaman no tener acceso a representación legal, y denuncian que no existe un programa en la Región para seguimiento de estos casos. Que si bien existe a nivel nacional, no puede desplazarse a Santiago para hacer las presentaciones, también por falta de medios económicos.
NOTA: esta Misión tomó conocimiento, por ser público, que en días posteriores a la culminación de la misma, fue liberado el carabinero acusado de ser el autor material de la muerte de Matías Catrileo, en un procedimiento que se llevó a efecto por la justicia militar.
2.11 Entrevista con representante del SEREMI de Justicia, Sr. Cristian Dulanski. 30 de enero.
El entrevistado comienza manifestando que desde el punto de vista del gobierno, no se considera al llamado “conflicto mapuche” como un conflicto, si no más bien, como problemas con algunos de ellos. Con una pequeña minoría. Pero reconoce que los procesos culturales, económicos y sociales no han avanzado como ellos quisieran en la IX región. Dice que no se trata sólo de la comunidad mapuche, que se trata de una región “pluricultural” o “multicultural”, que existen otras “colonias” como la italiana, la alemana, que también tienen sus reclamos y hay que atender sus problemas para “asegurar el normal desarrollo de sus derechos”.
Nos informa que del ministerio a su cargo depende Gendarmería, con una función de custodia y ejecución de las órdenes emanadas del Poder Judicial. También está a su cargo el ministerio Público que cuenta incluso con una Defensoría Mapuche con carácter especializado. A través de estas dos instituciones este ministerio ha tomado un rol activo en los casos que son judicializados. Gendarmería garantiza las mejores condiciones de detención con los límites que ponen las precarias condiciones penitenciales que sufre la región, y la Defensoría Pública asegurando el derecho de defensa con personal especialmente idóneo en temas mapuche, prueba de ello es que en algunas causas se ha conseguido la absolución de los acusados.
Reconoce que dentro del Poder Judicial existe diferencia de posición respecto a los conflictos con la comunidad mapuche, que ha generado distintos fallos para los mismos casos.
Que si bien el gobierno central actual los ha instruido a aplicar una política de diálogo, reconoce que en la región ha habido avances y retrocesos por los numerosos cambios de Intendente producidos en los últimos años, con las diferencias políticas y antecedentes en la función publica que cada uno ha tenido.
Nos marca que el proceso de reivindicaciones mapuche ha sufrido un cambio en estos años, ya que surge fuertemente en los noventa puntualmente en el tema territorial, y que a partir del dos mil avanza hacia el reconocimiento cultural, económico, social ambiental y político.
En relación a la situación de los “presos de Angol” cree que hoy podrían estar gozando de beneficios tales como salidas dominicales, libertad vigilada y hasta rebajas de condena, si no se hubiera agudizado el conflicto, especialmente con las huelgas de hambre. Como ejemplo nos relata que en el llamado “caso de los Lonkos” ellos realizaron a través de gendarmería un trabajo que culminó con la libertad vigilada y la reducción de la pena por aplicación de la ley 19856.
En el caso de Patricia Troncoso, dice que la Comisión Técnica de Gendarmería consideró que no le eran aplicables esos beneficios porque, conforme al reglamento, la huelga de hambre es considerada mala conducta. Al ser consultado, afirma que las decisiones de dicha Comisión no son recurribles, y que lamentablemente no cuentan con un tribunal específico que entienda en materia de ejecución de penas, otorgamiento de beneficios y situación de los presos. Que sólo hay un conjunto asistemático de leyes de difícil articulación.
Nos informa que del ministerio a su cargo depende Gendarmería, con una función de custodia y ejecución de las órdenes emanadas del Poder Judicial. También está a su cargo el ministerio Público que cuenta incluso con una Defensoría Mapuche con carácter especializado. A través de estas dos instituciones este ministerio ha tomado un rol activo en los casos que son judicializados. Gendarmería garantiza las mejores condiciones de detención con los límites que ponen las precarias condiciones penitenciales que sufre la región, y la Defensoría Pública asegurando el derecho de defensa con personal especialmente idóneo en temas mapuche, prueba de ello es que en algunas causas se ha conseguido la absolución de los acusados.
Reconoce que dentro del Poder Judicial existe diferencia de posición respecto a los conflictos con la comunidad mapuche, que ha generado distintos fallos para los mismos casos.
Que si bien el gobierno central actual los ha instruido a aplicar una política de diálogo, reconoce que en la región ha habido avances y retrocesos por los numerosos cambios de Intendente producidos en los últimos años, con las diferencias políticas y antecedentes en la función publica que cada uno ha tenido.
Nos marca que el proceso de reivindicaciones mapuche ha sufrido un cambio en estos años, ya que surge fuertemente en los noventa puntualmente en el tema territorial, y que a partir del dos mil avanza hacia el reconocimiento cultural, económico, social ambiental y político.
En relación a la situación de los “presos de Angol” cree que hoy podrían estar gozando de beneficios tales como salidas dominicales, libertad vigilada y hasta rebajas de condena, si no se hubiera agudizado el conflicto, especialmente con las huelgas de hambre. Como ejemplo nos relata que en el llamado “caso de los Lonkos” ellos realizaron a través de gendarmería un trabajo que culminó con la libertad vigilada y la reducción de la pena por aplicación de la ley 19856.
En el caso de Patricia Troncoso, dice que la Comisión Técnica de Gendarmería consideró que no le eran aplicables esos beneficios porque, conforme al reglamento, la huelga de hambre es considerada mala conducta. Al ser consultado, afirma que las decisiones de dicha Comisión no son recurribles, y que lamentablemente no cuentan con un tribunal específico que entienda en materia de ejecución de penas, otorgamiento de beneficios y situación de los presos. Que sólo hay un conjunto asistemático de leyes de difícil articulación.
2.12 Entrevista con la Intendenta de la IXª Región, Sra. Norma Barrientos. 30 de enero.
Al incorporarse a la reunión, mantenida con el Seremi del Ministerio de Justicia en la Intendencia, nos comenta que ha sido designada recientemente por la Presidenta Bachelet con expresas instrucciones de llevar adelante una política de diálogo, en un momento crítico (asume el día de los funerales de Matías Catrileo). Que su posición es de convivencia pacífica pero que este conflicto exige disposición al diálogo por parte de todos los actores. Agrega que se ha podido consensuar o dialogar con empresas medianas y pequeñas, opinando que la solución no debe ser policial y que realizará un esfuerzo por retomar la agenda. Muestra preocupación por la existencia de Tribunales Militares.
Estima importante para el tratamiento de este conflicto, aquellos asuntos que son meramente delictuales, de aquellos que tiene que ver con reivindicaciones territoriales y culturales del pueblo mapuche. Para ello se ha reunido con diversos sectores del pueblo mapuche y les ha manifestado esta voluntad y que pueden manifestarse libremente, pero que este “gobierno ciudadano” no está de acuerdo con las manifestaciones violentas. También se ha reunido con sectores empresariales para solicitarles voluntad al diálogo y revisión de sus relaciones de vecindad. Está claro que grupos que se han instalado por la fuerza hace cien años, no tiene experiencia de diálogo. Pero que hoy le manifiestan que han aprendido y están construyendo “nuevas relaciones con algunas comunidades”.
Hoy el gobierno está en la búsqueda de nuevos mecanismos, como por ejemplo la designación de un comisionado especial.
Menciona al programa “Orígenes” y la “CONADI” como instituciones específicas pero que le falta incorporar la perspectiva indígena, y personas capacitadas para ello. Agrega que no será este gobierno quien reprima la lucha mapuche.
Consultados por la dificultad que tiene la comunidad mapuche de acceso a la justicia en materia penal por violaciones a sus derechos humanos y civil, especialmente en causas ambientales por obra pública y mega-emprendimiento, el Seremi responde que existe en materia penal, luego de la reforma, no se contempla un servicio de defensoría a las víctimas, que hoy se está considerando. Cuenta además que existe un servicio de Asistencia jurídica gratuita en materia civil dependiente de la Corporación de Asistencia Judicial. Y que existe un servicio similar dependiente de la CONADI. Admite que no es suficiente ni eficaz, por lo que actualmente, el Poder Judicial está replanteando todo el sistema de acceso a la justicia. Entre esto crear un sistema que prevea mecanismos tales como la mediación, la conciliación y resolución de conflictos.
La funcionaria nos relata el enorme esfuerzo por formar personas en la temática indígena en los diversos organismos actores en este conflicto, (carabineros, gendarmería, poder judicial, cargos políticos, etc), pues muchos problemas se producen por falta de formación. Se quejan de la intervención de muchas organizaciones civiles, que sólo polarizan el conflicto y lucran con ello.
Consultados acerca del conflicto en Temucuicui, manifiestan que aquí viven 120 familias aproximadamente y que el problema es sólo con unas pocas, que además tienen muy mala relación con los vecinos. Que muchas causas están más relacionadas con actos de delincuencia que de reivindicaciones territoriales.
Esta misión planteó que el concepto de pluriculturalidad de este conflicto debe ser considerado porque estamos frente a un pueblo preexistente, que reclama el reconocimiento como tal y que se siente invisibilizado y excluido del estado de derecho. La intendenta reconoce que como sociedad no han avanzado en este sentido, y que no existe una posición clara al respecto en todos los actores políticos.
Estima importante para el tratamiento de este conflicto, aquellos asuntos que son meramente delictuales, de aquellos que tiene que ver con reivindicaciones territoriales y culturales del pueblo mapuche. Para ello se ha reunido con diversos sectores del pueblo mapuche y les ha manifestado esta voluntad y que pueden manifestarse libremente, pero que este “gobierno ciudadano” no está de acuerdo con las manifestaciones violentas. También se ha reunido con sectores empresariales para solicitarles voluntad al diálogo y revisión de sus relaciones de vecindad. Está claro que grupos que se han instalado por la fuerza hace cien años, no tiene experiencia de diálogo. Pero que hoy le manifiestan que han aprendido y están construyendo “nuevas relaciones con algunas comunidades”.
Hoy el gobierno está en la búsqueda de nuevos mecanismos, como por ejemplo la designación de un comisionado especial.
Menciona al programa “Orígenes” y la “CONADI” como instituciones específicas pero que le falta incorporar la perspectiva indígena, y personas capacitadas para ello. Agrega que no será este gobierno quien reprima la lucha mapuche.
Consultados por la dificultad que tiene la comunidad mapuche de acceso a la justicia en materia penal por violaciones a sus derechos humanos y civil, especialmente en causas ambientales por obra pública y mega-emprendimiento, el Seremi responde que existe en materia penal, luego de la reforma, no se contempla un servicio de defensoría a las víctimas, que hoy se está considerando. Cuenta además que existe un servicio de Asistencia jurídica gratuita en materia civil dependiente de la Corporación de Asistencia Judicial. Y que existe un servicio similar dependiente de la CONADI. Admite que no es suficiente ni eficaz, por lo que actualmente, el Poder Judicial está replanteando todo el sistema de acceso a la justicia. Entre esto crear un sistema que prevea mecanismos tales como la mediación, la conciliación y resolución de conflictos.
La funcionaria nos relata el enorme esfuerzo por formar personas en la temática indígena en los diversos organismos actores en este conflicto, (carabineros, gendarmería, poder judicial, cargos políticos, etc), pues muchos problemas se producen por falta de formación. Se quejan de la intervención de muchas organizaciones civiles, que sólo polarizan el conflicto y lucran con ello.
Consultados acerca del conflicto en Temucuicui, manifiestan que aquí viven 120 familias aproximadamente y que el problema es sólo con unas pocas, que además tienen muy mala relación con los vecinos. Que muchas causas están más relacionadas con actos de delincuencia que de reivindicaciones territoriales.
Esta misión planteó que el concepto de pluriculturalidad de este conflicto debe ser considerado porque estamos frente a un pueblo preexistente, que reclama el reconocimiento como tal y que se siente invisibilizado y excluido del estado de derecho. La intendenta reconoce que como sociedad no han avanzado en este sentido, y que no existe una posición clara al respecto en todos los actores políticos.
2.13. Reunión con Organizaciones Mapuche de Temuco. 30 de enero.
Se congregaron en la sede cerca de 30 dirigentes, hombres y mujeres venidos de ciudades y pueblos como Galvarino, Licanray, Villarrica, integrantes de la Asamblea de mapuches de Izquierda.
María Lincopa denuncia que en la península de Licanray hay un lugar sagrado mapuche, por el cual luchó su comunidad, pero que el 28 de enero de 2008 el gobierno les entregó a otros el espacio, y a ellos los tomaron presos como usurpadores. Otra mapuche, de Villarrica, fue condenada en septiembre de 2007 a pagar una multa de 40.000 pesos que no posee ni para pagar en las cuotas fijadas. Todos los miembros de la familia fueron condenados, en total, $ 500.000. Además perdieron el trabajo pues tienen prohibición de volver a sus territorios donde ellos vendían a los turistas. Nadie tiene abogado. Otro dirigente, de Panguipulli, denuncia que su hermano en 1981 fue asesinado, le usurparon la tierra, que no hay justicia para el mapuche. A quien quieren tomar preso, lo toman nomás. Está presente el legendario dirigente Pascual Pichón, cuya familia fue perseguida y torturada en la dictadura, él es reconocido como prisionero político por la Comisión Valech. Su padre era lonko de la comunidad. A él lo apresaron por un robo que no cometió y fue condenado a 12 años, con testigos falsos, estuvo 3 años detenido. Los carabineros allanaron sin orden y mataron al padre sólo por pedir orden de allanamiento, e hirieron a sus dos hermanos. La causa está en Fiscalía Militar y los carabineros sueltos. La pericia demostró que sólo hubo balas de carabineros. No nos matan a todos de un viaje porque no hay una ley, entonces nos matan de a uno. Contra las balas nos defendemos a palos nomás. Ingresó también a la reunión un abogado, funcionario público que defiende gratuitamente casos mapuche. Este colega dijo que la violencia viene del Estado y que quien da la cara por los mapuche también es violentado en sus derechos. Condena el indebido proceso por la Ley Antiterrorista y los proyectos de dar más atribuciones a la justicia militar.
María Lincopa denuncia que en la península de Licanray hay un lugar sagrado mapuche, por el cual luchó su comunidad, pero que el 28 de enero de 2008 el gobierno les entregó a otros el espacio, y a ellos los tomaron presos como usurpadores. Otra mapuche, de Villarrica, fue condenada en septiembre de 2007 a pagar una multa de 40.000 pesos que no posee ni para pagar en las cuotas fijadas. Todos los miembros de la familia fueron condenados, en total, $ 500.000. Además perdieron el trabajo pues tienen prohibición de volver a sus territorios donde ellos vendían a los turistas. Nadie tiene abogado. Otro dirigente, de Panguipulli, denuncia que su hermano en 1981 fue asesinado, le usurparon la tierra, que no hay justicia para el mapuche. A quien quieren tomar preso, lo toman nomás. Está presente el legendario dirigente Pascual Pichón, cuya familia fue perseguida y torturada en la dictadura, él es reconocido como prisionero político por la Comisión Valech. Su padre era lonko de la comunidad. A él lo apresaron por un robo que no cometió y fue condenado a 12 años, con testigos falsos, estuvo 3 años detenido. Los carabineros allanaron sin orden y mataron al padre sólo por pedir orden de allanamiento, e hirieron a sus dos hermanos. La causa está en Fiscalía Militar y los carabineros sueltos. La pericia demostró que sólo hubo balas de carabineros. No nos matan a todos de un viaje porque no hay una ley, entonces nos matan de a uno. Contra las balas nos defendemos a palos nomás. Ingresó también a la reunión un abogado, funcionario público que defiende gratuitamente casos mapuche. Este colega dijo que la violencia viene del Estado y que quien da la cara por los mapuche también es violentado en sus derechos. Condena el indebido proceso por la Ley Antiterrorista y los proyectos de dar más atribuciones a la justicia militar.
2.14 Entrevista a Patricia Troncoso "la Chepa", en el Hospital de Chillán. 31 de enero.
Patricia Troncoso nos recibe en la habitación asignada en el Hospital de Chillan, al cual ha sido trasladada debido a su delicado estado de salud como consecuencia de la huelga de hambre que en el día de la fecha concluiría. Ella cumple en la prisión de Angol, la pena de 10 años y un día por el cargo de “incendio terrorista” en la causa denominada “Poluco Podenco”, en el marco de la Ley 18314. Esta Misión constata que pese al fuerte deterioro físico sufrido por la líder mapuche, se expresa con extraordinaria lucidez.
Al comenzar su alocución, agradece nuestra visita indicándonos que no desea hablar de la huelga de hambre, pues es sólo una más dentro de un proceso de lucha. Destaca que lo importante es poner a la vista el proceso de criminalización de las reivindicaciones mapuche, que termina con el encarcelamiento de sus dirigentes.
Reconoce que se trata de un proceso político e histórico que se ha dado desde hace mucho tiempo, pero que la expectativa que tenían en el gobierno actual se ha visto frustrada, pues no han cambiado las políticas a favor de la inversión en nuestro territorio.
Señala que “el problema mapuche se extiende de océano a océano, en el que están enfrentando la misma realidad de despojo de tierras, de devastación de recursos naturales, la falta de agua, y la imposibilidad de poder llevar adelante un proceso autónomo, marcado por la cuestión política, en términos de una reconstrucción política, para poder tener la capacidad de saber hacia donde ir. Es lo que se merece cualquier pueblo. Hoy día en el mundo se habla de autonomía de los pueblos, pero para nosotros es muy poco lo que podemos hacer en ese sentido”, continúa diciendo, “yo represento solamente la voz que pueden tener las comunidades en conflicto, no represento a las comunidades que se han beneficiado con la limosna de esta suerte de vaca que es el Estado”… “soy de las personas que han recuperado alrededor de 25.000 hectáreas de tierras usurpadas”.
Al comenzar su alocución, agradece nuestra visita indicándonos que no desea hablar de la huelga de hambre, pues es sólo una más dentro de un proceso de lucha. Destaca que lo importante es poner a la vista el proceso de criminalización de las reivindicaciones mapuche, que termina con el encarcelamiento de sus dirigentes.
Reconoce que se trata de un proceso político e histórico que se ha dado desde hace mucho tiempo, pero que la expectativa que tenían en el gobierno actual se ha visto frustrada, pues no han cambiado las políticas a favor de la inversión en nuestro territorio.
Señala que “el problema mapuche se extiende de océano a océano, en el que están enfrentando la misma realidad de despojo de tierras, de devastación de recursos naturales, la falta de agua, y la imposibilidad de poder llevar adelante un proceso autónomo, marcado por la cuestión política, en términos de una reconstrucción política, para poder tener la capacidad de saber hacia donde ir. Es lo que se merece cualquier pueblo. Hoy día en el mundo se habla de autonomía de los pueblos, pero para nosotros es muy poco lo que podemos hacer en ese sentido”, continúa diciendo, “yo represento solamente la voz que pueden tener las comunidades en conflicto, no represento a las comunidades que se han beneficiado con la limosna de esta suerte de vaca que es el Estado”… “soy de las personas que han recuperado alrededor de 25.000 hectáreas de tierras usurpadas”.
Persecución política y judicial. Ley Antiterrorista.
Afirma que esta huelga obedeció a un castigo impuesto por el gobierno y que la primera huelga se hizo para pedir un set de beneficios que les era negado, que incluía trabajo en el campo y que hubiera permitido la reducción de la condena. “Este régimen nos lo negaron porque somos considerados “terroristas”. Nuestra conducta era impecable. Luego del levantamiento de la primera con la promesa de asignarnos esos beneficios, nos los vuelven a negar con la excusa de que la huelga de hambre es considerada mala conducta. Eso no es verdad, porque el año pasado nos dieron nuevamente los dos meses de reducción por buena conducta, entonces no puede haber mala conducta”.
Hace notar que los presos de este emblemático caso “Poluco- Podenco” son todos líderes. Que en general, la mayoría de los presos en estas causas enmarcadas en la Ley antiterrorista, son líderes de la comunidad. Que esto obedece a un plan trazado durante el gobierno del presidente Lagos, llamado “Plan Paciencia”. Por este plan se realizó una suerte de “catastro” de las comunidades, relevando los conflictos, sus líderes, sus actividades y recursos con los que cuentan. A partir de ello se agudizó la persecución de los dirigentes y se inventaron causas, regidas por la ley 18314, con testigos protegidos o sin rostro, remunerados muchos de ellos, a los que se les admite el cambio de declaraciones con el consiguiente cercenamiento en la capacidad de defensa de los acusados. Esta causas además -continúa diciendo- carece de pruebas suficientes para incriminarnos y se basa fundamentalmente en estos cuestionados testimonios. En muchos de ellos también se ha rechazado la prueba y los testigos ofrecidos por los acusados (se recomienda la lectura del Informe “INDEBIDO PROCESO” en este punto). En el caso que nos ocupa, hasta fue apartada una jueza por que consideraba que no se trataba de delito terrorista.
Asegura que utilizan esta ley porque es la única forma de condenarlos ya que no tienen pruebas suficientes, “…sólo saben que los incendios los cometen mapuche, ¿qué mapuche? No lo saben. Por eso recurren a esos procedimientos.” Continúa diciendo que por la misma razón atacan a los grupos de apoyo. Y es en esta persecución que asesinan por la espalda al estudiante universitario Matías Catrileo, o reprimen y detienen simpatizantes con la causa. Causa que es justamente contra el sistema imperante y que los pinos y los eucaliptos son un símbolo del daño que les ocasiona al pueblo mapuche. Que ellos no tienen afán destructivo. Solo actúan porque la acción de las forestales con la plantación descomunal, les genera falta de agua, erosión del territorio, contaminación por pesticidas, falta de alimentos y empobrecimiento gradual. La expansión económica no respeta sus territorios, no respeta la ley vigente, ni los valores fundamentales de la vida, pues el argumento de “tecnología limpia” aquí no existe. Prueba de ello son el estado de los ríos, las salmoneras, el cambio del color del agua, la pérdida del bosque exótico, la explotación minera e incluso contaminación radioactiva.
Hace notar que los presos de este emblemático caso “Poluco- Podenco” son todos líderes. Que en general, la mayoría de los presos en estas causas enmarcadas en la Ley antiterrorista, son líderes de la comunidad. Que esto obedece a un plan trazado durante el gobierno del presidente Lagos, llamado “Plan Paciencia”. Por este plan se realizó una suerte de “catastro” de las comunidades, relevando los conflictos, sus líderes, sus actividades y recursos con los que cuentan. A partir de ello se agudizó la persecución de los dirigentes y se inventaron causas, regidas por la ley 18314, con testigos protegidos o sin rostro, remunerados muchos de ellos, a los que se les admite el cambio de declaraciones con el consiguiente cercenamiento en la capacidad de defensa de los acusados. Esta causas además -continúa diciendo- carece de pruebas suficientes para incriminarnos y se basa fundamentalmente en estos cuestionados testimonios. En muchos de ellos también se ha rechazado la prueba y los testigos ofrecidos por los acusados (se recomienda la lectura del Informe “INDEBIDO PROCESO” en este punto). En el caso que nos ocupa, hasta fue apartada una jueza por que consideraba que no se trataba de delito terrorista.
Asegura que utilizan esta ley porque es la única forma de condenarlos ya que no tienen pruebas suficientes, “…sólo saben que los incendios los cometen mapuche, ¿qué mapuche? No lo saben. Por eso recurren a esos procedimientos.” Continúa diciendo que por la misma razón atacan a los grupos de apoyo. Y es en esta persecución que asesinan por la espalda al estudiante universitario Matías Catrileo, o reprimen y detienen simpatizantes con la causa. Causa que es justamente contra el sistema imperante y que los pinos y los eucaliptos son un símbolo del daño que les ocasiona al pueblo mapuche. Que ellos no tienen afán destructivo. Solo actúan porque la acción de las forestales con la plantación descomunal, les genera falta de agua, erosión del territorio, contaminación por pesticidas, falta de alimentos y empobrecimiento gradual. La expansión económica no respeta sus territorios, no respeta la ley vigente, ni los valores fundamentales de la vida, pues el argumento de “tecnología limpia” aquí no existe. Prueba de ello son el estado de los ríos, las salmoneras, el cambio del color del agua, la pérdida del bosque exótico, la explotación minera e incluso contaminación radioactiva.
Diferencia de trato. Justicia militar.
Como pueblo se consideran jurídicamente desamparados. Tampoco tienen un organismo de Derechos Humanos para los Mapuche. Ellos no quieren limosnas sólo quieren que se les reconozcan sus derechos.
Manifiesta que espera de esta misión los apoye en la presentación ante la Corte Interamericana. Y en la realización en marzo de este año planean reunirse como grupo con el Gobierno para llegar a un acuerdo sobre:
Manifiesta que espera de esta misión los apoye en la presentación ante la Corte Interamericana. Y en la realización en marzo de este año planean reunirse como grupo con el Gobierno para llegar a un acuerdo sobre:
Ley antiterrorista, Juicio justo y debido proceso y Testigos protegidos.
Creen que es necesaria la definición de la conducta terrorista, y que se excluyan los delitos contra la propiedad del tipo jurídico.
Resalta que a pesar de no haber dañado a nadie, son estigmatizados, denostados y considerados terroristas.
Reclaman la derogación de la justicia militar para los casos de abusos y violaciones de los derechos humanos. Paradójicamente, dice “no hay condenas a los asesinos de nuestros muertos. Solo por mencionar dos, tanto en el caso de Alex Lemún –que fue muerto por palos en la cabeza- como el de Matías Catrileo, los responsables gozan de libertad y todos los beneficios como funcionarios.”
Resalta que a pesar de no haber dañado a nadie, son estigmatizados, denostados y considerados terroristas.
Reclaman la derogación de la justicia militar para los casos de abusos y violaciones de los derechos humanos. Paradójicamente, dice “no hay condenas a los asesinos de nuestros muertos. Solo por mencionar dos, tanto en el caso de Alex Lemún –que fue muerto por palos en la cabeza- como el de Matías Catrileo, los responsables gozan de libertad y todos los beneficios como funcionarios.”
3. OBSERVACIONES.
3.1 REDUCCIÓN TERRITORIAL
Hablamos de Reducción Territorial para entender la forma en que el territorio de un pueblo fue siendo disminuido y transformado por la vía de la fuerza y por sucesivas legislaciones del Estado en tierras de carácter comunitario o individual. Diversas fuentes así lo confirman.
“A la llegada del Europeo en 1536, la nación Mapuche extendía su influencia entre el río Copiapó por el Norte y la Isla de Chiloé por el sur. En esa extensión territorial, incluyendo las costas del Norte Grande, se hablaba mapuzugun” .
El informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, creada en enero de 2001 mediante Decreto presidencial con el objeto de que asesorara al gobierno Lagos en la elaboración de una nueva política para el Estado de Chile para abordar los problemas fundamentales de los pueblos indígenas señala que: hacia principios del siglo XV las diversas agrupaciones que conforman la cultura mapuche se encuentran establecidas en el amplio espacio territorial que va desde el río Limarí por el Norte y la Isla Grande de Chiloé por el sur.
Posteriormente en los diversos parlamentos con la corona española esté les reconoció a los mapuche un territorio de alrededor de 10.000.000 de hectáreas, desde el río Bio Bio al sur.
A partir de la derrota militar Mapuche de 1881, en la guerra contra el pueblo mapuche (Pacificación de la Araucanía). El Estado chileno (1884-1930) redujo el territorio mapuche a 500.000 hectáreas, en el llamado proceso de radicación indígena que fue acompañada por la desarticulación de su forma de organización, muy especialmente al entregarse títulos de merced sobre pequeños espacios del territorio ancestral. Este proceso reduccional se profundiza con las diversas legislaciones hasta 1990 que permitieron la división de las comunidades y una disminución de territorio de alrededor de de 200.000 hectáreas más.
De esta forma, los grandes lonkos fueron obligados a reducirse en ellos, debiendo emigrar parte importante de sus familias extensas, que quedaron imposibilitadas de reproducir sus ciclos de extensión como pueblo al transformarse en unidades territoriales fijas y pequeñas, subordinadas al dominio de un Estado que para constituirse como uninacional elimina la existencia de otros pueblos y/o naciones como la mapuche.
Las cifras sobre la población indígena en Chile varían entre: a) 666.319 indígenas por sobre 15 millones de chilenos (4%), según encuesta CASEN año 2000; b) Un millón sobre la base de la auto identificación 1992, Censo de Población y Vivienda; c) Un millón setecientos mil, para las organizaciones indígenas.
En la actualidad, el modelo de desarrollo económico ha impuesto una forma de reducción territorial derivada del desarrollo de los mega-proyectos que transforman precipitada e irreversiblemente el hábitat, provocando consecuencias de carácter determinante para la supervivencia del pueblo Mapuche: erradicación de familias, mutación de su medio ambiente, destrucción de su forma de organización y de sus objetos simbólicos preciados, lo que es percibido como una nueva invasión, como una guerra, como una nueva “pacificación” y, en definitiva, estos proyectos conllevan la reducción territorial mencionada.
“A la llegada del Europeo en 1536, la nación Mapuche extendía su influencia entre el río Copiapó por el Norte y la Isla de Chiloé por el sur. En esa extensión territorial, incluyendo las costas del Norte Grande, se hablaba mapuzugun” .
El informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, creada en enero de 2001 mediante Decreto presidencial con el objeto de que asesorara al gobierno Lagos en la elaboración de una nueva política para el Estado de Chile para abordar los problemas fundamentales de los pueblos indígenas señala que: hacia principios del siglo XV las diversas agrupaciones que conforman la cultura mapuche se encuentran establecidas en el amplio espacio territorial que va desde el río Limarí por el Norte y la Isla Grande de Chiloé por el sur.
Posteriormente en los diversos parlamentos con la corona española esté les reconoció a los mapuche un territorio de alrededor de 10.000.000 de hectáreas, desde el río Bio Bio al sur.
A partir de la derrota militar Mapuche de 1881, en la guerra contra el pueblo mapuche (Pacificación de la Araucanía). El Estado chileno (1884-1930) redujo el territorio mapuche a 500.000 hectáreas, en el llamado proceso de radicación indígena que fue acompañada por la desarticulación de su forma de organización, muy especialmente al entregarse títulos de merced sobre pequeños espacios del territorio ancestral. Este proceso reduccional se profundiza con las diversas legislaciones hasta 1990 que permitieron la división de las comunidades y una disminución de territorio de alrededor de de 200.000 hectáreas más.
De esta forma, los grandes lonkos fueron obligados a reducirse en ellos, debiendo emigrar parte importante de sus familias extensas, que quedaron imposibilitadas de reproducir sus ciclos de extensión como pueblo al transformarse en unidades territoriales fijas y pequeñas, subordinadas al dominio de un Estado que para constituirse como uninacional elimina la existencia de otros pueblos y/o naciones como la mapuche.
Las cifras sobre la población indígena en Chile varían entre: a) 666.319 indígenas por sobre 15 millones de chilenos (4%), según encuesta CASEN año 2000; b) Un millón sobre la base de la auto identificación 1992, Censo de Población y Vivienda; c) Un millón setecientos mil, para las organizaciones indígenas.
En la actualidad, el modelo de desarrollo económico ha impuesto una forma de reducción territorial derivada del desarrollo de los mega-proyectos que transforman precipitada e irreversiblemente el hábitat, provocando consecuencias de carácter determinante para la supervivencia del pueblo Mapuche: erradicación de familias, mutación de su medio ambiente, destrucción de su forma de organización y de sus objetos simbólicos preciados, lo que es percibido como una nueva invasión, como una guerra, como una nueva “pacificación” y, en definitiva, estos proyectos conllevan la reducción territorial mencionada.
3.2 EFECTOS DE LOS MEGA PROYECTOS EN LA SUPERVIVENCIA REPRODUCCIÓN DEL PUEBLO MAPUCHE.
La sociedad chilena participa de un modelo económico neoliberal primario exportador, cuyos principales enclaves –minería, forestal, pesca y acuicultura- presionan sobre territorios y recursos indígenas. La “ley Indígena” 19.253 no protege adecuadamente las tierras indígenas ni sus recursos naturales. Tampoco lo logra la adopción del “Convenio sobre Diversidad Biológica” ni la Agenda 21 (Programa de Acción para el Desarrollo Sustentable) - ambos suscriptos por este país en la Conferencia de Río 1992- ni la “Ley de Bases del Medio Ambiente”.
En lo referente al derecho de consulta, consagrado tanto en la Ley indígena como en el Convenio 169 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, tampoco establece mecanismos de consulta eficientes, ya que la participación en los mecanismos de “participación de los Estudios de Impacto Ambiental”, es meramente formal para las comunidades, las que desprovistas de recursos económicos y técnicos deben abordar una relación muy desigual, en que la decisión final, recae en un órgano de carácter político, cuya opción ha sido por el “desarrollo” de proyectos de inversión, en el marco de un modelo de desarrollo impuesto al pueblo mapuche.
Por otra parte, las distintas leyes sectoriales facilitan y protegen la inscripción de derechos de propiedad privados sobre recursos que tradicionalmente han pertenecido al pueblo Mapuche. En lo que atañe al territorio mapuche -VIII, IX y X Región- en los últimos años han surgido diversos conflictos socio-culturales en torno a la puesta en marcha de grandes proyectos de desarrollo. Los casos más relevantes son la Central Hidroeléctrica de Ralco en el Alto Biobío; la construcción del by-pass en Temuco; el proyecto de construcción del Aeropuerto en Quepe, con la consiguiente contaminación auditiva, alteración de cursos de agua y afectación de lugares sagrados. En territorio Lafkenche cabe mencionar la Carretera de la Costa, Plantas de tratamiento de aguas servidas y residuos de planta de celulosa; la construcción de represas y establecimientos salmonícolas, que impiden acceder libremente a sus tradicionales recursos de pesca y productos costeros, con enorme incidencia en el medio ambiente, en la pureza de las aguas y en el desarrollo de flora y fauna que acompaña la cosmovisión Mapuche.
Finalmente, el más importante factor de conflicto es el gran complejo de explotación forestal en acelerada expansión y distribuido por todo el territorio. Las principales consecuencias del desarrollo de las plantaciones forestales son la pérdida sus fuentes de agua (para consumo y riego), la disminución o desaparición de la fauna silvestre (que formó parte de su dieta) y la vegetación del sotobosque (tradicionalmente utilizada con fines rituales, medicinales y alimenticios); también el uso de herbicidas y de plaguicidas, mediante fumigación aérea y otras prácticas fitosanitarias, afecta de varias maneras a la salud y a los cultivos; la contaminación de los lagos, ríos y cursos de agua, con pérdidas importantes de su potencial ictiológico (pesca).
Muchos de los megaproyectos mencionados están radicados en tierras sagradas o sitios espirituales.
La alteración del hábitat aquí enumerada, afecta no solamente la economía alimenticia sino también la medicina tradicional mapuche, una de cuyas fuentes es la herbolaria en el marco de una trama de relaciones de los médicos tradicionales (machis) con los espacios, fuerzas y realidades de la naturaleza y de la vida espiritual, el tejido social y cultural de las comunidades.
Este proceso ha generado creciente pobreza en la región y ha empujado a muchos jóvenes a emigrar. A pesar de que existen programas asistenciales de iniciativa estatal y privada, éstos no han compensado los perjuicios ocasionados, ni se basan en la preservación y desarrollo de pautas culturales pertenecientes a los pueblos originarios.
Los comuneros afirman que, a pesar de tener grandes dificultades para acceder a asistencia jurídica, han recurrido a instancias administrativas y judiciales para hacer valer sus derechos y exigir la realización de procesos de consulta y evaluaciones de impacto ambiental, con magros resultados. Este discurso es común a todas las unidades visitadas. La notoria ausencia del Estado aportando medios técnicos para la defensa de derechos esenciales, unida a su falta de repuesta ante demandas concretas, mientras se degradan los objetos en que se asientan cohesión social, cosmovisión y forma de producción familiar, irremediablemente lleva a la reducción, asimilación y pasividad de algunos, desesperanza, movilización y reafirmación identitaria de otros.
Existe una clara tensión entre el desarrollo del sistema de producción del capital globalizado y la vida del pueblo Mapuche asentada sobre sus propias formas culturales. No puede ocultarse que al trascender la cultura a la vida, la destrucción de una implica la pérdida de la otra. Por eso, los pacíficos lonkos, hablando pausado, mostraron que el destino de sus vidas está tan unido al de su hábitat, a los cerros Treng Treng, a recolectar el lawen, que ya no les cabe sino morir con ellos.
3.3. EDUCACIÓN MAPUCHE Y DERECHOS CULTURALES
El Programa de Educación Intercultural bilingüe del Ministerio de Educación de nuestro país señala que “la Educación Intercultural Bilingüe es el modelo educativo que le permitirá ejercer su derecho natural de aprender la lengua de su pueblo, y a través de ella, conectarse con lo fundamental de su cultura de origen y al mismo tiempo aprender la lengua nacional que le ha de servir para conocer y manejar los códigos culturales de la sociedad nacional” definición que no se acerca al carácter amplio de educación cuya “base es el respeto a la naturaleza, el respeto a los abuelos un reconocimientos a nosotros mismos lleno de principios y valores”.
La mayoría de las comunidades no se beneficia aún con estos programas y hasta la fecha el sistema educativo no ha respondido plenamente a la demanda indígena de protección, preservación y fomento de su cultura. Por otro lado, el reclamo por la preservación de la identidad cultural es evidente en todas las regiones visitadas no sólo por el difícil acceso a la educación de los niños indígenas así como por un aumento importante de las altas tasas de fracaso y deserción escolar. Existe un bajo número de niños y niñas indígenas que llegan a la enseñanza secundaria desalentados por un sistema que les resulta ajeno y que define su forma de ser como trastornos de conducta. Según los relatos, la educación oficial ofrecida en el seno de las comunidades, aún la bilingüe, es acompañada generalmente por la visión oficial de la historia y por una fuerte ideología religiosa.
En este sentido, la demanda señalada se refiere, por una parte a exigir una educación bilingüe e intercultural y por otra a una educación mapuche, como un derecho de carácter colectivo-cultural, que permite el reconocimiento por parte del estado de su identidad cultural, de su lengua como idioma oficial, de una educación bilingüe, de una educación propia y de una educación intercultural y que consecuentemente debe generar políticas públicas, otorgando recursos económicos para implementar este reconocimiento, o para que los mapuche lo implementen.
Esta demanda -se nos señala- ha sido recogida por el Estado de acuerdo a patrones culturales exógenos, sin participación, más bien “como imposición” y “en forma deficiente” a través del sistema de “Becas indígenas”, “Concursos de formación especializada de profesionales y técnicos indígenas” y “Programas de aplicación de diseño curricular”.
La mayoría de las comunidades no se beneficia aún con estos programas y hasta la fecha el sistema educativo no ha respondido plenamente a la demanda indígena de protección, preservación y fomento de su cultura. Por otro lado, el reclamo por la preservación de la identidad cultural es evidente en todas las regiones visitadas no sólo por el difícil acceso a la educación de los niños indígenas así como por un aumento importante de las altas tasas de fracaso y deserción escolar. Existe un bajo número de niños y niñas indígenas que llegan a la enseñanza secundaria desalentados por un sistema que les resulta ajeno y que define su forma de ser como trastornos de conducta. Según los relatos, la educación oficial ofrecida en el seno de las comunidades, aún la bilingüe, es acompañada generalmente por la visión oficial de la historia y por una fuerte ideología religiosa.
En este sentido, la demanda señalada se refiere, por una parte a exigir una educación bilingüe e intercultural y por otra a una educación mapuche, como un derecho de carácter colectivo-cultural, que permite el reconocimiento por parte del estado de su identidad cultural, de su lengua como idioma oficial, de una educación bilingüe, de una educación propia y de una educación intercultural y que consecuentemente debe generar políticas públicas, otorgando recursos económicos para implementar este reconocimiento, o para que los mapuche lo implementen.
Esta demanda -se nos señala- ha sido recogida por el Estado de acuerdo a patrones culturales exógenos, sin participación, más bien “como imposición” y “en forma deficiente” a través del sistema de “Becas indígenas”, “Concursos de formación especializada de profesionales y técnicos indígenas” y “Programas de aplicación de diseño curricular”.
3.4 - TERRITORIO MILITARIZADO. USO DE LA FUERZA. FUNCIONES POLICIALES.
Tal como se mencionara, los Mapuche han recurrido a diversas formas de presión y reivindicación para defender sus derechos: Diversas formas de movilización social, y reprotesta en torno a la demanda de restitución de sus tierras y territorios y de sus derechos colectivos.
El Estado ha desplegado un accionar policial violento. Est
El Estado ha desplegado un accionar policial violento. Est
