INFORME SOBRE LA REPRESIÓN DEL PUEBLO MAPUCHE
INFORME SOBRE LA REPRESIÓN Y CRIMINALIZACIÓN DEL PUEBLO MAPUCHE EN CHILE.
TEXTO PRESENTACIÓN DE INFORME DE LA MISIÓN.
TEXTO PRESENTACIÓN DE INFORME DE LA MISIÓN.
El Informe que entregamos en esta ceremonia es el resultado de un trabajo conjunto de los “misioneros”, que a nuestro regreso de las tierras de la Novena Región, a fines de enero pasado, consideramos exponer en qué consistió, cuál fue su origen y antecedentes, y la agenda de la visita, conjuntamente con observaciones, conclusiones, y finalmente las recomendaciones que se entregan al Gobierno y el Estado de Chile. Debo confesar que cuando lanzamos la idea de la Misión, ninguno de sus integrantes pensó en las proyecciones que ella tendría, en cuanto a profundizar en la compleja situación, y más que eso, dramática, por la que atraviesan cientos de miles de nuestros hermanos mapuche. La palabra “misioneros” personalmente me retrotraía a aquellos lejanos siglos que antecedieron a la formación de la República. Visualizaba los aguerridos soldados de Diego de Almagro, Pedro de Valdivia y otros valientes que cruzaron el macizo de la cordillera de Los Andes para iniciar la conquista de Chile. Naturalmente no eran “misioneros”, eran los señores de la Conquista, arrojados y valientes, pero no “misioneros”. A los Misioneros se les ha identificado con los legionarios, los frailes, que llegaron junto a los conquistadores con sus cruces al pecho, predicando la fe en un dios desconocido para los habitantes del Chile, el país más lejano y aislado. Eran los misioneros de una nueva fe. Pero nosotros, en los comienzos del siglo XXI, el acápite de misioneros me causaba extrañeza. ¿Misioneros de qué? Si gramaticalmente debe entenderse como los integrantes de lo que denominamos ambiciosamente Misión a territorio mapuche, es claro que la denominación de misioneros resultaba lógica. De esta suerte los seis integrantes de la Misión, abogados de las Rama Chilena y Argentina de la AAJ, devenimos en “Misioneros”. Siento que el objetivo de nuestra Misión, hacer una visita in situ a las localidades de la Novena Región, correspondía a la identificación de todos nosotros por la causa más noble del pueblo mapuche: rescatar su territorio, defender su identidad como pueblo originario, su cultura, sus costumbres y ceremoniales, defender la identificación con la madre tierra, el agua, sus árboles, su geografía, cada vez más vulneradas y lesionadas por la implantación de megaproyectos, forestales, salmoníferos, de aeropuertos, que en suma han sido y son una invasión y una nueva “guerra”, como muchos dirigentes de las comunidades nos señalaron.
Asimismo, la violencia policial en contra de las demandas sociales del pueblo mapuche, que no se resigna a morir, contra la criminalización de tales demandas y la aplicación de una justicia que vulnera los derechos humanos, las normas del debido proceso del estado de derecho, el derecho de defensa y que colocan a nuestro país a años luz de la vigencia y aplicación y cumplimiento a las normas del Derecho Internacional, que en el número sexto del Informe, con el título de Legislación, se enumeran.
El Informe está contenido en 60 páginas, más anexos. En el Capítulo Primero nos referimos a los antecedentes, organizaciones integrantes de la Misión, su origen, fundamentos, declaraciones de la AAJ sobre la detención de José Huenchunao (2007), y otra de enero de este año a raíz de la muerte de Matías Catrileo. Estos antecedentes fueron los que motivaron la necesidad de organizar esta Misión Conjunta, recalcando la agudización del clima de violencia que afectaba a las comunidades de la Novena Región, los hechos gravísimos de la violencia ejercida por la fuerza pública para acallar las protestas y demandas; el hecho de silenciar por la fuerza el derecho de los chilenos a manifestarse, fundamental en nuestro orden jurídico; la necesidad de que la solución a los problemas planteados sea abordada por las autoridades con medidas de fondo, que excluyan el uso indiscriminado de la violencia y represión, la aplicación de la Ley Antiterrorista y de la Justicia Militar, la obligación de respetar los acuerdos y Convenciones internacionales que determinan el respeto del Derecho de los pueblos indígenas a su integridad, identidad, cultura, tanto como el respeto a sus vidas y a recuperar las tierras usurpadas. La dramática huelga de hambre de los dirigentes mapuche en la cárcel de Angol, y la huelga de hambre de más cien días de Patricia Troncoso, constituyeron el impulso para poner en marcha a los misioneros.
En el Capítulo Dos del Informe se describe la agenda de la Misión, las actividades, entrevistas y reuniones, comunidades y organizaciones del territorio Lafkenmapu en la comunidad de Yenehue, comuna de Puerto Domínguez, más allá del lago Budi y de Puerto Saavedra, las reuniones con la Asociación mapuche Ayún Mapu – Quepe; la visita al sector Ailla Rehue de Truf Truf, las visitas a las comunidades de Tricauco y Temucuicui, comuna de Ercilla, las visitas a la cárcel femenina de Temuco y a la cárcel de Angol, las entrevistas con organizaciones de derechos humanos de Lautaro, con la Asamblea de Mapuches de Izquierda, con autoridades (Intendete y Seremi de Justicia de Temuco) y la última entrevista la Chepa en el hospital de Chillán.
Personalmente siento que las entrevistas en el seno de las comunidades, el escuchar de viva voz el relato de los dirigentes y comuneros, fue una experiencia enriquecedora, y más que eso, profundamente impactante, y que será difícil sepultar en la memoria.
Recuerdo frases del Peñi Leonardo Calfuleo en la reunión de la comunidad Yenehue, en aquel recinto medio techado, con piso de tierra y duras bancas de madera, en que permanecimos sentados más de 5 horas sin sentir cansancio ni hambre, tal vez solamente el agobio del calor de 37 grados. El Peñi nos contaba, para explicar los derechos ancestrales sobre el territorio que habitan y evocar referencias históricas: “el terreno para nosotros es la base de la cultura mapuche”. Su relato histórico, expresado en la poesía de su lenguaje, de l extensión del territorio mapuche al sur del gran río Biobío, que reconoció la Corona Española en 1641, ratificado en el Parlamento de Negrete en 1803 y en 1821 por la República; las etapas como civilización: “ahora estamos en la Cuarta Historia… las dos primeras etapas históricas fueron tiempos de armonía con la naturaleza, de equilibro total. En la Tercera Historia comienza la invasión de los occidentales y tuvimos que defendernos, luego fueron los Tratados y Parlamentos, estableciendo como frontera al Biobío, después comienza la invasión por el Estado, que arrebata nuestros derechos. Ahora estamos en la Cuarta Historia, que es la etapa de recuperación de nuestro territorio y nuestra cultura. Somos un pueblo que no quiere morir… Los megaproyectos como la carretera de la costa destruyen nuestra tierra. Nuestra fuerza es la tierra, es lo primordial. Resistimos en la comunidad. Se trata de una guerra por la recuperación de nuestra tierra, pero es una guerra sin fusiles”. Este testimonio resulta relevante para entender su cosmovisión y para dimensionar el daño espiritual, ambiental y cultural que implica la devastación del hábitat producida por los megaemprendimientos, las obras públicas y explotación de recursos dentro del territorio ancestral.
La misma impresión recogió la Misión en las otras reuniones que hemos señalado y que resultan fundamentales para entender el problema en su conjunto. No nos corresponde el relato pormenorizado de la cronología de la Misión, pero sí recomendar a los presentes su lectura. En el Capítulo referido a las Observaciones, la Misión trata de explicar los hechos de la reducción territorial; los efectos de los megaproyectos, la educación mapuche y los derechos culturales, la militarización del territorio, el uso de la fuerza y la aplicación de la justicia militar a civiles, el debido proceso, los presos políticos, las disposiciones antiterroristas, el acceso a la justicia, la Reforma Constitucional, las instancias de participación y los conceptos de pueblo, nación y libre determinación. En el Capítulo Cuarto se analiza la legitimidad de las reivindicaciones mapuches y otros temas que desarrollan las observaciones.
La Misión, en el orden de las conclusiones, se permite recomendar 20 medidas que se sugieren al Gobierno y sus autoridades y que estimamos importante para abordar integralmente una solución dentro del marco de la justicia, el derecho y el respeto al pueblo mapuche.
Finalmente, creo que, aunque la situación es compleja, si hay voluntad política para dialogar, ayudar, poner fin a la violación de los derechos humanos de los mapuches, debemos solidarizar con su lucha. Hay que tener presente el heroísmo de una Patricia Troncoso, que adoptó la identidad mapuche desde el campo de la teología, y expuso su vida en la huelga de hambre de más de cien días, y la valentía de Juana Calfunao, prisionera junto a su hermana Mercedes en la cárcel femenina de Temuco, con su esposo e hijos también presos políticos, mantiene en alto su rebeldía y la convicción de la justicia profunda de su causa. Nunca olvidaré sus palabras cuando ingresó vestida de negro con una rosa en el pelo, con su pecho ornado por la platería y en vez de saludo, nos dijo: “ante morir doblado mejor morir de pie”.
Muchas gracias en nombre de la Misión de la AAJ a todos los que contribuyeron a lograr nuestro esfuerzo, especialmente al Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, de Temuco, que coordina José Aylwin, por la gran ayuda otorgada. Gracias al cineasta Antoine que grabó en imágenes el itinerario de la Misión. Gracias también a Domingo Marileo, presidente de la Asamblea de Mapuches de Izquierda, que fue nuestro guía permanente y traductor. Gracias a todos los lonkos, peñis, que nos recibieron, no en calidad de forasteros sino como amigos solidarios. Gracias a todos ustedes por concurrir esta tarde.
Asimismo, la violencia policial en contra de las demandas sociales del pueblo mapuche, que no se resigna a morir, contra la criminalización de tales demandas y la aplicación de una justicia que vulnera los derechos humanos, las normas del debido proceso del estado de derecho, el derecho de defensa y que colocan a nuestro país a años luz de la vigencia y aplicación y cumplimiento a las normas del Derecho Internacional, que en el número sexto del Informe, con el título de Legislación, se enumeran.
El Informe está contenido en 60 páginas, más anexos. En el Capítulo Primero nos referimos a los antecedentes, organizaciones integrantes de la Misión, su origen, fundamentos, declaraciones de la AAJ sobre la detención de José Huenchunao (2007), y otra de enero de este año a raíz de la muerte de Matías Catrileo. Estos antecedentes fueron los que motivaron la necesidad de organizar esta Misión Conjunta, recalcando la agudización del clima de violencia que afectaba a las comunidades de la Novena Región, los hechos gravísimos de la violencia ejercida por la fuerza pública para acallar las protestas y demandas; el hecho de silenciar por la fuerza el derecho de los chilenos a manifestarse, fundamental en nuestro orden jurídico; la necesidad de que la solución a los problemas planteados sea abordada por las autoridades con medidas de fondo, que excluyan el uso indiscriminado de la violencia y represión, la aplicación de la Ley Antiterrorista y de la Justicia Militar, la obligación de respetar los acuerdos y Convenciones internacionales que determinan el respeto del Derecho de los pueblos indígenas a su integridad, identidad, cultura, tanto como el respeto a sus vidas y a recuperar las tierras usurpadas. La dramática huelga de hambre de los dirigentes mapuche en la cárcel de Angol, y la huelga de hambre de más cien días de Patricia Troncoso, constituyeron el impulso para poner en marcha a los misioneros.
En el Capítulo Dos del Informe se describe la agenda de la Misión, las actividades, entrevistas y reuniones, comunidades y organizaciones del territorio Lafkenmapu en la comunidad de Yenehue, comuna de Puerto Domínguez, más allá del lago Budi y de Puerto Saavedra, las reuniones con la Asociación mapuche Ayún Mapu – Quepe; la visita al sector Ailla Rehue de Truf Truf, las visitas a las comunidades de Tricauco y Temucuicui, comuna de Ercilla, las visitas a la cárcel femenina de Temuco y a la cárcel de Angol, las entrevistas con organizaciones de derechos humanos de Lautaro, con la Asamblea de Mapuches de Izquierda, con autoridades (Intendete y Seremi de Justicia de Temuco) y la última entrevista la Chepa en el hospital de Chillán.
Personalmente siento que las entrevistas en el seno de las comunidades, el escuchar de viva voz el relato de los dirigentes y comuneros, fue una experiencia enriquecedora, y más que eso, profundamente impactante, y que será difícil sepultar en la memoria.
Recuerdo frases del Peñi Leonardo Calfuleo en la reunión de la comunidad Yenehue, en aquel recinto medio techado, con piso de tierra y duras bancas de madera, en que permanecimos sentados más de 5 horas sin sentir cansancio ni hambre, tal vez solamente el agobio del calor de 37 grados. El Peñi nos contaba, para explicar los derechos ancestrales sobre el territorio que habitan y evocar referencias históricas: “el terreno para nosotros es la base de la cultura mapuche”. Su relato histórico, expresado en la poesía de su lenguaje, de l extensión del territorio mapuche al sur del gran río Biobío, que reconoció la Corona Española en 1641, ratificado en el Parlamento de Negrete en 1803 y en 1821 por la República; las etapas como civilización: “ahora estamos en la Cuarta Historia… las dos primeras etapas históricas fueron tiempos de armonía con la naturaleza, de equilibro total. En la Tercera Historia comienza la invasión de los occidentales y tuvimos que defendernos, luego fueron los Tratados y Parlamentos, estableciendo como frontera al Biobío, después comienza la invasión por el Estado, que arrebata nuestros derechos. Ahora estamos en la Cuarta Historia, que es la etapa de recuperación de nuestro territorio y nuestra cultura. Somos un pueblo que no quiere morir… Los megaproyectos como la carretera de la costa destruyen nuestra tierra. Nuestra fuerza es la tierra, es lo primordial. Resistimos en la comunidad. Se trata de una guerra por la recuperación de nuestra tierra, pero es una guerra sin fusiles”. Este testimonio resulta relevante para entender su cosmovisión y para dimensionar el daño espiritual, ambiental y cultural que implica la devastación del hábitat producida por los megaemprendimientos, las obras públicas y explotación de recursos dentro del territorio ancestral.
La misma impresión recogió la Misión en las otras reuniones que hemos señalado y que resultan fundamentales para entender el problema en su conjunto. No nos corresponde el relato pormenorizado de la cronología de la Misión, pero sí recomendar a los presentes su lectura. En el Capítulo referido a las Observaciones, la Misión trata de explicar los hechos de la reducción territorial; los efectos de los megaproyectos, la educación mapuche y los derechos culturales, la militarización del territorio, el uso de la fuerza y la aplicación de la justicia militar a civiles, el debido proceso, los presos políticos, las disposiciones antiterroristas, el acceso a la justicia, la Reforma Constitucional, las instancias de participación y los conceptos de pueblo, nación y libre determinación. En el Capítulo Cuarto se analiza la legitimidad de las reivindicaciones mapuches y otros temas que desarrollan las observaciones.
La Misión, en el orden de las conclusiones, se permite recomendar 20 medidas que se sugieren al Gobierno y sus autoridades y que estimamos importante para abordar integralmente una solución dentro del marco de la justicia, el derecho y el respeto al pueblo mapuche.
Finalmente, creo que, aunque la situación es compleja, si hay voluntad política para dialogar, ayudar, poner fin a la violación de los derechos humanos de los mapuches, debemos solidarizar con su lucha. Hay que tener presente el heroísmo de una Patricia Troncoso, que adoptó la identidad mapuche desde el campo de la teología, y expuso su vida en la huelga de hambre de más de cien días, y la valentía de Juana Calfunao, prisionera junto a su hermana Mercedes en la cárcel femenina de Temuco, con su esposo e hijos también presos políticos, mantiene en alto su rebeldía y la convicción de la justicia profunda de su causa. Nunca olvidaré sus palabras cuando ingresó vestida de negro con una rosa en el pelo, con su pecho ornado por la platería y en vez de saludo, nos dijo: “ante morir doblado mejor morir de pie”.
Muchas gracias en nombre de la Misión de la AAJ a todos los que contribuyeron a lograr nuestro esfuerzo, especialmente al Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, de Temuco, que coordina José Aylwin, por la gran ayuda otorgada. Gracias al cineasta Antoine que grabó en imágenes el itinerario de la Misión. Gracias también a Domingo Marileo, presidente de la Asamblea de Mapuches de Izquierda, que fue nuestro guía permanente y traductor. Gracias a todos los lonkos, peñis, que nos recibieron, no en calidad de forasteros sino como amigos solidarios. Gracias a todos ustedes por concurrir esta tarde.
Graciela Alvarez, presidente Rama Chilena de AAJ
Misión Conjunta
Asociación Americana de Juristas (AAJ)
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)
Asociación Americana de Juristas (AAJ)
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)
INFORME SOBRE LA REPRESIÓN Y CRIMINALIZACIÓN DEL PUEBLO MAPUCHE EN CHILE
31 de enero de 2008
31 de enero de 2008
AGRADECIMIENTO
Esta Misión agradece el apoyo técnico y humano brindado por los integrantes del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, por su valiosa cooperación, facilitación de medios y por toda la ayuda entregada.
Agradece asimismo a Domingo Marileo, dirigente de la Asamblea de Mapuche de Izquierda, el asesoramiento y acompañamiento en las visitas realizadas por la Misión en la Novena Región.
Esta Misión agradece profundamente a todas las comunidades, personas e instituciones que le brindaron información, intercambiaron impresiones y entablaron un diálogo constructivo en relación con los objetivos planteados.
Esta Misión agradece el apoyo técnico y humano brindado por los integrantes del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, por su valiosa cooperación, facilitación de medios y por toda la ayuda entregada.
Agradece asimismo a Domingo Marileo, dirigente de la Asamblea de Mapuche de Izquierda, el asesoramiento y acompañamiento en las visitas realizadas por la Misión en la Novena Región.
Esta Misión agradece profundamente a todas las comunidades, personas e instituciones que le brindaron información, intercambiaron impresiones y entablaron un diálogo constructivo en relación con los objetivos planteados.
Asociación Americana de Juristas.
Rama Chilena ( graciela@entelchile.net )
Rama Argentina aaj_ramaargentina@yahoo.com.ar
Rama Chilena ( graciela@entelchile.net )
Rama Argentina aaj_ramaargentina@yahoo.com.ar
INDICE
1. ANTECEDENTES
1.1 Presentación de las organizaciones integrantes de la Misión
1.1.1 Asociación Americana de Juristas (AAJ)
1.1.2 Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)
1.2 Origen de la Misión
1.3 Fundamentos de la Misión
1.3.1 Declaración de la AAJ sobre la detención del dirigente mapuche José Huenchunao 31-3-07
1.3.2 Resolución de la IX Conferencia Continental de la AAJ celebrada en La Paz, Bolivia
1.3.3 Declaración de la AAJ del 7-1-08.
1.3.4 Entrevista de la Rama Chilena de la AAJ con el Poder Ejecutivo 11-01-08
1.3.5 Informes de otros organismos
1.4 Presentación de la Misión
1.4.1 Objetivos
1.4.2 Integrantes
1.1.1 Asociación Americana de Juristas (AAJ)
1.1.2 Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)
1.2 Origen de la Misión
1.3 Fundamentos de la Misión
1.3.1 Declaración de la AAJ sobre la detención del dirigente mapuche José Huenchunao 31-3-07
1.3.2 Resolución de la IX Conferencia Continental de la AAJ celebrada en La Paz, Bolivia
1.3.3 Declaración de la AAJ del 7-1-08.
1.3.4 Entrevista de la Rama Chilena de la AAJ con el Poder Ejecutivo 11-01-08
1.3.5 Informes de otros organismos
1.4 Presentación de la Misión
1.4.1 Objetivos
1.4.2 Integrantes
2. AGENDA. Descripción de las actividades y de las entrevistas
2.1 Reunión en la ciudad de Temuco con el dirigente Mapuche Domingo Marileo.
2.2 Reunión con diversas comunidades y organizaciones del territorio Lafkenmapu
en la Comunidad de Yenehue, Comuna de Puerto Domínguez, IX Región
2.3 Reunión en Temuco con el equipo multidisciplinario del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, presidido por el abogado José Aylwin Oyarzún
2.4 Reunión en los alrededores de Temuco con la Asociación Mapuche Ayun Mapu – Quepe
2.5 Visita al sector Ailla Rehue de Truf-Truf, cerca del lugar donde recientemente fue asesinado Matías Catrileo. Reunión con los Lonko
2.6 Visita a los presos Mapuche de la cárcel de la ciudad de Angol. Región de la Araucanía
2.7 Visita a comunidad de Tricauco, Comuna de Ercilla
2.8 Visita a comunidad de Temucuicui, Comuna de Ercilla
2.9 Visita a la Cárcel Femenina de Temuco, para entrevistar a Juana Calfunao, lonko de la
Comunidad Paillalef
2.10 Reunión con organizaciones de Derechos Humanos Mapuche de la Comuna de Lautaro
2.11 Entrevista con representante del SEREMI de Justicia, Sr. Cristian Dulanski
2.12 Entrevista con la Intendenta de la IXª Región, Sra. Norma Barrientos
2.13 Reunión con Asamblea Nacional de Mapuche de Izquierda (sede Temuco)
2.14 Entrevista a Patricia Troncoso "la Chepa", en huelga de hambre en el Hospital de Chillán,
VIII Región del Bío Bío
2.2 Reunión con diversas comunidades y organizaciones del territorio Lafkenmapu
en la Comunidad de Yenehue, Comuna de Puerto Domínguez, IX Región
2.3 Reunión en Temuco con el equipo multidisciplinario del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, presidido por el abogado José Aylwin Oyarzún
2.4 Reunión en los alrededores de Temuco con la Asociación Mapuche Ayun Mapu – Quepe
2.5 Visita al sector Ailla Rehue de Truf-Truf, cerca del lugar donde recientemente fue asesinado Matías Catrileo. Reunión con los Lonko
2.6 Visita a los presos Mapuche de la cárcel de la ciudad de Angol. Región de la Araucanía
2.7 Visita a comunidad de Tricauco, Comuna de Ercilla
2.8 Visita a comunidad de Temucuicui, Comuna de Ercilla
2.9 Visita a la Cárcel Femenina de Temuco, para entrevistar a Juana Calfunao, lonko de la
Comunidad Paillalef
2.10 Reunión con organizaciones de Derechos Humanos Mapuche de la Comuna de Lautaro
2.11 Entrevista con representante del SEREMI de Justicia, Sr. Cristian Dulanski
2.12 Entrevista con la Intendenta de la IXª Región, Sra. Norma Barrientos
2.13 Reunión con Asamblea Nacional de Mapuche de Izquierda (sede Temuco)
2.14 Entrevista a Patricia Troncoso "la Chepa", en huelga de hambre en el Hospital de Chillán,
VIII Región del Bío Bío
3. OBSERVACIONES
3.1 Reducción territorial
3.2 Efectos de los Megaproyectos en la supervivencia y reproducción del pueblo mapuche
3.3 Educación Mapuche y derechos culturales
3.4 Territorio militarizado. Uso de la fuerza. Funciones policiales
3.5 Aplicación de justicia militar a civiles
3.6 Debido proceso. Presos políticos. Disposiciones antiterroristas
3.7 Instancia única en resoluciones administrativas de condiciones de detención
3.8 Acceso a la justicia
3.9 Recuperación de territorios ancestrales
3.10 Reforma Constitucional - Convenio 169 de la OIT.
3.11 Instancias de Participación. Crisis en el diálogo y la representación
3.12 Pueblo Nación y libre determinación
3.2 Efectos de los Megaproyectos en la supervivencia y reproducción del pueblo mapuche
3.3 Educación Mapuche y derechos culturales
3.4 Territorio militarizado. Uso de la fuerza. Funciones policiales
3.5 Aplicación de justicia militar a civiles
3.6 Debido proceso. Presos políticos. Disposiciones antiterroristas
3.7 Instancia única en resoluciones administrativas de condiciones de detención
3.8 Acceso a la justicia
3.9 Recuperación de territorios ancestrales
3.10 Reforma Constitucional - Convenio 169 de la OIT.
3.11 Instancias de Participación. Crisis en el diálogo y la representación
3.12 Pueblo Nación y libre determinación
4. CONCLUSIONES
4.1 Legitimidad de las reivindicaciones mapuche
4.2 Destrucción del medio ambiente y Megaproyectos
4.3 Normas antiterroristas y supervivencia de instituciones antidemocráticas
4.4 Territorios militarizados. Represión policial. Excesos en el uso de la fuerza pública
4.5 Fueros especiales
4.6 Acceso a la Justicia y Debido Proceso
4.7 Los niños mapuche y la Convención
4.8 Etnocentrismo. Métodos de cooptación y racismo
4.9 Reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas
4.2 Destrucción del medio ambiente y Megaproyectos
4.3 Normas antiterroristas y supervivencia de instituciones antidemocráticas
4.4 Territorios militarizados. Represión policial. Excesos en el uso de la fuerza pública
4.5 Fueros especiales
4.6 Acceso a la Justicia y Debido Proceso
4.7 Los niños mapuche y la Convención
4.8 Etnocentrismo. Métodos de cooptación y racismo
4.9 Reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas
5. RECOMENDACIONES AL ESTADO Y AL GOBIERNO DE CHILE
6. LEGISLACIÓN
7. ANEXOS
1. ANTECEDENTES
1.1. PRESENTACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES INTEGRANTES DE LA MISIÓN.
1.1.1. Asociación Americana de Juristas (AAJ)
La Asociación Americana de Juristas (“AAJ”) es una organización no Gubernamental fundada en Panamá en el año 1975, con estatuto consultivo en la Organización de las Naciones Unidas y representación permanente en sus sedes de Nueva York y de Ginebra. Son sus principios y objetivos: a) La lucha por la autodeterminación de los pueblos, la plena independencia económica y la soberanía del Estado sobre sus riquezas y recursos naturales. b) La acción contra el imperialismo, el fascismo, el colonialismo, el neocolonialismo y contra la discriminación racial, de la mujer, los aborígenes y minorías nacionales. c) La defensa de una paz efectiva basada en el principio de la coexistencia pacífica entre estados de diferentes sistemas sociales y económicos. d) La defensa y promoción de los derechos humanos y la concreción de mejores y más efectivas garantías de protección. e) La condena y denuncia de las legislaciones existentes en países americanos, que contradigan o tergiversen los principios y objetivos de esta entidad. f) El establecimiento de fraternas relaciones y acciones comunes con los juristas de todo el mundo y sus organizaciones, empeñadas en similares objetivos que los enunciados en este Estatuto. g) La movilización de los juristas de los países americanos a fin de desarrollar una acción conjunta tendiente a lograr que la ciencia jurídica participe activamente en sus respectivos países en el proceso de cambios socioeconómicos que estén en consonancia con los principios y objetivos aquí enumerados. h) La defensa, efectiva protección y dignificación del ejercicio de la abogacía, así como la solidaridad con los juristas perseguidos por su acción en pro de los principios aquí expresados. La AAJ desarrolla todas aquellas actividades compatibles con sus principios y objetivos, tales como conferencias, encuentros regionales y misiones. Asimismo, ha llevado a cabo encuentros continentales en Brasil, Cuba, Argentina, Chile, Guatemala, Panamá, Bolivia y otros países y organizado misiones a Ecuador, Perú, Venezuela, Guatemala, Puerto Rico, Haití, Honduras, y otros países en y fuera del Continente Americano. Ningún miembro de la AAJ percibe compensación económica por la tarea que realiza.
1.1.2 Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos es una asociación civil de reconocida actuación en todo el territorio de la República Argentina, cuyos fines y objetivos son promover la vigencia de los Derechos Humanos enunciados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en la Constitución Nacional”. (Art. 1, Estatutos de la A.P.D.H.).
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos surgió como resultado de una autoconvocatoria de personas provenientes de los más diversos sectores sociales, políticos, intelectuales, sindicales y religiosos argentinos, realizada en 1975 en respuesta a la creciente situación de violencia y de quiebra de la vigencia de los más elementales derechos humanos que se escalaba en el país. Con otros organismos de análogo propósito les correspondió la difícil y riesgosa tarea de defender la vida y el derecho durante los trágicos años antes y durante la dictadura militar (1976-1983). Dentro de esa conjunción de entidades defensoras de los Derechos Humanos, la A.P.D.H. tuvo ciertas particularidades que le permitieron jugar un papel propio, por otra parte ampliamente reconocido por la opinión pública en el país y en el extranjero. Finalmente, esa misma amplitud y pluralismo le concedió una amplia capacidad de convocatoria popular, ya que sectores religiosos, políticos y sociales diversos encontraron una posibilidad de participar en demostraciones, publicaciones o actos de resistencia sin comprometer sus propias convicciones. El hecho de definirse como entidad y encuadrar su acción estrictamente sobre la base de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la propia Constitución del país y la legislación internacionalmente reconocida, si bien establece los límites de la acción de la A.P.D.H., a la vez asegura la posibilidad de un amplio espectro de participación y de un enfoque compartido sobre una problemática muy amplia. No siempre las entidades de derechos humanos han podido actuar como una unidad. En ocasiones, las posiciones no han coincidido. Tal cosa no debe entenderse como necesariamente negativa, ya que la diversidad de composición de las entidades y cierta diferencia de rol dentro del país permite también una multiplicidad de enfoques y acciones, asumiendo responsabilidades diferentes. La A.P.D.H. ha procurado mantenerse como lugar de encuentro, de discusión y de equilibrio. La A.P.D.H. goza de Status Consultivo ante la O.N.U. Sus integrantes no perciben sueldo por la tarea que realizan.
1.1.1. Asociación Americana de Juristas (AAJ)
La Asociación Americana de Juristas (“AAJ”) es una organización no Gubernamental fundada en Panamá en el año 1975, con estatuto consultivo en la Organización de las Naciones Unidas y representación permanente en sus sedes de Nueva York y de Ginebra. Son sus principios y objetivos: a) La lucha por la autodeterminación de los pueblos, la plena independencia económica y la soberanía del Estado sobre sus riquezas y recursos naturales. b) La acción contra el imperialismo, el fascismo, el colonialismo, el neocolonialismo y contra la discriminación racial, de la mujer, los aborígenes y minorías nacionales. c) La defensa de una paz efectiva basada en el principio de la coexistencia pacífica entre estados de diferentes sistemas sociales y económicos. d) La defensa y promoción de los derechos humanos y la concreción de mejores y más efectivas garantías de protección. e) La condena y denuncia de las legislaciones existentes en países americanos, que contradigan o tergiversen los principios y objetivos de esta entidad. f) El establecimiento de fraternas relaciones y acciones comunes con los juristas de todo el mundo y sus organizaciones, empeñadas en similares objetivos que los enunciados en este Estatuto. g) La movilización de los juristas de los países americanos a fin de desarrollar una acción conjunta tendiente a lograr que la ciencia jurídica participe activamente en sus respectivos países en el proceso de cambios socioeconómicos que estén en consonancia con los principios y objetivos aquí enumerados. h) La defensa, efectiva protección y dignificación del ejercicio de la abogacía, así como la solidaridad con los juristas perseguidos por su acción en pro de los principios aquí expresados. La AAJ desarrolla todas aquellas actividades compatibles con sus principios y objetivos, tales como conferencias, encuentros regionales y misiones. Asimismo, ha llevado a cabo encuentros continentales en Brasil, Cuba, Argentina, Chile, Guatemala, Panamá, Bolivia y otros países y organizado misiones a Ecuador, Perú, Venezuela, Guatemala, Puerto Rico, Haití, Honduras, y otros países en y fuera del Continente Americano. Ningún miembro de la AAJ percibe compensación económica por la tarea que realiza.
1.1.2 Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos es una asociación civil de reconocida actuación en todo el territorio de la República Argentina, cuyos fines y objetivos son promover la vigencia de los Derechos Humanos enunciados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en la Constitución Nacional”. (Art. 1, Estatutos de la A.P.D.H.).
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos surgió como resultado de una autoconvocatoria de personas provenientes de los más diversos sectores sociales, políticos, intelectuales, sindicales y religiosos argentinos, realizada en 1975 en respuesta a la creciente situación de violencia y de quiebra de la vigencia de los más elementales derechos humanos que se escalaba en el país. Con otros organismos de análogo propósito les correspondió la difícil y riesgosa tarea de defender la vida y el derecho durante los trágicos años antes y durante la dictadura militar (1976-1983). Dentro de esa conjunción de entidades defensoras de los Derechos Humanos, la A.P.D.H. tuvo ciertas particularidades que le permitieron jugar un papel propio, por otra parte ampliamente reconocido por la opinión pública en el país y en el extranjero. Finalmente, esa misma amplitud y pluralismo le concedió una amplia capacidad de convocatoria popular, ya que sectores religiosos, políticos y sociales diversos encontraron una posibilidad de participar en demostraciones, publicaciones o actos de resistencia sin comprometer sus propias convicciones. El hecho de definirse como entidad y encuadrar su acción estrictamente sobre la base de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la propia Constitución del país y la legislación internacionalmente reconocida, si bien establece los límites de la acción de la A.P.D.H., a la vez asegura la posibilidad de un amplio espectro de participación y de un enfoque compartido sobre una problemática muy amplia. No siempre las entidades de derechos humanos han podido actuar como una unidad. En ocasiones, las posiciones no han coincidido. Tal cosa no debe entenderse como necesariamente negativa, ya que la diversidad de composición de las entidades y cierta diferencia de rol dentro del país permite también una multiplicidad de enfoques y acciones, asumiendo responsabilidades diferentes. La A.P.D.H. ha procurado mantenerse como lugar de encuentro, de discusión y de equilibrio. La A.P.D.H. goza de Status Consultivo ante la O.N.U. Sus integrantes no perciben sueldo por la tarea que realizan.
1.2. ORIGEN DE LA MISION
La Misión tuvo su origen en la iniciativa de los miembros de la Rama Chilena después del asesinato de Matías Catrileo, y de la denuncia efectuada por dicha rama en el Palacio de Justicia. Conmocionado por la crítica situación derivada de la huelga de hambre mantenida por los presos mapuche, las denuncias de violencia policial en las múltiples manifestaciones desarrolladas en el marco de esta huelga, las denuncias de militarización de las comunidades y de violencia policial en ellas, los escasos pronunciamientos de la sociedad civil y la agudización del conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo Mapuche. Esta iniciativa se formuló a la Directiva Continental, por intermedio de su Presidenta, Vanessa Ramos, y se invitó a integrar la Misión a los dirigentes de la Rama Argentina en razón de su cercanía. Posteriormente, se convoca a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Argentina, sumándose a la delegación el Presidente de la Asamblea de Bolsón y Miembro del Consejo Nacional de la Presidencia.
1.3 FUNDAMENTOS DE LA MISIÓN
1.3.1 Declaración de la AAJ sobre la detención del dirigente mapuche José Huenchunao. 08-04-07
1.3.1 Declaración de la AAJ sobre la detención del dirigente mapuche José Huenchunao. 08-04-07
En esta declaración de solidaridad con el dirigente Mapuche miembro de la Coordinadora Arauco Malleco, de fecha 31 de marzo del 2007 se plantea que su detención forma parte de una escalada de la política de gobierno tendiente a criminalizar la lucha por los derechos colectivos del pueblo mapuche, en especial en lo atinente a los derechos territoriales. A partir de una breve descripción del conflicto se solicita al Gobierno de Chile la adopción de medidas tales como: Ratificación inmediata del Convenio 169 de la OIT, Reconocimiento constitucional de los pueblos Indígenas que considere las demandas de autonomía y autodeterminación, y restitución de tierras ancestrales, Modificación de la ley Antiterrorista y Libertad de José Huenchunao. (Anexo I)
1.3.2 Resolución de la IX Conferencia Continental de la AAJ celebrada en La Paz, Bolivia.
En la XIV Conferencia Continental de la AAJ, celebrada en La Paz los días 17, 18 y 19 de mayo de 2007, en base a las recomendaciones realizadas en la Comisión 3, se resolvió incluir –dentro de la resolución final de la Conferencia, el siguiente texto: “reafirmar los derechos de los Pueblos Originarios de nuestra América a su autodeterminación, y la necesidad de la ratificación de los tratados internacionales y las resoluciones de la OIT, la Asamblea General de la ONU, así como de otras instancias supranacionales, que reconocen ese derecho. Apoyar los esfuerzos de los Pueblos Originarios para la elaboración de una Declaración de sus derechos de autodeterminación, independientemente de las demoras que pueda experimentar el reconocimiento internacional señalado en el parágrafo anterior”.
La resolución tuvo origen en la ponencia: “CHILE, UN CASO DE DEMOCRACIA EXCLUYENTE PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS” elaborada por Yénive Cavieres Sepúlveda (AAJ, Rama Chilena) en que, contextualizando el conflicto, analiza la insuficiencia legislativa sobre reconocimiento de derechos colectivos, políticos y libertades fundamentales de los pueblos originarios a la luz de los estándares internacionales. Tal déficit se traduce en exclusión social, disminución de capacidad jurídica, retraso cultural, pobreza y criminalización de la lucha social. También analiza los principales conflictos socio-ambientales originados por la exclusión.
1.3.3 Declaración de la AAJ del 07/01/08.
Luego del asesinato del joven universitario mapuche Matías Catrileo, tuvo lugar en Santiago una protesta popular. El cuerpo de Carabineros reprimió la manifestación y produjo detenciones arbitrarias, entre ellas de abogados y de un menor, motivando la Declaración de la AAJ a la que se dio lectura en un acto realizado en el Palacio de Tribunales. (Anexo II)
1.3.4. Entrevista de la Rama Chilena de la AAJ con el Poder Ejecutivo
La entrevista con el Secretario General de Gobierno Sr. José Antonio Viera-Gallo, se desarrolló en el palacio de La Moneda el día 11 de enero del 2008. Allí se hizo entrega de la Declaración de la Rama Chilena leída en el Palacio de Tribunales el 7 de enero del 2008, en que se expresa su protesta por los actos de atropello a la colega Yénive Cavieres y manifestantes que protestaban pacíficamente por el asesinato del estudiante mapuche Matías Catrileo Quezada. En ella los miembros de la AAJ le representaron la preocupación de nuestra organización por el escalamiento del conflicto por parte del gobierno, derivado de la violencia policial, en especial por la actuación policial desproporcionada ante la manifestación social y exigibilidad de derechos; la intransigencia ante algunas demandas de los presos y del pueblo mapuche posibles de acceder por parte del gobierno y la falta de dialogo para abordar el conflicto.
1.3.5 Informes de otros organismos.
Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Antropólogo Rodolfo Stavenhagen, 17/11/03:
En cumplimiento de la resolución 2003/56 de la Comisión, el Relator recomendó la agilización del proceso de reforma constitucional en materia indígena; la pronta ratificación del Convenio169 de la OIT; una revisión de la legislación sectorial cuyo contenido pueda estar en contradicción con lo establecido en la Ley Indígena; el establecimiento de un programa de reducción de la pobreza de las comunidades indígenas -con agenda realista y bien definida- y que se inicien los pasos necesarios para el establecimiento de una institución nacional de defensa de los derechos humanos. También se recomienda prestar atención urgente a la prevención y solución de los conflictos basados en la tenencia y explotación de la tierra; agilizar y ampliar el Fondo de Tierras; asegurar el acceso a los recursos acuíferos y marítimos de la comunidades indígenas; adoptar medidas contra la criminalización de las legítimas actividades de protesta o demandas sociales y que asegurar asistencia letrada eficaz de calidad y bilingüe.
En cumplimiento de la resolución 2003/56 de la Comisión, el Relator recomendó la agilización del proceso de reforma constitucional en materia indígena; la pronta ratificación del Convenio169 de la OIT; una revisión de la legislación sectorial cuyo contenido pueda estar en contradicción con lo establecido en la Ley Indígena; el establecimiento de un programa de reducción de la pobreza de las comunidades indígenas -con agenda realista y bien definida- y que se inicien los pasos necesarios para el establecimiento de una institución nacional de defensa de los derechos humanos. También se recomienda prestar atención urgente a la prevención y solución de los conflictos basados en la tenencia y explotación de la tierra; agilizar y ampliar el Fondo de Tierras; asegurar el acceso a los recursos acuíferos y marítimos de la comunidades indígenas; adoptar medidas contra la criminalización de las legítimas actividades de protesta o demandas sociales y que asegurar asistencia letrada eficaz de calidad y bilingüe.
Informe de Human Rights Watchs y El Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas:
Publicado en octubre de 2004 bajo el nombre “INDEBIDO PROCESO”. Los juicios Antiterroristas, los tribunales militares y los Mapuche en el Sur de Chile. Analiza la estrategia aplicada por el gobierno del Presidente Lagos en el conflicto por la recuperación territorial Mapuche. Cuestiona la Ley Antiterrorista por las restricciones de garantías procesales, la desproporción de las penas y la competencia militar. Denuncia la violencia e ilegalidad de los allanamientos y procedimientos policiales, la violación de los derechos civiles y políticos del pueblo mapuche, su exclusión social y consecuente daño económico, ambiental y cultural, generado por la política pública en materia de inversiones privadas en la región.
Informe de la FIDH (Federación Internacional de los Derechos Humanos) – agosto 2006- “CHILE: posibilidad de cambio en la política hacia los pueblos indígenas”:
Cuestiona la legislación y el marco institucional en torno a la política del Estado chileno para con los pueblos indígenas. En particular recomienda la modificación de la Ley Antiterrorista y la revisión de las penas aplicadas a los ya condenados. Insta a ajustarse a los estándares internacionales en las políticas públicas sobre pueblos indígenas mediante la ratificación del Convenio 169 de la OIT.
Misión conjunta del Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas, Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, Centro de Estudios Jurídicos y Sociales de Bolivia, Ayuda Popular Noruega, Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, Federación de Estudiantes U. de Chile, Amnistía Internacional, Académicos U. de Chile, Académicos U. Central, enero de 2007, “EL CASO DE LA COMUNIDAD DE TEMUCUICUI”:
Este documento, previo desarrollo de los antecedentes y contextualización del conflicto, denuncia pormenorizadamente la violencia policial, abusos, procedimientos ilegales y otras violaciones a los derechos humanos que sufren los mapuche en el militarizado territorio objeto de la misión.
Publicado en octubre de 2004 bajo el nombre “INDEBIDO PROCESO”. Los juicios Antiterroristas, los tribunales militares y los Mapuche en el Sur de Chile. Analiza la estrategia aplicada por el gobierno del Presidente Lagos en el conflicto por la recuperación territorial Mapuche. Cuestiona la Ley Antiterrorista por las restricciones de garantías procesales, la desproporción de las penas y la competencia militar. Denuncia la violencia e ilegalidad de los allanamientos y procedimientos policiales, la violación de los derechos civiles y políticos del pueblo mapuche, su exclusión social y consecuente daño económico, ambiental y cultural, generado por la política pública en materia de inversiones privadas en la región.
Informe de la FIDH (Federación Internacional de los Derechos Humanos) – agosto 2006- “CHILE: posibilidad de cambio en la política hacia los pueblos indígenas”:
Cuestiona la legislación y el marco institucional en torno a la política del Estado chileno para con los pueblos indígenas. En particular recomienda la modificación de la Ley Antiterrorista y la revisión de las penas aplicadas a los ya condenados. Insta a ajustarse a los estándares internacionales en las políticas públicas sobre pueblos indígenas mediante la ratificación del Convenio 169 de la OIT.
Misión conjunta del Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas, Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, Centro de Estudios Jurídicos y Sociales de Bolivia, Ayuda Popular Noruega, Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, Federación de Estudiantes U. de Chile, Amnistía Internacional, Académicos U. de Chile, Académicos U. Central, enero de 2007, “EL CASO DE LA COMUNIDAD DE TEMUCUICUI”:
Este documento, previo desarrollo de los antecedentes y contextualización del conflicto, denuncia pormenorizadamente la violencia policial, abusos, procedimientos ilegales y otras violaciones a los derechos humanos que sufren los mapuche en el militarizado territorio objeto de la misión.
Observaciones finales de la Comisión de DD.HH de la ONU al 5° informe del Estado Chileno -Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos- Marzo de 2007:
En las observaciones que atañen a esta misión, la Comisión señala que El Estado parte debería: adoptar una definición más precisa de los delitos de terrorismo; tomar medidas inmediatas y eficaces para poner fin a los abusos, vigilar, investigar, enjuiciar y sancionar a los funcionarios de la policía que cometan actos de malos tratos en contra de grupos vulnerables; medidas legislativas necesarias para eliminar la detención en condiciones de incomunicación prolongada y agilizar la adopción de la ley que modifique el Código de Justicia Militar, limitando la jurisdicción de los tribunales militares únicamente al enjuiciamiento de personal militar acusado de delitos de carácter militar exclusivamente; verificando que esta ley no contenga ningún precepto que pueda permitir violaciones de los derechos establecidos en el Pacto.
Manifiesta que lamenta la información relativa a que las “tierras antiguas” continúan en peligro debido a la expansión forestal y megaproyectos de infraestructura y energía. (Artículos 1 y 27) por lo que recomienda:
El Estado parte debería:
a) realizar todos los esfuerzos posibles para que sus negociaciones con las comunidades indígenas lleven efectivamente a encontrar una solución que respete los derechos sobre las tierras de estas comunidades de conformidad con los artículos 1 (párrafo 2) y 27 del Pacto. El Estado parte debería agilizar los trámites con el fin de que queden reconocidas tales tierras ancestrales.
b) Modificar la ley 18.314, ajustándola al artículo 27 del Pacto y revisar la legislación sectorial cuyo contenido pueda entrar en contradicción con los derechos enunciados en el Pacto.
c) Consultar con las comunidades indígenas antes de conceder licencias para la explotación económica de las tierras objeto de controversia y garantizar que en ningún caso la explotación de que se trate atente contra los derechos reconocidos en el Pacto.
En las observaciones que atañen a esta misión, la Comisión señala que El Estado parte debería: adoptar una definición más precisa de los delitos de terrorismo; tomar medidas inmediatas y eficaces para poner fin a los abusos, vigilar, investigar, enjuiciar y sancionar a los funcionarios de la policía que cometan actos de malos tratos en contra de grupos vulnerables; medidas legislativas necesarias para eliminar la detención en condiciones de incomunicación prolongada y agilizar la adopción de la ley que modifique el Código de Justicia Militar, limitando la jurisdicción de los tribunales militares únicamente al enjuiciamiento de personal militar acusado de delitos de carácter militar exclusivamente; verificando que esta ley no contenga ningún precepto que pueda permitir violaciones de los derechos establecidos en el Pacto.
Manifiesta que lamenta la información relativa a que las “tierras antiguas” continúan en peligro debido a la expansión forestal y megaproyectos de infraestructura y energía. (Artículos 1 y 27) por lo que recomienda:
El Estado parte debería:
a) realizar todos los esfuerzos posibles para que sus negociaciones con las comunidades indígenas lleven efectivamente a encontrar una solución que respete los derechos sobre las tierras de estas comunidades de conformidad con los artículos 1 (párrafo 2) y 27 del Pacto. El Estado parte debería agilizar los trámites con el fin de que queden reconocidas tales tierras ancestrales.
b) Modificar la ley 18.314, ajustándola al artículo 27 del Pacto y revisar la legislación sectorial cuyo contenido pueda entrar en contradicción con los derechos enunciados en el Pacto.
c) Consultar con las comunidades indígenas antes de conceder licencias para la explotación económica de las tierras objeto de controversia y garantizar que en ningún caso la explotación de que se trate atente contra los derechos reconocidos en el Pacto.
1.4 PRESENTACIÓN DE LA MISIÓN DE LA AAJ Y APDH
1.4.1 Objetivos.
1.4.1 Objetivos.
Investigar in situ las denuncias de violencia policial y violaciones sistemáticas a los derechos humanos del pueblo mapuche, realizando entrevistas con dirigentes mapuche, autoridades chilenas, autoridades tradicionales mapuche, y los presos mapuche a los que se les ha aplicado la ley antiterrorista.
Recoger información sobre la legislación aplicada en los diversos conflictos, status jurídico de los derechos del pueblo mapuche, realizando un análisis técnico de los procesos desarrollados y explorando las posibles soluciones institucionales y jurisdiccionales.
1.3.2 Integrantes.
Recoger información sobre la legislación aplicada en los diversos conflictos, status jurídico de los derechos del pueblo mapuche, realizando un análisis técnico de los procesos desarrollados y explorando las posibles soluciones institucionales y jurisdiccionales.
1.3.2 Integrantes.
Los misionantes son abogados miembros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Argentina, y de las Ramas Argentina y Chilena de la AAJ, con un mandato expreso de la Mesa Ejecutiva Continental de la AAJ y de la Mesa Directiva de la APDH.
Chile :
Graciela Álvarez: Presidenta Rama Chilena AAJ. Miembro del Comité Ejecutivo Continental.
Manuel Jacques: Vicepresidente Rama Chilena AAJ
Yénive Cavieres: Especialista en asuntos indígenas de la Rama Chilena AAJ
Graciela Álvarez: Presidenta Rama Chilena AAJ. Miembro del Comité Ejecutivo Continental.
Manuel Jacques: Vicepresidente Rama Chilena AAJ
Yénive Cavieres: Especialista en asuntos indígenas de la Rama Chilena AAJ
Argentina:
Ernesto Moreau: Presidente Rama Argentina AAJ. Miembro del Comité Ejecutivo Continental.
Claudia Viviana Rocca: Secretaria de Hacienda. Rama Argentina AAJ
Raúl Prytula: APDH Argentina, Presidente Delegación El Bolsón. Miembro del Consejo Nacional de la Presidencia.
Ernesto Moreau: Presidente Rama Argentina AAJ. Miembro del Comité Ejecutivo Continental.
Claudia Viviana Rocca: Secretaria de Hacienda. Rama Argentina AAJ
Raúl Prytula: APDH Argentina, Presidente Delegación El Bolsón. Miembro del Consejo Nacional de la Presidencia.
Colaboradores de esta Misión:
Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas
Domingo Marileo, presidente de la Asamblea de Mapuche de Izquierda.
Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas
Domingo Marileo, presidente de la Asamblea de Mapuche de Izquierda.
2. AGENDA.
2.1. Reunión en la ciudad de Temuco con el dirigente mapuche Domingo Marileo. 27 de enero
Luego de las presentaciones de rigor, Domingo Marileo, quien en forma previa había establecido diversas citas, colaboró en la organización de la agenda e itinerario, acompañando luego a la Misión en la mayor parte de su recorrido, como intérprete y facilitador.
En la reunión estuvieron otros dirigentes que denunciaron las órdenes en blanco de allanamiento de las que se vale Gendarmería.
En la reunión estuvieron otros dirigentes que denunciaron las órdenes en blanco de allanamiento de las que se vale Gendarmería.
2.2. Reunión con diversas comunidades y organizaciones del territorio Lafkenmapu en la Comunidad de Yenehue. Posta de Yenehue, Comuna de Puerto Domínguez, IX Región. 27 de enero.
La Misión fue recibida por más de cincuenta representantes de comunidades afectadas por efectos de megaproyectos estatales y privados: Carretera de la Costa, instalación de Ducto de Celulosa, Instalaciones militares y usurpación de tierras ancestrales. Las comunidades afectadas presentes en la reunión son: Yenehue, Sector de Tragua Tragua, Conin Budi, Pu Budi, Sector de Tolten, Malalhue, Comunidades Mapuche sin Tierras y Consejo Territorial Lafkenche.
Durante la reunión plantearon una cantidad de conflictos que abarcan desde el daño ambiental, la cosmovisión, la discriminación cultural, la educación etnocéntrica, la disgregación comunitaria, la salud comunitaria, hasta la exclusión, el acceso a la justicia y la violencia por parte del Estado.
Al iniciar la reunión se dio bienvenida a la Misión, agradeciendo su gesto solidario. A modo introductorio, los comuneros plantearon que sus derechos humanos como pueblo Mapuche vienen siendo violados desde hace más de quinientos años, conjuntamente con los derechos de otros pueblos indígenas de Chile, y que esta violación sistemática de sus derechos –en sus diversos aspectos- coarta el derecho a desarrollarse como pueblo. Si bien la sociedad chilena apenas va a cumplir doscientos años (Bicentenario 1810-2010), el señorío Mapuche sobre este territorio data desde siempre.
Los representantes Comuneros denunciaron la división de sus comunidades, la poca disponibilidad de tierras, la consiguiente migración de jóvenes y las dificultades económicas para desarrollarse como comunidad. Que hoy son más de cien familias, las que disponen de sólo 1300 hectáreas. Mientras lo mejores terrenos (altos) están en manos privadas, los mapuche, despojados de su territorio, fueron arrinconados a la orilla del mar en tierras de baja productividad que antes no habitaban y en un bio-ambiente que dificulta el acceso a elementos indispensables para la reproducción de su cosmovisión. Nos relatan que los de Yenehue antes no pescaban, la tierra que tenían les daba lo que necesitaban; también comían pescado que cambiaban por otros productos. Ahora los han dejado sin tierras. Son tierras que no producen. Ahora tienen que ir a pescar pues no tienen otra cosa. Ahora que llegó el blanco los pescadores le venden todo al blanco.
En relación con los derechos ancestrales sobre el territorio que habitan, frecuentemente evocan referencias históricas: “El territorio mapuche al sur del río Bio bío, reconocido por el Pacto de 1641 entre la Corona y los Mapuche, fue ratificado en el Parlamento de Negrete en 1803, por España y luego la república en 1821 lo vuelve a ratificar, reconociendo su territorio, apareciendo los títulos de merced en 1827”. El Peñi Don Leonardo Calfuleo afirma que “el terreno para nosotros es la base de la cultura mapuche”. Con el relato histórico de sus etapas como civilización (ahora en la cuarta historia) explica a la Misión que existen espacios sagrados llamados Treng Treng, fundamentales para su existencia como pueblo. Que las dos primeras etapas históricas fueron tiempos de armonía con la naturaleza, de equilibrio total y con la Tercera historia, comienza la invasión de los occidentales (españoles): “No somos un pueblo guerrero, pero tuvimos que defendernos con armas. Comenzaron los Tratados y Parlamentos estableciendo como frontera el Bio-bio… A partir de la formación del Estado de Chile comienzan a invadirnos y a arrebatar nuestros derechos. Ahora estamos en la cuarta historia que es la etapa de recuperación de nuestro territorio y nuestra cultura. Somos un pueblo que no quiere morir. Estamos luchando por recuperar nuestra cultura-territorio. El gobierno chileno nos manipula con megaproyectos como la Carretera de la Costa. Los megaproyectos destruyen nuestra tierra. Nuestra fuerza es la tierra, es lo primordial. Resistimos en la comunidad. Se trata de una guerra por la recuperación de nuestra tierra, pero es una guerra sin fusiles”.
Este testimonio resulta relevante para entender su cosmovisión y para dimensionar el daño espiritual, ambiental y cultural que implica la devastación del hábitat producida por los mega emprendimientos, las obras públicas y explotación de recursos dentro del territorio ancestral.
En su intervención agrega: “Nuestra situación es compleja. No hay voluntad política para dialogar ni para ayudar”. Denuncia que continúa la política de encarcelar, violentar allanar y matar.
Domingo Rain afirma que no sólo se violan los derechos humanos de los Mapuche, en Chile se violan los derechos humanos de todos los pueblos originarios. Antes, en la dictadura, agrega, torturaban y hacían desaparecer; ahora son los megaproyectos los que destrozan la vida.
El maestro Hugo Painequeo manifestó: “Tengo la suerte de tener un título profesional. Soy docente, profesor. Nosotros teníamos una educación formal, pero cuando se produce la invasión y el choque cultural se nos impuso una educación ajena a la nuestra impidiendo transmitir a nuestros hijos como crecer. La Iglesia Católica llevó adelante la imposición religiosa y cultural apaciguando la lucha de nuestro pueblo por preservar la cultura. Los profesores mapuche tomaron conciencia de incorporarle nuestra propia educación y cultura”. Cuenta que recuperaron una escuela que era de la Iglesia Católica (fue el año 2006). “Esto fue una experiencia innovadora, única. Se abordaron dos temáticas: educación occidental y la nuestra pues es posible compatibilizar dos visiones del mundo. El Ministerio de Educación ha señalado que existen los recursos pero no pueden intervenir ni ayudar porque esta es una escuela privada” (así se refiere a la escuela mapuche el Estado). Hay otras cuatro escuelas en nuestro territorio que dan educación del blanco, la nuestra es la más chiquita y la única que no tiene recursos, todo porque la recuperamos a la iglesia. Agrega que “la recuperación de la escuela se planteó porque también hubo persecución a los profesores con el despido de algunos de ellos”. Denunció que “hay una estafa del magisterio a la comunidad. Buscamos el apoyo de abogados y no lo encontramos. El Magisterio en la Araucanía está en manos de la Iglesia”. También señala que la recuperación de tierras tiene razones culturales. Dice que tomaron la decisión de iniciar un proceso de recuperación territorial mediante la ocupación.”Hemos ofrecido una mesa de conversación (no de negociación pues el territorio no se negocia) y fue rechazado. El Gobierno ha roto todos los compromisos tendientes a la búsqueda de soluciones. Nos persigue la policía con amedrentamientos. No sabemos hasta cuándo, pero no descansaremos hasta el fin. Una política humillante de magros subsidios, y amenazas. En vez de dialogar, la autoridad ofrece cárcel. Hubo despido de docentes y persecución política. Debemos hablar de recuperación territorial y no de recuperación de tierras. Si nos dan un recurso es para alejarnos de nuestra identidad. La Iglesia nos humilla al decirnos que nos da comida, pero las 100 Ha nuestras que retiene las justifican porque se las dio una empresa. La visita del Relator de la ONU no tuvo mayor impacto”.
Nos informan de cómo el MOP ha presionado con la colaboración de Carabineros para hacer avanzar la carretera en Tolten. “El cerro sagrado, el Chen Chen, está en el trayecto de la carretera, allí es tierra sagrada, allí está la fuerza, en el naciente. Allí está nuestra medicina, los nehuenes, cómo voy a permitir eso? exclama uno de los asistentes, quien continúa: “están haciendo la carretera que quería Pinochet. Yo voy a tener un problema en mi terreno. Me van a matar. No sé si tienen en sus planes matarme y matarnos a todos, ya mataron a tantos… todas las culturas del mundo tienen que tener el mismo valor.” Inés Edelmira Huechan quien se opuso hasta el final, con la convicción de proteger ese lugar en que crecía el lawen (plantas medicinales) terminó siendo procesada al cortar un cerco ilegalmente colocado por una empresa que impedía el acceso al lawen. Denuncia que muchos mapuche fueron siendo cooptados con métodos propios del Ministerio de Obras Públicas, tales como amenazar sobre la base del desconocimiento y la indefensión de los comuneros. También denuncian que en las comunidades no ponen mesas para votar. El día de las elecciones tienen que caminar 20, 40 kilómetros, la mayoría no puede hacerlo, entonces las autoridades no los representan porque los mapuche no las eligieron.
Danae Rain (una mapuche joven) manifiesta que la política del Estado a través de instituciones como el Programa Orígenes, los políticos y los funcionarios, provocan división y cooptación entre el pueblo mapuche. Que por la falta de recursos económicos muchos son cooptados y los que resisten son invalidados como dirigentes, los persiguen y los meten presos; premian a quienes no luchan, dándoles viviendas en otros sitios. Dice: “Se expropian tierras para mega emprendimientos a pesar de que la ley lo impide. Alguna gente firmó documentos y no pueden hacer nada. Presionan para firmar. Hay gente que firmó y no les han pagado”. Relata el caso de una mapuche inculpada de destruir maquinaria, condenada a firmar mensualmente ante carabineros en lugares muy distantes a su domicilio a pesar de ser materialmente imposible que esa mujer pudiera llevar a cabo el delito que le imputan* (aclaración: cualquier mapuche considerado por los carabineros sospechoso de poder cometer actos terroristas puede ser obligado a comparecer con su familia semanal o mensualmente a determinadas ciudades a firmar un registro) . Además, denuncia la destrucción de sus espacios religiosos y la violación del derecho de reunión. Los carabineros interrumpen en las reuniones, o los vigilan y amedrentan. El Alcalde también boicotea las reuniones de autoridades tradicionales, promoviendo reuniones y actividades paralelas con la estrategia de descalificar los dirigentes. Cree que la iglesia católica y las diversas iglesias evangélicas hacen renegar de su cultura y creencias a los mapuche como otro factor de conflictividad. Manifiesta también que existen concesiones mineras en su comunidad, en el desagüe del río Toltén (yacimientos de oro). Hay veinte concesiones que están en posesión de Codelco*. Otra denuncia se refiere a la comunidad Cienfuegos en Toltén, en la que se construyó una planta de aguas servidas luego de engañar a los habitantes para que firmen la autorización: “Ahora no tienen agua potable pero sí tienen la planta de agua servida. A los que les lavan la mente les dicen buenos mapuche”. Denuncia la construcción de un puerto privado en Mehuín que resulta un agente contaminante.
Una mujer agrega que tiene miedo por sus hijos: “pues somos todos terroristas y yo no sé qué es eso, pero nos tienen marcados a todos”.
Otro asistente, Don Luis Aillapan, continúa: “Para nosotros no hay puerta. No nos escucha nadie. Sin tierra no somos nadie, no somos Mapuche. Ahora tenemos miseria. Un solo hombre tiene cantidad de fundos y nosotros nada, él ni siquiera es chileno, y somos nosotros los que cuidamos la tierra, los que conocemos que hay un árbol mejor que otro, plantas medicinales. Los capitalistas no las respetan. Pero las vamos a recuperar pese a que nos asesinan por defender a nuestro pueblo. Antes teníamos nuestra ley y éramos felices. Cuando medían nuestra tierra tuvimos un enfrentamiento salimos en el diario como terroristas encapuchados, éramos mi mujer y mis hijos. Nos salvamos porque hicieron marcha nos querían dar 500 días, a otros los metieron presos. La naturaleza espera que luchemos por ella. Qué van a decir nuestros nietos si perdemos nuestras tierras!!”
Durante la reunión plantearon una cantidad de conflictos que abarcan desde el daño ambiental, la cosmovisión, la discriminación cultural, la educación etnocéntrica, la disgregación comunitaria, la salud comunitaria, hasta la exclusión, el acceso a la justicia y la violencia por parte del Estado.
Al iniciar la reunión se dio bienvenida a la Misión, agradeciendo su gesto solidario. A modo introductorio, los comuneros plantearon que sus derechos humanos como pueblo Mapuche vienen siendo violados desde hace más de quinientos años, conjuntamente con los derechos de otros pueblos indígenas de Chile, y que esta violación sistemática de sus derechos –en sus diversos aspectos- coarta el derecho a desarrollarse como pueblo. Si bien la sociedad chilena apenas va a cumplir doscientos años (Bicentenario 1810-2010), el señorío Mapuche sobre este territorio data desde siempre.
Los representantes Comuneros denunciaron la división de sus comunidades, la poca disponibilidad de tierras, la consiguiente migración de jóvenes y las dificultades económicas para desarrollarse como comunidad. Que hoy son más de cien familias, las que disponen de sólo 1300 hectáreas. Mientras lo mejores terrenos (altos) están en manos privadas, los mapuche, despojados de su territorio, fueron arrinconados a la orilla del mar en tierras de baja productividad que antes no habitaban y en un bio-ambiente que dificulta el acceso a elementos indispensables para la reproducción de su cosmovisión. Nos relatan que los de Yenehue antes no pescaban, la tierra que tenían les daba lo que necesitaban; también comían pescado que cambiaban por otros productos. Ahora los han dejado sin tierras. Son tierras que no producen. Ahora tienen que ir a pescar pues no tienen otra cosa. Ahora que llegó el blanco los pescadores le venden todo al blanco.
En relación con los derechos ancestrales sobre el territorio que habitan, frecuentemente evocan referencias históricas: “El territorio mapuche al sur del río Bio bío, reconocido por el Pacto de 1641 entre la Corona y los Mapuche, fue ratificado en el Parlamento de Negrete en 1803, por España y luego la república en 1821 lo vuelve a ratificar, reconociendo su territorio, apareciendo los títulos de merced en 1827”. El Peñi Don Leonardo Calfuleo afirma que “el terreno para nosotros es la base de la cultura mapuche”. Con el relato histórico de sus etapas como civilización (ahora en la cuarta historia) explica a la Misión que existen espacios sagrados llamados Treng Treng, fundamentales para su existencia como pueblo. Que las dos primeras etapas históricas fueron tiempos de armonía con la naturaleza, de equilibrio total y con la Tercera historia, comienza la invasión de los occidentales (españoles): “No somos un pueblo guerrero, pero tuvimos que defendernos con armas. Comenzaron los Tratados y Parlamentos estableciendo como frontera el Bio-bio… A partir de la formación del Estado de Chile comienzan a invadirnos y a arrebatar nuestros derechos. Ahora estamos en la cuarta historia que es la etapa de recuperación de nuestro territorio y nuestra cultura. Somos un pueblo que no quiere morir. Estamos luchando por recuperar nuestra cultura-territorio. El gobierno chileno nos manipula con megaproyectos como la Carretera de la Costa. Los megaproyectos destruyen nuestra tierra. Nuestra fuerza es la tierra, es lo primordial. Resistimos en la comunidad. Se trata de una guerra por la recuperación de nuestra tierra, pero es una guerra sin fusiles”.
Este testimonio resulta relevante para entender su cosmovisión y para dimensionar el daño espiritual, ambiental y cultural que implica la devastación del hábitat producida por los mega emprendimientos, las obras públicas y explotación de recursos dentro del territorio ancestral.
En su intervención agrega: “Nuestra situación es compleja. No hay voluntad política para dialogar ni para ayudar”. Denuncia que continúa la política de encarcelar, violentar allanar y matar.
Domingo Rain afirma que no sólo se violan los derechos humanos de los Mapuche, en Chile se violan los derechos humanos de todos los pueblos originarios. Antes, en la dictadura, agrega, torturaban y hacían desaparecer; ahora son los megaproyectos los que destrozan la vida.
El maestro Hugo Painequeo manifestó: “Tengo la suerte de tener un título profesional. Soy docente, profesor. Nosotros teníamos una educación formal, pero cuando se produce la invasión y el choque cultural se nos impuso una educación ajena a la nuestra impidiendo transmitir a nuestros hijos como crecer. La Iglesia Católica llevó adelante la imposición religiosa y cultural apaciguando la lucha de nuestro pueblo por preservar la cultura. Los profesores mapuche tomaron conciencia de incorporarle nuestra propia educación y cultura”. Cuenta que recuperaron una escuela que era de la Iglesia Católica (fue el año 2006). “Esto fue una experiencia innovadora, única. Se abordaron dos temáticas: educación occidental y la nuestra pues es posible compatibilizar dos visiones del mundo. El Ministerio de Educación ha señalado que existen los recursos pero no pueden intervenir ni ayudar porque esta es una escuela privada” (así se refiere a la escuela mapuche el Estado). Hay otras cuatro escuelas en nuestro territorio que dan educación del blanco, la nuestra es la más chiquita y la única que no tiene recursos, todo porque la recuperamos a la iglesia. Agrega que “la recuperación de la escuela se planteó porque también hubo persecución a los profesores con el despido de algunos de ellos”. Denunció que “hay una estafa del magisterio a la comunidad. Buscamos el apoyo de abogados y no lo encontramos. El Magisterio en la Araucanía está en manos de la Iglesia”. También señala que la recuperación de tierras tiene razones culturales. Dice que tomaron la decisión de iniciar un proceso de recuperación territorial mediante la ocupación.”Hemos ofrecido una mesa de conversación (no de negociación pues el territorio no se negocia) y fue rechazado. El Gobierno ha roto todos los compromisos tendientes a la búsqueda de soluciones. Nos persigue la policía con amedrentamientos. No sabemos hasta cuándo, pero no descansaremos hasta el fin. Una política humillante de magros subsidios, y amenazas. En vez de dialogar, la autoridad ofrece cárcel. Hubo despido de docentes y persecución política. Debemos hablar de recuperación territorial y no de recuperación de tierras. Si nos dan un recurso es para alejarnos de nuestra identidad. La Iglesia nos humilla al decirnos que nos da comida, pero las 100 Ha nuestras que retiene las justifican porque se las dio una empresa. La visita del Relator de la ONU no tuvo mayor impacto”.
Nos informan de cómo el MOP ha presionado con la colaboración de Carabineros para hacer avanzar la carretera en Tolten. “El cerro sagrado, el Chen Chen, está en el trayecto de la carretera, allí es tierra sagrada, allí está la fuerza, en el naciente. Allí está nuestra medicina, los nehuenes, cómo voy a permitir eso? exclama uno de los asistentes, quien continúa: “están haciendo la carretera que quería Pinochet. Yo voy a tener un problema en mi terreno. Me van a matar. No sé si tienen en sus planes matarme y matarnos a todos, ya mataron a tantos… todas las culturas del mundo tienen que tener el mismo valor.” Inés Edelmira Huechan quien se opuso hasta el final, con la convicción de proteger ese lugar en que crecía el lawen (plantas medicinales) terminó siendo procesada al cortar un cerco ilegalmente colocado por una empresa que impedía el acceso al lawen. Denuncia que muchos mapuche fueron siendo cooptados con métodos propios del Ministerio de Obras Públicas, tales como amenazar sobre la base del desconocimiento y la indefensión de los comuneros. También denuncian que en las comunidades no ponen mesas para votar. El día de las elecciones tienen que caminar 20, 40 kilómetros, la mayoría no puede hacerlo, entonces las autoridades no los representan porque los mapuche no las eligieron.
Danae Rain (una mapuche joven) manifiesta que la política del Estado a través de instituciones como el Programa Orígenes, los políticos y los funcionarios, provocan división y cooptación entre el pueblo mapuche. Que por la falta de recursos económicos muchos son cooptados y los que resisten son invalidados como dirigentes, los persiguen y los meten presos; premian a quienes no luchan, dándoles viviendas en otros sitios. Dice: “Se expropian tierras para mega emprendimientos a pesar de que la ley lo impide. Alguna gente firmó documentos y no pueden hacer nada. Presionan para firmar. Hay gente que firmó y no les han pagado”. Relata el caso de una mapuche inculpada de destruir maquinaria, condenada a firmar mensualmente ante carabineros en lugares muy distantes a su domicilio a pesar de ser materialmente imposible que esa mujer pudiera llevar a cabo el delito que le imputan* (aclaración: cualquier mapuche considerado por los carabineros sospechoso de poder cometer actos terroristas puede ser obligado a comparecer con su familia semanal o mensualmente a determinadas ciudades a firmar un registro) . Además, denuncia la destrucción de sus espacios religiosos y la violación del derecho de reunión. Los carabineros interrumpen en las reuniones, o los vigilan y amedrentan. El Alcalde también boicotea las reuniones de autoridades tradicionales, promoviendo reuniones y actividades paralelas con la estrategia de descalificar los dirigentes. Cree que la iglesia católica y las diversas iglesias evangélicas hacen renegar de su cultura y creencias a los mapuche como otro factor de conflictividad. Manifiesta también que existen concesiones mineras en su comunidad, en el desagüe del río Toltén (yacimientos de oro). Hay veinte concesiones que están en posesión de Codelco*. Otra denuncia se refiere a la comunidad Cienfuegos en Toltén, en la que se construyó una planta de aguas servidas luego de engañar a los habitantes para que firmen la autorización: “Ahora no tienen agua potable pero sí tienen la planta de agua servida. A los que les lavan la mente les dicen buenos mapuche”. Denuncia la construcción de un puerto privado en Mehuín que resulta un agente contaminante.
Una mujer agrega que tiene miedo por sus hijos: “pues somos todos terroristas y yo no sé qué es eso, pero nos tienen marcados a todos”.
Otro asistente, Don Luis Aillapan, continúa: “Para nosotros no hay puerta. No nos escucha nadie. Sin tierra no somos nadie, no somos Mapuche. Ahora tenemos miseria. Un solo hombre tiene cantidad de fundos y nosotros nada, él ni siquiera es chileno, y somos nosotros los que cuidamos la tierra, los que conocemos que hay un árbol mejor que otro, plantas medicinales. Los capitalistas no las respetan. Pero las vamos a recuperar pese a que nos asesinan por defender a nuestro pueblo. Antes teníamos nuestra ley y éramos felices. Cuando medían nuestra tierra tuvimos un enfrentamiento salimos en el diario como terroristas encapuchados, éramos mi mujer y mis hijos. Nos salvamos porque hicieron marcha nos querían dar 500 días, a otros los metieron presos. La naturaleza espera que luchemos por ella. Qué van a decir nuestros nietos si perdemos nuestras tierras!!”
2.3 Reunión en Temuco con el equipo multidisciplinario del Observatorio de Derechos de los Pueblo Indígenas- 28 de enero de 2008
Presentación a cargo de José Aylwin, Coordinador de la entidad.
Se trata de una asociación civil integrada por quince personas de diversas profesiones (abogados, geógrafos, antropólogos, trabajadores sociales, etc.), diferentes etnias y de distintas partes del país. La historia del Observatorio comenzó con la participación de muchos de sus integrantes en la Comisión Especial de Pueblos Indígenas. Esta tenía como objeto elaborar una legislación que en su oportunidad había generado expectativas de cambios importantes. También intervinieron en la creación el Instituto de Pueblos Indígenas de la Universidad de la Frontera en el entendimiento que resultaba relevante situar esta temática dentro de la Universidad Pública, dado que el 10% de su población estudiantil era mapuche. Allí trabajaron durante diez años en docencia, investigación y monitoreo de la política indígena. En el año 2004 dicha política se volvió muy crítica. Fue en ese contexto que se sintieron compelidos a no silenciar la grave situación, y para evitar condicionamientos, tomaron la decisión de formar una sociedad civil creando este Observatorio para hacer esencialmente el mismo trabajo, pero fuera del ámbito universitario.
El Observatorio tiene como objetivo la promoción de los derechos indígenas y de los estándares internacionales pertinentes, a través del dictado de cursos, elaboración de documentos, y a asistencia legal por medio de un equipo formado por tres abogados.
El Observatorio tiene como objetivo la promoción de los derechos indígenas y de los estándares internacionales pertinentes, a través del dictado de cursos, elaboración de documentos, y a asistencia legal por medio de un equipo formado por tres abogados.
Visión sobre el momento actual
Si bien observan particularmente crítica la situación actual, consideran que la misma es consecuencia de una política pública aplicada desde hace mucho tiempo. El Estado chileno ha llevado adelante una política dual. Por un lado, la sectorial implementada por la CONADI creada en 1993 e inicialmente concebida como una institución de cogestión por estar constituida por un Consejo Nacional como órgano máximo, integrado igualitariamente por representantes del Estado nacional y de las comunidades indígenas. En los últimos años ha venido siendo cooptado por el gobierno, por lo que ya no es ni órgano de cogestión ni espacio de debate pues los movimientos indígenas se encuentran fuera de CONADI. Por otro lado, el “Programa Orígenes” iniciado formalmente en el año 2001, regido por ley 19.253 (llamada “ley Indígena”) del año 1993. Esta fue considerada una ley progresista. Quince años después de una práctica nefasta, resulta una ley muy restrictiva que ha generado grandes divisiones al interior de los pueblos indígenas. Esto es importante para entender los conflictos actuales en materia de reivindicaciones de territorio. Como ejemplo puntual, el 60% del presupuesto de la CONADI está destinado a la obtención de tierras. La ley crea un fondo de tierras que opera a precios de mercado. En poco tiempo el valor de las tierras en conflicto ha subido de 5 a 8 veces su valor de mercado producto de accionar de los especuladores. Esto ha hecho que la mayor parte de este dinero vaya a parar a los bolsillos de los especuladores de tierras y no sirve al objetivo de restitución a las comunidades indígenas. Paradójicamente, y si bien la Constitución permite la expropiación, el Estado sólo la utiliza para los mega emprendimientos, jamás para la adquisición de tierras ancestrales, que sólo las compra en el mercado. Lo vincula a la estigmatización que ha tenido en la sociedad chilena la llamada “Reforma Agraria”, afirmando que esta discusión no se entabla por tratarse de un tema “tabú”. Indica, por otra parte, que en varios casos se han efectuado compras de tierras entregándolas a comunidades indígenas que no son las que detentan los derechos ancestrales sobre ellas, y generando duros enfrentamientos entre las comunidades beneficiadas y las comunidades que sostienen un legítimo reclamo sobre el fundo en disputa.
El “Programa Orígenes”, señala, está financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, y administrado por la Subsecretaría de MIDEPLAN. Cuenta con un fondo de 53 millones de dólares aportados por el Estado Chileno y 80 millones por el BID, para que en un plazo de ocho años se implemente un programa de desarrollo económico, social y cultural de las comunidades indígenas. El Estado no ha potenciado los procesos de reconstrucción territorial sino más bien lo ha utilizado con un criterio político-partidario clientelar para cooptar. Este método marca el fuerte de la política pública sectorial.
El otro aspecto importante tiene que ver con los esfuerzos de los últimos gobiernos para insertar a Chile en la economía Global, basándose fundamentalmente en la explotación y exportación de recursos naturales, la mayoría de ellos ubicados en territorios pertenecientes a pueblos originarios. Esto es: al norte la minería y apropiación de aguas, al sur, el tendido eléctrico, la salmonicultura y la forestación (de 2 millones de hectáreas al sur del Bío Bío que se encuentran en conflicto, al menos 500 mil pertenecen al pueblo mapuche, territorios ancestrales que no eran parte de los títulos de merced). Frente a esta explotación -en especial frente a la forestación- desde 1997 en adelante, el pueblo Mapuche ha desarrollado un proceso de resistencia civil por medios pacíficos. Destaca que son muy pocos los actos violentos realizados y sólo han sido contra la propiedad –bloqueo de caminos, quema de campos, etc.-, jamás contra personas. Destaca que no hay víctimas del lado de la policía, latifundistas o empresarios y si las hay mapuche.
Como respuesta, el Estado ha implementado la estrategia de criminalización con dos vertientes: 1- persecución judicial: se inicia en el año 1992 con un caso emblemático. El primer Gobierno de la Concertación entabla una acción contra 144 integrantes del Consejo de Todas las Tierras que realizaron actos de recuperación de tierras. Como resultado los mapuche fueron condenados por usurpación y asociación ilícita a distintas penas de reclusión. El ex presidente Frei aplicó la ley de Seguridad Interior del Estado y el presidente Lagos utilizó la llamada “Ley Antiterrorista” marcada por el espíritu de la dictadura con penas muy altas, deficiencias en el proceso y en el acceso a la información –admite los testigos protegidos o “sin rostro-. Hay cerca de cincuenta casos de aplicación de la Ley Antiterrorista y diez condenados. Bachelet anunció en 2006 que no continuaría la aplicación de esta ley, sin embargo, se los sigue persiguiendo por distintos delitos y persiste la situación de aquellos que ya han sido condenados. 2- La Violencia Policial en las comunidades: menos visible pero permanente, esta violencia continúa en la actual administración. Muchas comunidades tienen presencia policial constante, encontrándose su territorio militarizado. Lo expuesto se vincula con la política de Seguridad Interior, y también con las facultades que otorga el nuevo Código Procesal Penal, que contempla la posibilidad de pedir protección militar para los dueños de la tierra, en general latifundistas. En una reciente entrevista otorgada al Observatorio, el general a cargo de la Fuerza en la región, manifestó que 1/5 del contingente de tropas se hallan custodiando latifundios. Esto se traduce en un accionar policial violento hacia ancianos, niños, mujeres y comunidad en general de características racistas. Si bien esta situación ha sido documentada y denunciada a las diferentes autoridades, la conclusión del Observatorio es que el Gobierno no tiene intenciones de cambiar este accionar policial, que genera las violaciones más graves y permanentes a los derechos humanos.
Denuncia el trato discriminatorio sufrido por los mapuche, a quienes los agentes de seguridad llaman despectivamente “indio de mierda”. Afirma que la muerte de Matías Catrileo no es un hecho casual, y que el Gobierno tiene la responsabilidad central sobre este asesinato. Por otra parte, señalan que hay un tema legislativo-institucional muy profundo, pues los delitos que comete la policía contra los civiles, son investigados por la justicia militar que en la práctica garantiza la diferencia de trato y la impunidad para los miembros de la fuerza. Estos no son apremiados por el Estado, y en la mayoría de los casos sólo son reasignados. El gobierno no ha tomado la iniciativa en la reforma para abolir la justicia militar en lo que se refiere a la violación de los derechos humanos. Recuerdan la resolución de la Corte Interamericana que conmina a Chile a modificar esta legislación para estar acorde a los estándares internacionales, y que el Gobierno aún no ha cumplido.
La situación de Patricia Troncoso (llevaba más de cien días de huelga de hambre) y los otros cuatro presos que bajaron la huelga pero no sus reclamos, es producto de un proceso de criminalización fundado en la “ley antiterrorista” criticada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en marzo del 2007.
Destaca en la huelga de hambre del 2006, si bien se llegó un acuerdo entre el Gobierno y los huelguistas, con el Obispo Camilo Vial el gobierno no cumplió su parte que era impulsar la reforma legislativa. Recuerda que además la “ley antiterrorista” restringe la facultad de indultar a los procesados por estos delitos y que la amnistía requiere un quórum que no resulta viable. En relación a los beneficios carcelarios reclamados por los huelguistas, en especial por “la Chepa” resalta que hasta el momento no han sido otorgados. Recuerda que en una entrevista con el Ministro Viera Gallo, y ante el cuestionamiento del Observatorio, éste respondió que las salidas peticionadas implican un riesgo de fuga de la líder Patricia Troncoso. Tal respuesta la consideran infundada y desprovista de la escala de valores que impera en relación a los bienes jurídicos protegidos.
El “Programa Orígenes”, señala, está financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, y administrado por la Subsecretaría de MIDEPLAN. Cuenta con un fondo de 53 millones de dólares aportados por el Estado Chileno y 80 millones por el BID, para que en un plazo de ocho años se implemente un programa de desarrollo económico, social y cultural de las comunidades indígenas. El Estado no ha potenciado los procesos de reconstrucción territorial sino más bien lo ha utilizado con un criterio político-partidario clientelar para cooptar. Este método marca el fuerte de la política pública sectorial.
El otro aspecto importante tiene que ver con los esfuerzos de los últimos gobiernos para insertar a Chile en la economía Global, basándose fundamentalmente en la explotación y exportación de recursos naturales, la mayoría de ellos ubicados en territorios pertenecientes a pueblos originarios. Esto es: al norte la minería y apropiación de aguas, al sur, el tendido eléctrico, la salmonicultura y la forestación (de 2 millones de hectáreas al sur del Bío Bío que se encuentran en conflicto, al menos 500 mil pertenecen al pueblo mapuche, territorios ancestrales que no eran parte de los títulos de merced). Frente a esta explotación -en especial frente a la forestación- desde 1997 en adelante, el pueblo Mapuche ha desarrollado un proceso de resistencia civil por medios pacíficos. Destaca que son muy pocos los actos violentos realizados y sólo han sido contra la propiedad –bloqueo de caminos, quema de campos, etc.-, jamás contra personas. Destaca que no hay víctimas del lado de la policía, latifundistas o empresarios y si las hay mapuche.
Como respuesta, el Estado ha implementado la estrategia de criminalización con dos vertientes: 1- persecución judicial: se inicia en el año 1992 con un caso emblemático. El primer Gobierno de la Concertación entabla una acción contra 144 integrantes del Consejo de Todas las Tierras que realizaron actos de recuperación de tierras. Como resultado los mapuche fueron condenados por usurpación y asociación ilícita a distintas penas de reclusión. El ex presidente Frei aplicó la ley de Seguridad Interior del Estado y el presidente Lagos utilizó la llamada “Ley Antiterrorista” marcada por el espíritu de la dictadura con penas muy altas, deficiencias en el proceso y en el acceso a la información –admite los testigos protegidos o “sin rostro-. Hay cerca de cincuenta casos de aplicación de la Ley Antiterrorista y diez condenados. Bachelet anunció en 2006 que no continuaría la aplicación de esta ley, sin embargo, se los sigue persiguiendo por distintos delitos y persiste la situación de aquellos que ya han sido condenados. 2- La Violencia Policial en las comunidades: menos visible pero permanente, esta violencia continúa en la actual administración. Muchas comunidades tienen presencia policial constante, encontrándose su territorio militarizado. Lo expuesto se vincula con la política de Seguridad Interior, y también con las facultades que otorga el nuevo Código Procesal Penal, que contempla la posibilidad de pedir protección militar para los dueños de la tierra, en general latifundistas. En una reciente entrevista otorgada al Observatorio, el general a cargo de la Fuerza en la región, manifestó que 1/5 del contingente de tropas se hallan custodiando latifundios. Esto se traduce en un accionar policial violento hacia ancianos, niños, mujeres y comunidad en general de características racistas. Si bien esta situación ha sido documentada y denunciada a las diferentes autoridades, la conclusión del Observatorio es que el Gobierno no tiene intenciones de cambiar este accionar policial, que genera las violaciones más graves y permanentes a los derechos humanos.
Denuncia el trato discriminatorio sufrido por los mapuche, a quienes los agentes de seguridad llaman despectivamente “indio de mierda”. Afirma que la muerte de Matías Catrileo no es un hecho casual, y que el Gobierno tiene la responsabilidad central sobre este asesinato. Por otra parte, señalan que hay un tema legislativo-institucional muy profundo, pues los delitos que comete la policía contra los civiles, son investigados por la justicia militar que en la práctica garantiza la diferencia de trato y la impunidad para los miembros de la fuerza. Estos no son apremiados por el Estado, y en la mayoría de los casos sólo son reasignados. El gobierno no ha tomado la iniciativa en la reforma para abolir la justicia militar en lo que se refiere a la violación de los derechos humanos. Recuerdan la resolución de la Corte Interamericana que conmina a Chile a modificar esta legislación para estar acorde a los estándares internacionales, y que el Gobierno aún no ha cumplido.
La situación de Patricia Troncoso (llevaba más de cien días de huelga de hambre) y los otros cuatro presos que bajaron la huelga pero no sus reclamos, es producto de un proceso de criminalización fundado en la “ley antiterrorista” criticada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en marzo del 2007.
Destaca en la huelga de hambre del 2006, si bien se llegó un acuerdo entre el Gobierno y los huelguistas, con el Obispo Camilo Vial el gobierno no cumplió su parte que era impulsar la reforma legislativa. Recuerda que además la “ley antiterrorista” restringe la facultad de indultar a los procesados por estos delitos y que la amnistía requiere un quórum que no resulta viable. En relación a los beneficios carcelarios reclamados por los huelguistas, en especial por “la Chepa” resalta que hasta el momento no han sido otorgados. Recuerda que en una entrevista con el Ministro Viera Gallo, y ante el cuestionamiento del Observatorio, éste respondió que las salidas peticionadas implican un riesgo de fuga de la líder Patricia Troncoso. Tal respuesta la consideran infundada y desprovista de la escala de valores que impera en relación a los bienes jurídicos protegidos.
Conflicto de Tierras
Rubén Sánchez, colaborador del Observatorio, expresa que hay diferentes ópticas para una mirada global de la situación territorial. Si bien el conflicto toma distintas formas según la zona, plantea que no sólo no se ha cumplido con el objetivo fundamental de la CONADI -tal es resolver el conflicto de tierras- sino que se ha profundizado hacia adentro de las comunidades. Es decir que lo que era un enfrentamiento de los pueblos indígenas con particulares, latifundistas o empresas, hoy se extiende a enfrentamientos entre comunidades, con situaciones de lamentable e inusitada violencia sobre todo en casos de relocalizaciones como en los casos de las comunidades “Carimán Sánchez y Gonzalo Marín” y “Manuel Contreras”. Reitera la crítica al organismo por su política de mercado, principio de corrupción que genera un desaprovechamiento de los recursos e impide la efectiva restitución de tierras. Señala además que la materialización de la entrega de las tierras adquiridas se da en períodos excesivamente largos y el antiguo propietario generalmente se convierte en arrendatario, desvirtuando el objetivo de la ley. Lo grave es que los acuerdos son entre la empresa y la familia, y no entre la empresa y la comunidad. El Estado sólo ofrece soluciones administrativas o respuestas inmobiliarias. Aclaran que en el norte el conflicto es menor.
Consultados acerca de la posibilidad de arrendamiento de las tierras restituidas, destacan que, si bien la ley de 1993 renovó la prohibición de venta, se pueden permutar o vender entre indígenas. A raíz de una modificación al reglamento interno emanado del Consejo de la CONADI, se puede arrendar por cinco años los fundos particulares y por dos años los fundos comunitarios. Debe tenerse en cuenta que durante la Dictadura se promovió la división en hijuelas de las tierras bajo titulo de merced, y sólo se les impedía vender en un plazo inferior a 20 años. También se les permitía arrendar por 99 años, lo que provocó la pérdida de muchas tierras. En la práctica esto significó un verdadero “etnocidio legal”. El tema del arrendamiento es también atravesado por la corrupción. A raíz de denuncias efectuadas por arrendamiento de tierras compradas y reintegradas por CONADI, se aprobó la modificación mencionada acuñándose los conceptos de “unidad económica” y “unidad cultural” como justificación. Probablemente esta solución surge porque muchos consejeros poseían tierras en arriendo. Este cuadro explica el porqué la explotación de la mayoría de las tierras no están en manos de las comunidades mapuches.
Cuestiona el equilibrio en las decisiones de la CONADI, dado que en su constitución siempre primará la voluntad del Gobierno por simple mayoría. Por otra parte sólo las comunidades con personería jurídica pueden elegir consejeros, lo que constituye un problema para las comunidades que ven restringida sus posibilidades de participación por diferencias culturales e institucionales.
Consultados acerca de la posibilidad de arrendamiento de las tierras restituidas, destacan que, si bien la ley de 1993 renovó la prohibición de venta, se pueden permutar o vender entre indígenas. A raíz de una modificación al reglamento interno emanado del Consejo de la CONADI, se puede arrendar por cinco años los fundos particulares y por dos años los fundos comunitarios. Debe tenerse en cuenta que durante la Dictadura se promovió la división en hijuelas de las tierras bajo titulo de merced, y sólo se les impedía vender en un plazo inferior a 20 años. También se les permitía arrendar por 99 años, lo que provocó la pérdida de muchas tierras. En la práctica esto significó un verdadero “etnocidio legal”. El tema del arrendamiento es también atravesado por la corrupción. A raíz de denuncias efectuadas por arrendamiento de tierras compradas y reintegradas por CONADI, se aprobó la modificación mencionada acuñándose los conceptos de “unidad económica” y “unidad cultural” como justificación. Probablemente esta solución surge porque muchos consejeros poseían tierras en arriendo. Este cuadro explica el porqué la explotación de la mayoría de las tierras no están en manos de las comunidades mapuches.
Cuestiona el equilibrio en las decisiones de la CONADI, dado que en su constitución siempre primará la voluntad del Gobierno por simple mayoría. Por otra parte sólo las comunidades con personería jurídica pueden elegir consejeros, lo que constituye un problema para las comunidades que ven restringida sus posibilidades de participación por diferencias culturales e institucionales.
Estrategia para abordar el conflicto
Ante la dimensión, multiplicidad de factores y profundidad del conflicto existente, esta misión consulta a los miembros del Observatorio, acerca de cuál sería la forma adecuada de abordarlo. José Aylwin responde que, en el caso del pueblo mapuche, no estamos frente a un todo coherente y orgánico, sino más bien ante innumerables variables en las diversas comunidades y problemáticas sumamente complejas. En relación al tema tierras, hay comunidades que negocian y otras comunidades que no lo hacen. Incluso como consecuencia de las diversas políticas aplicadas durante muchos años, coexisten hoy tierras con alto grado de fragmentación y diferentes status jurídico que exigen diferente tratamiento (títulos de merced, títulos de comisario, ley de tierras etc). Existen diversas organizaciones con diferentes conflictos, todos afectados por los efectos de la economía global y una política de gobierno tendiente a la fragmentación de la comunidad que ha generado una dinámica de destrucción pulverizando la cohesión que pudo haber tenido el pueblo mapuche. Afirma que hay falta de políticas en los demás temas que hacen al conflicto, tales como la participación, la educación, etc. No existe nada formal para abordar otros temas, salvo el de la tierra, y no cree que este gobierno lo genere.
En lo referente al tema de la representación, recuerda que existió una propuesta para la conformación de un “Parlamento mapuche” que vendría a resolver el problema institucional, como órgano consultivo e interlocutor en el diálogo necesario, pero que este fue desestimado por el gobierno de Bachelet.
En lo referente al tema de la representación, recuerda que existió una propuesta para la conformación de un “Parlamento mapuche” que vendría a resolver el problema institucional, como órgano consultivo e interlocutor en el diálogo necesario, pero que este fue desestimado por el gobierno de Bachelet.
