La europa de mierda y los inmigrantes
SOMOS NADIE
Los cayucos cotizan en bolsa
Juan García Luján *
El índice general de la bolsa de Madrid cayó ayer un 1,83%, mientras que las acciones de Amper subieron un 0.57%. Casi todas las empresas de telecomunicaciones bajaron su cotización, Amper fue una de las dos excepciones. Los inversores bursátiles que tenían puesto un ojo en Amper se pasaron la mañana mirando con el otro ojo al Parlamento europeo, finalmente 369 diputados votaron a favor de la nueva directiva comunitaria que recorta derechos humanos de los inmigrantes sin documentación legal, 197 eurodiputados votaron en contra y 106 votaron en blanco. Entre los votos a favor todos los del PP español y todos los del PSOE excepto dos eurodiputados.
Para los accionistas de Amper fue una buena noticia la aprobación de la directiva del retorno de sin papeles, que permitirá tener durante 18 meses en una cárcel a personas que han cumplido una falta administrativa, los menores migrantes podrán ser entregados a personas u organizaciones ajenas a sus familias de origen. Las expulsiones podrán tomarse por vía administrativa, suprimiendo el derecho a un juicio.
La votación del Parlamento europeo y los resultados de Amper en la bolsa demuestran que el sistema capitalista funciona a la perfección: estamos ante una nueva victoria de los poderes económicos que se alimenta de una derrota de los sectores sociales más débiles.Los pedidos a Amper han aumentado un 91% respecto al año 2007.Aunque la empresa tiene previsto despedir a 50 empleados para poder ahorrar 3 millones de euros este año y multiplicar todavía más sus beneficios. La compañía podrá además repartir entre sus accionistas 0,13 euros por acción con cargo a los resultados de 2007, lo que supone un incremento del 40% respecto al ejercicio anterior.
Pero lo que multiplicó los beneficios de Amper en la bolsa no fue el despido de 50 trabajadores, ni el aumento en un 91 % de pedidos, ni el incremento del dividendo que repartirán entre los accionistas. Lo que provocó ese aumento del valor de Amper fue la nueva directiva europea. Porque Amper es la empresa que vende en Europa el Sistema de Vigilancia Exterior, conocido como SIVE, son los radares que los estados europeos colocan en sus costas para detectar las embarcaciones de inmigrantes irregulares. Cada vez que los periódicos sacan en las portadas el número de inmigrantes africanos que fue detectado en nuestras costas, cada vez que hacemos balances mensuales o anuales de la llegada de cayucos, cada vez que convertimos la llegada de africanos en un baile de cifras sin causas, cada vez que reiteramos la cantidad de africanos que quieren entrar en el rico club europeo y son detectados por los radares del SIVE, estamos contribuyendo a incrementar el valor de Amper en la bolsa.
Amper no sería un negocio si los seres humanos tuviesen la misma libertad de movimientos que las mercancías, los recursos naturales de los países del Sur o el capital financiero internacional. Amper no sería negocio en un mundo sin leyes de Extranjería o directivas europeas que suponen la anulación de los derechos humanos para los recién llegados al club de los ricos. La solidaridad no cotiza en bolsa, las industrias de la guerra y de las fronteras sí. Pero el mundo en el que vivimos es el que es. En nombre de los accionistas de Amper, gracias a todos.
* Fuente: Servicio de Información Hermes - Solicitud de suscripciones a: domroberto@gmail. com
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Aprueban ley discriminatoria y racista para toda Europa
El Parlamento Europeo aprobó una de las medidas más duras que se conoce hasta ahora contra la inmigración. Los inmigrantes, incluso los menores, podrán ser arrestados en instituciones especiales por 18 meses. Luego serán deportados a cualquier país. La ley de retorno de inmigrantes de la Unión Europea se contradice con el Convenio Europeo de Extradición del Consejo de Europa de 1957, que limitaba a 40 días los plazos de retención provisional y ha sido ratificado desde entonces por los 27 países miembros de la UE.
@DIN, 19 de junio de 2008 - La Unión Europea (UE) ha aprobado finalmente la norma que permite encarcelar a los inmigrantes hasta 18 meses sólo por no tener papeles. El texto se contradice con el Convenio Europeo de Extradición del Consejo de Europa de 1957.
El Parlamento Europeo aprobó una de las medidas más duras que se conoce hasta ahora contra la inmigración. Los inmigrantes, incluso los menores, podrán ser arrestados en instituciones especiales por 18 meses. Luego serán deportados a cualquier país.
Latinoamérica, en tanto, censuró ayer de forma unánime la directiva de retorno de inmigrantes ilegales aprobada por el Parlamento Europeo, que algunos gobiernos calificaron de "vergonzosa" , porque viola el derecho a la libre circulación y equipara a los afectados con criminales.
La aprobación de la directiva suscitó una tromba de protestas políticas, asociaciones, sindicatos y otras organizaciones. Las Madres de la Plaza de Mayo exigieron por su parte a la UE que reconsidere las "salvajes" y "discriminatorias" medidas aprobadas.
Al rechazo se sumaron la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y varias ONG latinoamericanas que calificaron la norma como un "escándalo" y una "verdadera declaración de guerra" contra los inmigrantes.
Mientras, la Asociación hispano-ecuatoriana Rumiñahui tildó la directiva del retorno de "xenofóbica, ilegítima y criminal".El portavoz de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) en el Congreso, Joan Herrera, calificó de gravísima la actitud del PSOE por votar a favor de la directiva. Se trata de un atentado a los principios fundamentales como el derecho a la libertad y el derecho a emigrar, añadió.
La directiva permite además que los inmigrantes sean deportados no sólo a sus países de origen, sino también a un país de tránsito que los acepte, una forma de poder expulsar a inmigrantes llegados de los países más pobres de Africa, donde a veces ni siquiera hay registros para conocer si una persona es de esa nacionalidad.
El encarcelamiento -incluso en el caso de menores de edad- se justifica ante el temor de que el inmigrante intente escapar al control de las autoridades para no ser deportado. A partir de ahora, cada Estado miembro de la UE deberá fijar un período máximo de retención de seis meses -ampliable a 18- y definir los lugares de reclusión, que en principio no podrán ser las prisiones comunes, salvo en caso de necesidad. Además, los menores no acompañados y las familias con menores a su cargo sólo serán recluidas "como último recurso y por un período de tiempo lo más corto posible", pero no se definen ni otros recursos ni la duración de ese período. Estas ambigüedades podrían dar vía libre a los países más restrictivos para crear, acogiéndose a supuestas necesidades, campos de concentración, denuncian organizaciones de derechos civiles. Además, los deportados no podrán volver a pisar Europa durante los siguientes cinco años.
Varias asociaciones añadieron la repulsa al límite máximo de 18 meses y las condiciones de internamiento en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE). El ministerio del Interior aseguró que la utilización de estos centros en España es correcta, aunque estudiarán las denuncias emitidas por el Defensor del Pueblo sobre falta de intimidad, seguridad, infraestructuras. Respecto a la aprobación de la directiva fuentes del organismo insistieron en que es un primer paso para la política común, un avance para los inmigrantes y sus derechos y amplía las garantías en algunos de los países.
La directiva de retorno de inmigrantes de la Unión Europea se contradice con el Convenio Europeo de Extradición del Consejo de Europa de 1957, que limitaba a 40 días los plazos de retención provisional y ha sido ratificado desde entonces por los 27 países miembros de la UE. El texto aprobado ayer por el Parlamento (la Directiva Retorno) establece un límite máximo de 6 meses ampliable a 18 para inmigrantes a la espera de ser devueltos a sus países. La denuncia la emitió ayer el presidente de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Pascual Aguelo, que insiste en que, de confirmarse, plantearía nuevas dudas legales a la polémica directiva.
Aunque el convenio de derechos humanos fue aprobado hace 51 años, España no lo ratificó hasta 1982. Y varios países siguieron sus pasos: Portugal (1990), Polonia (1993) o Bélgica (1997), según un informe del Consejo de Europa.
Este compromiso del Gobierno español es uno de los que inspiraron que la primera Ley de Extranjería recogiese un plazo máximo de internamiento de 40 días, dice Aguelo. Ésta llegó en 1985 y, tras varias modificaciones, el Gobierno plantea ahora aumentar los plazos a cerca de 60 días, aunque todavía no ha fijado un límite definitivo. El CGAE ha remitido el caso al Consejo de Europa para su estudio.
Esta ley, considerada racista, era el último paso que faltaba para que la UE se dote de durísimas normas que permitirán, entre otras cosas, el encarcelamiento de irregulares durante 18 meses o la deportación de menores de edad, incluso sin la compañía de un adulto, y sin asegurar que serán recogidos por un familiar en el país de destino. La norma entrará en vigor en 2010.
La última versión de la directiva fija un período de "retorno voluntario" de 7 a 30 días. Si los inmigrantes no abandonan la UE en ese período, las autoridades nacionales emitirán una "orden de alejamiento" y tomarán "medidas coercitivas" como el encarcelamiento, incluso sin decisión judicial obligatoria, pues la directiva permite que la decisión sea administrativa. Además, los deportados no podrán volver a pisar Europa durante los siguientes cinco años.
Hasta ahora cada país establecía el período máximo de detención de inmigrantes irregulares. A partir de ahora nadie podrá superar los 18 meses, pero muchos podrán aumentar sus plazos, como España, que ya anunció un aumento de 40 a 60 días.
Toda la derecha votó a favor así como la mayoría de los liberales. Los socialistas, divididos, repartieron sus votos entre el "no" y la abstención, aunque casi todos los socialistas españoles votaron a favor, a pesar de ver rechazadas sus enmiendas que pretendían suavizar los aspectos más polémicos del texto.
Decenas de organizaciones -entre ellas Naciones Unidas- pidieron a los eurodiputados que rechazaran el texto. Minutos después de la votación, Amnistía Internacional reaccionó con un comunicado en el que se mostraba "decepcionada porque el texto no garantiza la expulsión de los inmigrantes de forma segura y digna, el período de detención es excesivo y no dispone las garantías suficientes para los menores no acompañados".
Por su parte, la Asociación Europea para la Defensa de los Derechos Humanos, dijo que "es inaceptable detener durante 18 meses a hombres, mujeres y niños que simplemente son residentes sin papeles".
La Comisión Europea estima que hay 8 millones de irregulares en los 27 países miembros de la UE, una cifra por otra parte sin verificación posible.
Aprueban ley discriminatoria y racista para toda Europa
El Parlamento Europeo aprobó una de las medidas más duras que se conoce hasta ahora contra la inmigración. Los inmigrantes, incluso los menores, podrán ser arrestados en instituciones especiales por 18 meses. Luego serán deportados a cualquier país. La ley de retorno de inmigrantes de la Unión Europea se contradice con el Convenio Europeo de Extradición del Consejo de Europa de 1957, que limitaba a 40 días los plazos de retención provisional y ha sido ratificado desde entonces por los 27 países miembros de la UE.
@DIN, 19 de junio de 2008 - La Unión Europea (UE) ha aprobado finalmente la norma que permite encarcelar a los inmigrantes hasta 18 meses sólo por no tener papeles. El texto se contradice con el Convenio Europeo de Extradición del Consejo de Europa de 1957.
El Parlamento Europeo aprobó una de las medidas más duras que se conoce hasta ahora contra la inmigración. Los inmigrantes, incluso los menores, podrán ser arrestados en instituciones especiales por 18 meses. Luego serán deportados a cualquier país.
Latinoamérica, en tanto, censuró ayer de forma unánime la directiva de retorno de inmigrantes ilegales aprobada por el Parlamento Europeo, que algunos gobiernos calificaron de "vergonzosa" , porque viola el derecho a la libre circulación y equipara a los afectados con criminales.
La aprobación de la directiva suscitó una tromba de protestas políticas, asociaciones, sindicatos y otras organizaciones. Las Madres de la Plaza de Mayo exigieron por su parte a la UE que reconsidere las "salvajes" y "discriminatorias" medidas aprobadas.
Al rechazo se sumaron la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y varias ONG latinoamericanas que calificaron la norma como un "escándalo" y una "verdadera declaración de guerra" contra los inmigrantes.
Mientras, la Asociación hispano-ecuatoriana Rumiñahui tildó la directiva del retorno de "xenofóbica, ilegítima y criminal".El portavoz de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) en el Congreso, Joan Herrera, calificó de gravísima la actitud del PSOE por votar a favor de la directiva. Se trata de un atentado a los principios fundamentales como el derecho a la libertad y el derecho a emigrar, añadió.
La directiva permite además que los inmigrantes sean deportados no sólo a sus países de origen, sino también a un país de tránsito que los acepte, una forma de poder expulsar a inmigrantes llegados de los países más pobres de Africa, donde a veces ni siquiera hay registros para conocer si una persona es de esa nacionalidad.
El encarcelamiento -incluso en el caso de menores de edad- se justifica ante el temor de que el inmigrante intente escapar al control de las autoridades para no ser deportado. A partir de ahora, cada Estado miembro de la UE deberá fijar un período máximo de retención de seis meses -ampliable a 18- y definir los lugares de reclusión, que en principio no podrán ser las prisiones comunes, salvo en caso de necesidad. Además, los menores no acompañados y las familias con menores a su cargo sólo serán recluidas "como último recurso y por un período de tiempo lo más corto posible", pero no se definen ni otros recursos ni la duración de ese período. Estas ambigüedades podrían dar vía libre a los países más restrictivos para crear, acogiéndose a supuestas necesidades, campos de concentración, denuncian organizaciones de derechos civiles. Además, los deportados no podrán volver a pisar Europa durante los siguientes cinco años.
Varias asociaciones añadieron la repulsa al límite máximo de 18 meses y las condiciones de internamiento en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE). El ministerio del Interior aseguró que la utilización de estos centros en España es correcta, aunque estudiarán las denuncias emitidas por el Defensor del Pueblo sobre falta de intimidad, seguridad, infraestructuras. Respecto a la aprobación de la directiva fuentes del organismo insistieron en que es un primer paso para la política común, un avance para los inmigrantes y sus derechos y amplía las garantías en algunos de los países.
La directiva de retorno de inmigrantes de la Unión Europea se contradice con el Convenio Europeo de Extradición del Consejo de Europa de 1957, que limitaba a 40 días los plazos de retención provisional y ha sido ratificado desde entonces por los 27 países miembros de la UE. El texto aprobado ayer por el Parlamento (la Directiva Retorno) establece un límite máximo de 6 meses ampliable a 18 para inmigrantes a la espera de ser devueltos a sus países. La denuncia la emitió ayer el presidente de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Pascual Aguelo, que insiste en que, de confirmarse, plantearía nuevas dudas legales a la polémica directiva.
Aunque el convenio de derechos humanos fue aprobado hace 51 años, España no lo ratificó hasta 1982. Y varios países siguieron sus pasos: Portugal (1990), Polonia (1993) o Bélgica (1997), según un informe del Consejo de Europa.
Este compromiso del Gobierno español es uno de los que inspiraron que la primera Ley de Extranjería recogiese un plazo máximo de internamiento de 40 días, dice Aguelo. Ésta llegó en 1985 y, tras varias modificaciones, el Gobierno plantea ahora aumentar los plazos a cerca de 60 días, aunque todavía no ha fijado un límite definitivo. El CGAE ha remitido el caso al Consejo de Europa para su estudio.
Esta ley, considerada racista, era el último paso que faltaba para que la UE se dote de durísimas normas que permitirán, entre otras cosas, el encarcelamiento de irregulares durante 18 meses o la deportación de menores de edad, incluso sin la compañía de un adulto, y sin asegurar que serán recogidos por un familiar en el país de destino. La norma entrará en vigor en 2010.
La última versión de la directiva fija un período de "retorno voluntario" de 7 a 30 días. Si los inmigrantes no abandonan la UE en ese período, las autoridades nacionales emitirán una "orden de alejamiento" y tomarán "medidas coercitivas" como el encarcelamiento, incluso sin decisión judicial obligatoria, pues la directiva permite que la decisión sea administrativa. Además, los deportados no podrán volver a pisar Europa durante los siguientes cinco años.
Hasta ahora cada país establecía el período máximo de detención de inmigrantes irregulares. A partir de ahora nadie podrá superar los 18 meses, pero muchos podrán aumentar sus plazos, como España, que ya anunció un aumento de 40 a 60 días.
Toda la derecha votó a favor así como la mayoría de los liberales. Los socialistas, divididos, repartieron sus votos entre el "no" y la abstención, aunque casi todos los socialistas españoles votaron a favor, a pesar de ver rechazadas sus enmiendas que pretendían suavizar los aspectos más polémicos del texto.
Decenas de organizaciones -entre ellas Naciones Unidas- pidieron a los eurodiputados que rechazaran el texto. Minutos después de la votación, Amnistía Internacional reaccionó con un comunicado en el que se mostraba "decepcionada porque el texto no garantiza la expulsión de los inmigrantes de forma segura y digna, el período de detención es excesivo y no dispone las garantías suficientes para los menores no acompañados".
Por su parte, la Asociación Europea para la Defensa de los Derechos Humanos, dijo que "es inaceptable detener durante 18 meses a hombres, mujeres y niños que simplemente son residentes sin papeles".
La Comisión Europea estima que hay 8 millones de irregulares en los 27 países miembros de la UE, una cifra por otra parte sin verificación posible.
LOS NADIES
Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte; pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba.
Los nadies:
los hijos de nadie,
los dueños de nada.
Los nadies:
los ningunos,
los ninguneados,
corriendo la liebre,
muriendo la vida,
jodidos, rejodidos:
Que no son, aunque sean.
Que no hablan idiomas, sino dialectos.
Que no profesan religiones, sino supersticiones.
Que no hacen arte, sino artesanía.
Que no practican cultura, sino folklore.
Que no son seres humanos, sino recursos humanos.
Que no tienen cara, sino brazos.
Que no tienen nombre, sino número.
Que no figuran en la historia universal,
sino en la crónica roja de la prensa local.
Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.
-Eduardo Galeano-
