Brasil: Acción del Ministerio Público contra el MST es política
Tatiana Merlino
ALAI AMLATINA, 26/06/2008, Sao Paulo.- La decisión del Consejo Superior
del Ministerio Público Estatal (MPE) de Rio Grande do Sul de pedir en un
informe la “disolución” del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin
Tierra (MST), y la “declaración de su ilegalidad” no tiene consistencia
jurídica. Los especialistas creen que la medida, además de atentar
contra la Constitución Federal, es política y no judicial.
Según el jurista Dalmo Dallari, profesor de derecho de la Universidad de
São Paulo (USP), “es sorprendente que el Consejo Superior del MP haya
aprobado una propuesta de esas. El aspecto jurídico fue completamente
olvidado”, señala. . En el documento del MPE, el funcionario Gilberto
Thums afirma: “Voto también en el sentido de que se tomen las siguientes
medidas admisibles: 1 – Con vista a la suspensión de las marchas,
columnas u otros desplazamientos masivos de los sin-tierra....”.
Derecho constitucional
Para Dalmo Dallari, la afirmación de Thums no tiene sustento jurídico,
“porque los integrantes del MST tienen el derecho de locomoción
garantizado por la Constitución”. Según él, el Movimiento es “la
agrupación de personas en el ejercicio del derecho constitucional de
reunión y manifestación de opinión”.
El informe del Ministerio Público sirvió de base para ocho acciones
judiciales contra integrantes del MST, como prohibiciones de marchas,
autorización de desalojos y desplazamiento de campamentos.
Romper la espina
Uno de los párrafos del informe que más llama la atención es el que
afirma: "Cabe al MP-RS actuar ahora: romper la espina dorsal del MST. EL
momento es histórico en el país y se constituye en el mayor desafío
presentado a la institución en el periodo post 1988: la defensa de la
democracia".
Para el profesor de derecho de la USP, tales palabras demuestran el
tenor de un manifiesto político, no de un documento jurídico. “Esa
terminología de 'romper la espina' no tiene nada de jurídico, es
lamentable. Esas palabras representan la negación de la democracia, son
una demostración de intolerancia política”, expresa Dallari.
Violencia policial
Para el senador Paulo Paim (PT-RS), presidente de la Comisión de
Derechos Humanos y Legislación Participativa (CDH), “el caso es muy
grave y requiere ser investigado”. Paim presidió la audiencia pública
realizada el 24 en Porto Alegre para denunciar la violencia policial
contra los movimientos sociales en Rio Grande do Sul.
“Después de la dictadura militar, no se había visto escenas tan
indignantes. La policía no puede seguir tratando al pueblo así”, dijo
Paulo Paim refiriéndose a la escenas de una película que se proyectó en
la audiencia en la que se observan agresiones promovidas por la Brigada
Militar en la manifestación contra el gobierno de Yeda Crucius el día 13
de junio.
Desalojos violentos
Sólo en el mes de junio, se reprimió con violencia dos movilizaciones de
la Vía Campesina y se desalojó dos campamentos, en áreas cedidas al MST,
en la región norte. El día 17, cientos de familias pertenecientes al MST
fueron desalojadas de dos campamentos en el municipio de Coqueiros do
Sul, destruyendo viviendas, plantaciones, criadores de animales, el
puesto de salud y la escuela construida por los sin-tierra.
En la acción civil pública presentada por los funcionarios Luís Felipe
de Aguiar Tesheiner y Benhur Biancon Junior, del MP gaucho, en la que se
pide la desocupación, consta que los campamentos Jandir y Serraría son
“verdaderas bases operacionales destinadas a la práctica de crímenes e
ilícitos civiles causantes de enormes perjuicios no sólo a los
propietarios de la hacienda Coqueiros, sino a toda sociedad”.
Anti-capitalista
Jacques Távora Alfonsín, fiscal del Estado retirado y miembro de la ONG
Acceso, Ciudadanía y Derechos Humanos dijo que con esta acción del
Ministerio Público “se ha vuelto a la época de la dictadura para
fundamentar el ataque”.
Alfonsin apunta que en la petición inicial, los promotores se basan en
el hecho de que el MST es un movimiento anti-capitalista e izquierdista.
“Esto significa, todo aquello que las universidades estudian en
sociología con la mayor libertad. ¿Cuál es el crimen de ser
anti-capitalista e izquierdista?”, interroga. . Para fundamentar la
denuncia, explica el ex fiscal, los funcionarios usan como soporte el
Estatuto de la Tierra, decretado durante la dictadura militar, que acabó
con las Ligas Campesinas (movimiento campesino exterminado tras el golpe
de 1964) “para mostrar que el MST, entonces, se equipararía a las ligas”.
Inconsistencia jurídica
De acuerdo con Alfonsin, la defensa del MST está preparando recursos
judiciales para contestar “esas lamentables acciones”, y “no se descarta
la hipótesis de hacer una petición urgente a la Comisión de Derechos
Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA)”.
Sin embargo, para el jurista Dalmo Dallari, pese al recurso de invocar
el periodo de la dictadura, “cuando los grupos que desagradaban eran
etiquetados como subversivos y como una amenaza a la soberanía
nacional”, éste es “tan inconsistente, sorprendente, totalmente inútil
jurídicamente, que no puede tener ninguna consecuencia”.
Fin de la criminalización
Para protestar contra la criminalización del MST por parte del gobierno
de Rio Grande do Sul, el Movimiento elaboró un manifiesto en el dice que
hay “una verdadera ofensiva de fuerzas conservadoras del Estado, que no
sólo quieren impedir la repartición de la tierra, como determina la
Constitución, sino que también pretenden criminalizar a quienes luchan
por la reforma agraria e impedir la continuidad del Movimiento”. En un
comunicado firmado por el MST, éste pide a la sociedad civil que envíe
cartas de protesta a la gobernadora Yeda Crusius y al fiscal general de
Justicia, Mauro Renner, que es nombrado por la gobernadora y coordina el
Ministerio Público Estatal.
En el documento, el MST afirma que informe del MPE “merece el rechazo de
toda la sociedad (...). Como si no bastase la tentativa de declarar
ilegal al MST, el Ministerio Público decidió (...) la intervención en
las escuelas del MST con el fin de tomar todas las medidas que sean
necesarias para la reinstauración de la legalidad, en lo que se refiere
al aspecto pedagógico y a la estructura de influencia externa del MST”.
“El MST se ha vuelto uno de los movimientos sociales más importantes de
la historia de Brasil, precisamente porque su opción de lucha es la
no-violencia. Por lo anteriormente expresado, reciba nuestro más
vehemente repudio por la decisión tomada en el Consejo Superior del
Ministerio Público, por su Estado Mayor de la Brigada Militar y por la
decisión del Ministerio Público Federal. Expresamos nuestro total apoyo
a la lucha del MST”, señala el comunicado. (Traducción: ALAI)
Articulo original publicado en portugués por Brasil de Fato
http://www.brasildefato.com.br
Más información: http://alainet.org
