Uruguay: EL SUB MUNDO DE LAS CÁRCELES
¿DERECHOS HUMANOS O DENIGRACIÓN DE LA CONDICIÓN HUMANA?
La gravedad de la situación del sistema carcelario nacional determinó que el Dr. Tabaré Vázquez, al asumir en marzo de 2005 como Presidente de la República, declarara el Estado de Emergencia Humanitario en todo el país, aprobando el gobierno, la Ley de Humanización del Sistema Carcelario Nacional. Es éste un mojón importante de una visión generadora de cambios en un sistema que notoriamente fracasó. El sistema carcelario refleja una grave situación y un alto índice de prisión.
En un caótico sistema penitenciario la Ley es el primer paso de la modificación de la política criminal y marca la necesidad de implementar un conjunto de medidas para superar la peor crisis humanitaria de nuestra historia reciente. La superpoblación y el hacinamiento es el principal problema, el oscuro mundo de las cárceles es sometido a una presión mayor debido al ritmo frenético de ingreso de nuevos presos a diario. La estadística marca que en el año 1988 había 2.100 reclusos, entre el año 1995 y 2005 la población aumentó a 3.200, en el año 2007 superó los 7.400 y se estima que para el año 2015 podría ascender a 16.000 personas. Uruguay presenta una de las tasas de “prisionización” más elevadas de América Latina, superando a Colombia, Argentina y Brasil. La proporción de reclusos es de 220 cada 100.000 habitantes, cifra que lo ubica tercero en el ranking de América Latina. De acuerdo a los estándares internacionales el índice revela un hacinamiento severamente crítico según el parámetro utilizado por el Consejo de Europa, es “crítico” cuando la densidad es igual o superior a 120, los establecimientos penitenciarios en Uruguay superan largamente estos estándares.
SITUACIÓN DEL SISTEMA CARCELARIO
Poco parece haber cambiado la vida de las cárceles en los últimos años y las condiciones de vida en general, salvo excepciones, son infrahumanas. Hacinamiento, motines, rehenes, boquetes e intentos de fuga, destrozos, falta de alimentos, agua, servicios higiénicos y atención médica, ocio compulsivo, promiscuidad, transas, drogas, violencia y mercado sexual, asesinatos y chantajes son algunos de los problemas más frecuentes. La lucha es cotidiana, pelean por todo para sobrevivir, pelean por la vida y el poder, para que no los roben, por el rancho, los medicamentos, la celda y por poder caminar en el patio. Las mafias internas por el liderazgo y el poder han tenido como consecuencia que varios reclusos hayan sido asesinados. Resolver el hacinamiento no necesariamente elimina esa cultura carcelaria, pero puede que ayude a minimizar los conflictos. Como puede no haber conflictos cuando hay algunas celdas de cinco metros cuadrados donde 18 reclusos cocinan, comen, duermen, se bañan y hacen sus necesidades; cuando algunos deben dormir sobre el suelo y debajo de la cama de otro por falta de espacio; cuando hay 600 personas compartiendo un patio de 18 por 36 en donde solo pueden caminar pechándose; cuando hay sectores como en el Módulo 2 de la Cárcel de Canelones donde se mantiene en régimen de encierro casi permanente a los internos dándoles 1 hora semanal al aire libre; o cuando no existe rehabilitación alguna para los adictos a la pasta base. Dentro de estos parámetros siempre habrá conflictos. La escasez alimentaria pone en riesgo la nutrición de la población reclusa, es extremadamente insuficiente en cantidad y calidad, haciéndose evidente que el sistema colapsó. Algunos reclusos cambian sexo por alimentos o cuando entra un primario chantajean a su familia cambiando seguridad por dinero. Baños no existen, agua caliente menos y la mayoría de los centros penales no cuentan con la atención médica que contemple sus derechos básicos a la salud. Entrar al COM. Car, a Libertad o a la Cárcel de Canelones es encontrarse con deshechos humanos, hacinados y muertos de hambre, es caminar sobre los excrementos, es ver un campo de concentración nazi. Allí se contagia todo, SIDA, tuberculosis, la bacteria resistente y el estafilococo dorado entre tantas otras enfermedades. Con frecuencia se reciben quejas de internos que aducen no ser atendidos y muchos tienen episodios de autoagresión. El deterioro de los edificios genera condiciones inaceptables de habitabilidad, si bien hay lugares mejores que otros, la mayoría se encuentran en estado ruinoso. Entre las deficiencias y las roturas se puede citar por ejemplo la falta de vidrios en las ventanas, los marcos arrancados, boquetes en las paredes, olores nauseabundos generados por aguas servidas, falta de higiene, humedades serias, escaleras rotas, cañerías e instalaciones eléctricas destrozadas, pinturas sumamente deterioradas y pisos levantados. Todo es sumado a la falta de aseo, no sólo porque no se cuenta con suficiente cantidad de útiles de limpieza sino porque tampoco existe un adecuado sistema de eliminación de residuos, lo que implica que la basura se amontone en los patios internos o contra las paredes, generando posibles focos de enfermedades infecciosas. Los reclusos y reclusas tienen la necesidad de entablar contacto con sus defensores públicos, a los cuales muchos ni siquiera conocen, exigen una mayor presencia de ellos en el establecimiento ya que son muy pocos los que los visitan con asiduidad. La rehabilitación y la educación son mínimas y según las condiciones de cada establecimiento. La conducta vandálica de los presos va de la mano con la represión policial, no hay personal capacitado ni suficiente, y la corrupción de algunos es inminente. En el último año fueron procesados 18 policías por diversos delitos y 12 agentes por introducir armas de fuego o drogas a los celdarios. Por otra parte, las condiciones de trabajo del escaso personal penitenciario se mantienen igual hace tiempo, entre aguas servidas y olores nauseabundos realizan hasta 18 horas de tuno. Más allá de los esfuerzos realizados por la actual administración, sigue existiendo la ausencia de políticas adecuadas de rehabilitación. Todavía no se ha logrado superar el estado de violaciones a los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad. Las condiciones de reclusión continúan sin ser respetuosas de las normas nacionales e internacionales entre las que se encuentran: la Constitución de la República, el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención contra la Tortura, los Principios y Reglas para el tratamiento de los reclusos y los Principios para los encargados de hacer cumplir la ley. El Comisionado Parlamentario Álvaro Garcé recibe en forma constante denuncias sobre todo lo antes mencionado y sobre las agresiones físicas de algunos funcionarios, sin generalizar. Salvo contadas excepciones se ha verificado en todo el sistema penitenciario la debilidad que tienen las garantías para los denunciantes, quienes en general temen represalias. Los reclusos tienen la “seguridad” que el sistema les ofrece, que equivale a un sistema de encierro y aislamiento, todo ello inhibe la realización de denuncias y contribuye a prácticas de corrupción y violencia. La Ley de Humanización de Cárceles ha tenido algunos avances, aunque el sistema colapsó y es muy difícil revertir totalmente esta situación. Se produjo un aumento en la cantidad de internos/as que al amparo de la redención de la pena por trabajo o estudio realizan actividades productivas o educativas, aunque la única motivación en general es tener el peculio y acortar la pena. Al amparo de esta ley se liberaron en los 2 últimos años 830 personas, reincidiendo el 18%, muchos más estarían en condiciones de ser liberados, pero parece que la inseguridad que siente la población a generado alarma pública y éste sería un costo político alto en las próximas elecciones nacionales. Trabajan 1126 reclusos, 1976 estudian y el 82% de los beneficiados por esta norma se reinsertó a la sociedad, aunque, existiendo el Patronato de Liberados y purgado la pena, es difícil para ellos conseguir trabajo. Actualmente unos 400 reclusos, todos de sexo masculino, se encuentran alojados en chacras policiales de todo el país y en los Centros 1 y 2 de la Dirección Nacional. Por otro lado no se puede autorizar salidas a trabajar al aire libre por la falta de personal para custodiar. En las cárceles departamentales hubo avances, en la mayoría se hicieron refacciones de baños y cocinas, red eléctrica, reciclados y obras en chacras o espacios abiertos. La cárcel de Durazno se encuentra entre las mejores del país, en Lavalleja se suspendió el proyecto del Centro para la Mujer Privada de Libertad por falta de fondos y en Montevideo el establecimiento Cabildo de mujeres, que en una época era el mejor, pasó a estar dentro de la emergencia humanitaria por el actual hacinamiento, es notorio que la superpoblación se debe a delitos de narcotráfico y por el consumo de pasta base.
PRIVILEGIOS
En una de las alas del Módulo 7 del COM. Car está instalado Juan Peirano Basso, ese espacio podría albergar entre 50 y 60 reclusos, pero mientras en otros módulos se sufre un sórdido hacinamiento, él hace uso exclusivo del lugar. Quizá nunca tiró un tiro ni cometió un delito para poder comprar pasta base, pero robó millones de dólares dejando entre otras cosas desamparadas a cientos de personas, no siempre el más violento resulta ser el más bandido. En un predio del Ministerio de Defensa se encuentra la Unidad Penitenciaria Nº 8, el Poder Ejecutivo creó esta cárcel especial para militares y policías violadores de los Derechos Humanos durante la dictadura. La cárcel genera gastos para el Estado y privilegios para quienes allí se alojan, nada menos que el Goyo Álvarez, Gavazzo, Silveira, Vázquez, Ramas, Medina, Arab y Larcebeau, todos criminales de lesa humanidad. Algunos de éstos han perdido hasta su condición de militares, por ser autores de delitos comunes o por fugarse de la detención preventiva impuesta por la justicia. Al igual que otros policías o militares que se encuentran privados de libertad, estos reclusos deberían estar alojados en un módulo separado de alguno de los Penales. Pero nuevamente el Poder Ejecutivo incurre en el error de generar condiciones especiales para los autores de los más graves delitos de la historia del país. Quienes durante años gozaron de total impunidad, incluso para seguir delinquiendo, siguen gozando de un trato diferencial y privilegiado. Al mismo tiempo, el grueso de la población reclusa sigue viendo postergada la necesaria mejora de sus condiciones de reclusión y sintiendo que sus derechos humanos más básicos son violados, llegando así a la denigración de la condición humana.
Info. MARYS YIC
