AL PUEBLO DE MÉXICO
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LAS ORGANIZACIONES REVOLUCIONARIAS
A LA OPINIÓN PÚBLICA

La militarizació n de México es consecuencia de la política contrainsurgente del régimen panista en obediencia al mandato del Imperio. La criminalizació n de la protesta y del movimiento social ha ido en aumento durante los dos periodos de gobierno del Partido Acción Nacional, PAN, en tan sólo 18 meses del gobierno espurio de Felipe Calderón, 23 personas vinculadas a organizaciones políticas y sociales han sido desaparecidas. Las condenas a los miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, FPDT, de San Salvador Atenco son la prueba de la venganza de la oligarquía y la clase política (de todos los partidos) por haber evitado que concretaran el proyecto de Aeropuerto en la tierra de sus ancestros. Esto se evidencia, además, con los cientos de presos políticos en este periodo y las desapariciones forzadas de luchadores sociales, todo en un clima de miedo impuesto a la población para que se confunda lucha social con la delincuencia.

El Estado mexicano, al que caracterizamos de “Mafioso”, en su guerra contra el narcotráfico (uno de los grandes negocios de las redes del Poder) ha involucrado a la población civil, al convertirla en víctima principal y en culpable indirecta de los crímenes y ajustes de cuentas con sus operadores –quienes además sirven de chivos expiatorios- y por la competencia por las jugosas ganancias del tráfico de drogas. Esta guerra de “los cerebros” contra los “operadores”, la causa el que estos últimos se han ido apropiando de buena parte del negocio, de rutas, contactos, zonas de producción y canales para el lavado del dinero, con lo cual han desplazado a los “dueños legítimos”, la oligarquía. Algunos hablan de “Narcoestado”, olvidando que la corrupción y los negocios sucios están en todos y cada uno de los ámbitos del Estado y sus relaciones con empresas transnacionales y del capital financiero. Su carácter “mafioso” incorpora a los poderes fácticos, tanto a los cárteles internacionales de la droga como a las transnacionales de la energía, la automotriz, química y a los grandes especuladores financieros.

Ello explica la exagerada impunidad que existe en muchos ámbitos, como lo muestra la violación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la ejecución de Contratos de Servicios Múltiples, CSM, y la entrega de recursos de carácter estratégico como la energía eléctrica principalmente a empresas españolas, ya ni qué decir de los jugosos contratos, vía tráfico de influencias del hoy fallecido Juan Camilo Mouriño -qué decir de la intención de concretar una “Reforma Estructural” lesiva para el pueblo de México- y cómo desde funcionarios menores, hasta miembros destacados de los tres poderes de gobierno garantizan IMPUNIDAD total para los delincuentes de cuello blanco y amigos que los acompañan, con lo cual podemos redondear la caracterizació n del Estado Mafioso.

Los niveles de violencia y su intensidad en esta guerra reflejan la descomposició n del sistema político y la deshumanizació n neoliberal, la cual culpa a los padres cada vez que las fuerzas del orden detienen a jóvenes; culpa a los vecinos en cada aseguramiento de casas de narcos y culpa a comunidades enteras de la siembra y comercio de enervantes o trasiego y almacenamiento de armas.

La Militarizació n va contra el Pueblo

La militarizació n del país crece, sobretodo por el temor de levantamientos sociales, de insurrecciones, de conflictos “locales” de carácter económico, político y social. Los fines del régimen (no es la primera vez que lo decimos) son de carácter contrainsurgente; “persuasivo”, coercitivo, punitivo, al extremo de seguir la “guerra sucia” del régimen anterior –priísta-, confirmándose que es otra cara de la misma moneda. El actual fenómeno de militarizació n que sufre el pueblo mexicano es una extensión de la que existe en regiones del país donde la insurgencia armada revolucionaria tiene presencia; en el caso del estado de Guerrero dicho fenómeno lleva décadas.

Para muchos compañeros, se vive pues una ofensiva guerrerista. En los retenes del ejército y la policía federal, presuntamente colocados para detectar estupefacientes, algunos luchadores sociales y población civil inerme han sido hostigados y hasta detenidos y torturados. Además, las corporaciones policíacas (o comandos creados ex profeso vinculados a ellas) han cateado casas de activistas y ciudadanos en general de manera ilegal. Estos fenómenos ya han ocurrido en los estados de Guerrero y Oaxaca, Chiapas, Michoacán entre otros.

Hoy se siembra un terror de Estado que lleva la consigna de “guerra al narco”; en realidad se trata de una estrategia multifacética del régimen calderonista que tiene en la violencia y la impunidad su norma. Ante la poca legitimidad y la falta de credibilidad de que goza, el gobierno panista busca controlar a su favor (no desaparecer) el mercado de las drogas, dentro de un contexto de crisis económica aguda. Para esto criminaliza e intimida a las organizaciones sociales y formaliza las estructuras y prácticas mafiosas (incluso renovando su personal) ya existentes en muchos cuerpos policíacos y crea códigos judiciales (verdaderos códigos de guerra que consideran enemigo a cualquiera que quiera acusar de delincuente) para imponer su terror.

Frente a las atrocidades ya cometidas en esta narcoguerra, como decapitaciones, desapariciones, torturas y asesinatos de civiles, entre ellos decenas de profesionales de los medios de comunicación, no podemos quedar callados como organización revolucionaria.

Primero: Nos deslindamos de las prácticas de terror que por el uso irresponsable y criminal de armamento explosivo tienen como objetivo dañar a la población civil y que como parte del pueblo mexicano hemos hecho nuestro el agravio cometido en Morelia la noche del 15 de septiembre y, por lo tanto, como parte del pueblo organizado e insurgente, nos reservamos el derecho a la autodefensa armada contra quien o quienes resulten responsables por dichos actos.

Segundo: Ante la actual campaña de Terror de Estado, pedimos a la población afectada levante la voz y se organice por la defensa de sus Derechos Humanos para denunciar y exigir al Estado el respeto a las libertades civiles y el cese de las prácticas de tortura, desaparición forzada (aun cuando esta no sea por motivos políticos, tal cual es el caso de los compañeros eperristas y erpistas desaparecidos) y ejecuciones sumarias por parte de los bandos en pugna. Si por ejemplo, las familias de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez han señalado las casas, fábricas, oficinas de criminales; si también otros pueblos en el mundo han sabido señalar, marcar, escrachar a los asesinos y a la mano terrorista del Estado, todos y todas podemos crear formas novedosas para hacer lo propio y romper el silencio.

Tercero: Hacemos un llamado a las organizaciones sociales y a las organizaciones político-militares a desarrollar nuestros mejores esfuerzos para denunciar y combatir a las mafias en el Estado y en los partidos políticos y a sus grupos de sicarios que actúan como bandas paramilitares en contra del pueblo mexicano.

¡¡A ORGANIZARSE CONTRA LA GUERRA DE TERROR!!
¡¡CON EL PODER POPULAR!!
¡¡EL PUEBLO UNIDO VENCERÁ!!
Dirección Nacional del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente.
ERPI

República Mexicana a 15 de Noviembre del 2008.

PD: Anexamos documento:

Elementos para el análisis de la Situación Actual. Primera Parte.
• La verdad detrás de la guerra contra el narco
• La Militarizació n va contra el Pueblo
• La deshumanizació n: Pueblo dividido y debilitado

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Elementos para el análisis de la Situación Actual
Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente
ERPI

La militarizació n de México es consecuencia de la política contrainsurgente del régimen panista en obediencia al mandato del Imperio. La criminalizació n de la protesta y del movimiento social ha ido en aumento durante los dos periodos de gobierno del Partido Acción Nacional, PAN, en tan sólo 18 meses del gobierno espurio de Felipe Calderón, 23 personas vinculadas a organizaciones políticas y sociales han sido desaparecidas. Las condenas a los miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, FPDT, de San Salvador Atenco son la prueba de la venganza de la oligarquía y la clase política (de todos los partidos) por haber evitado que concretaran el proyecto de Aeropuerto en la tierra de sus ancestros.

El Estado mexicano, al que podemos caracterizar de “Mafioso”, en su guerra contra el Narcotráfico (uno de los grandes negocios de las redes del Poder) ha involucrado a la sociedad civil convirtiéndola en víctima principal y culpable indirecto de los crímenes y ajustes de cuentas con sus operadores –quienes además sirven de chivos expiatorios- y por la competencia por las jugosas ganancias del tráfico de drogas. Esta guerra de “los cerebros” contra los “operadores” es debida a que estos últimos se han ido apropiando de una buena parte del negocio, rutas, contactos, zonas de producción y han desplazado a los “dueños legítimos”. Algunos hablan de Narcoestado olvidando que la corrupción y los negocios sucios están en todos y cada uno de los ámbitos del Estado. Su carácter “mafioso” sin embargo, incorpora entre los poderes fácticos tanto a los cárteles internacionales de la droga como a las transnacionales de la industria de la energía, automotriz, química y a los especuladores financieros.

Por ello la exagerada impunidad que existe, como lo muestra la violación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la ejecución de Contratos de Servicios Múltiples, CSM, y la entrega de recursos de carácter estratégico como la energía eléctrica principalmente a empresas españolas, ya ni qué decir de los jugosos contratos, vía tráfico de influencias del hoy fallecido Juan Camilo Mouriño -qué decir de la intención de concretar una “Reforma Estructural” lesiva para el pueblo de México- y cómo desde funcionarios menores, hasta miembros destacados de los tres poderes de gobierno garantizan IMPUNIDAD total para los delincuentes de cuello blanco y amigos que los acompañan con lo cual podemos redondear la caracterizació n del Estado Mafioso.

La verdad detrás de la guerra contra el narco

Cierto es que lo más evidente es la participación del narco en las campañas políticas y en la definición de los cargos públicos de elección popular, en la infiltración de todas las corporaciones policíacas y de seguridad, incluso el ejército; sin embargo no debemos olvidar que desde hace muchos años se ha señalado a políticos y empresarios de ser los dueños del negocio de los enervantes. El lavado de dinero, es bien sabido, lo realizan los grandes bancos de “prestigio” internacional o mejor dicho los bancos internacionales de mayor prestigio.

En este contexto de Impunidad y Militarizació n encontramos la constitución de grupos paramilitares en diversas regiones del país. El apoyo recibido por parte del ejército federal no se limita a la preparación para el “combate”, sino además al suministro de recursos de todo tipo, armas, vehículos, dinero y sobretodo IMPUNIDAD. Es del dominio público que en contubernio con las autoridades militares, jefes policíacos y funcionarios de gobierno de los tres niveles, los grupos de sicarios y paramilitares se mueven con absoluta libertad y que cuando realizan detenciones de civiles se los pasan unos a otros, los sicarios al gobierno si no les sirven y las autoridades a los sicarios si son del cártel de la “competencia”.

La lucha por el Poder Absoluto del negocio más rentable en el mundo después de la venta de armas y petróleo, ha llevado a escalar su conflicto al punto de generar Terror en la población civil por medio de decapitaciones, masacres, mutilaciones, levantones y como “la cereza del pastel” el lanzamiento de granadas de fragmentación en la plaza cívica de Morelia, Michoacán con el resultado de por lo menos 8 muertos y más de 100 heridos. Así mismo se contrata (de hecho se “trata” como esclavos) a campesinos y jornaleros. Luego se los “levanta” como en Sinaloa o se secuestra a mujeres migrantes, se amenaza, atenta y asesina a periodistas.

Estos hechos calificados como narco terrorismo no son sino la estrategia de TERROR DE ESTADO disfrazada de delincuencia organizada con el fin de justificar el endurecimiento de la política de mano dura sobretodo en momentos de amplia movilización ciudadana por el descontento ante el empecinamiento de entregar en bandeja de plata las ganancias derivadas de los hidrocarburos; contra una Alianza por la Calidad de la educación, ACE; privatizadora; contra la ley del ISSSTE, como las principales.

El llamado a la unidad en contra del terrorismo hecho por Felipe Calderón posterior a estos hechos carece totalmente de legitimidad y autoridad política, pues su llegada a la presidencia también es ilegítima, aunándose el gran secreto a voces de la corrupción a todos los niveles del Estado Mexicano. Además el vano y burdo intento de asociar con este hecho condenable de terror a las organizaciones insurgentes, pues la opinión pública sabe que las formas de accionar de las organizaciones político-militares mexicanas excluyen el terrorismo, y no así el uso limitado, con objetivos políticos de explosivos de todo tipo.

Un objetivo no declarado de la narcoguerra no tiene nada que ver con la droga. Agarrándose de su política fascista de tolerancia cero, el régimen criminaliza a los movimientos sociales. La militarizació n de la vida civil y la represión policíaca son componentes fundamentales de la política interior calderonista para enfrentar la crisis económica que vive México y el capitalismo. Para los panistas y todos sus aliados, no hay espacio para el diálogo con los movimientos sociales progresistas ni para una solución digna a sus justas demandas. Gobernadores y representantes de todos los partidos políticos y los grandes medios de comunicación califican la manifestación social como un delito y aplauden la presencia y represión policíaca. Esto ayuda a crear un ambiente de terror. El avance del régimen neoliberal de carácter autoritario y policiaco, con la guerra al narco como táctica actual, limita la protesta social y da cabida a un estado de terror.

Todos estos acontecimientos se relacionan, además, con la Iniciativa Mérida la cual se aplica como parte de la estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de América y que en 2008 -y para 2009- ha obligado al gobierno a restringir libertades civiles, y a modificar leyes y normas judiciales, así como a someter la política migratoria a la militarizació n de las fronteras.

La guerra contra el narcotráfico ha traído a la sociedad mexicana una mayor zozobra. La campaña mediática emprendida por la telecracia (Televisa, TV Azteca) que a toda costa intenta hacer vulnerable y culpable a cada habitante de este país con el objetivo de generalizar el terror y la “necesidad” de la mano dura en todo el país para así evitar la movilización social que se opone a las políticas entreguistas de la oligarquía mexicana. Desde hace mucho tiempo, “es un secreto a voces”, personajes influyentes, caciques, empresarios, líderes sindicales mantienen el control de zonas, rutas y mercados destinados a producción y comercializació n de drogas y otros negocios ilícitos. Para ello el régimen priísta tenía un acuerdo con las diferentes facciones y de alguna manera mantenía el “orden” y evitaba confrontaciones como las hasta ahora vistas. La llegada del Partido Acción Nacional, PAN, al gobierno viene a alterar el equilibrio bajo la lógica de “si el balón es mío, las reglas las pongo yo”.

No debemos olvidar que la fuga del Chapo Guzmán del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco se da precisamente en ese tiempo y por tanto se dan reacomodos en la estructura criminal del narcotráfico con arreglos sospechados por todo mundo. Se evidencia claramente quienes son los narcotraficantes protegidos de cada sexenio como en el caso actual de protección a personajes nuevos y algunos viejos de los cárteles de Sinaloa y Juárez que desde hace mucho tiempo se venían confrontando con el de Tijuana de los Arellano Félix y ahora con el cártel del Golfo. En todo este recambio del narcopoder, algunos análisis señalan a grandes rasgos la conformación de dos bloques antagónicos principales, pero no los únicos. Por un lado, el cártel del Golfo/cártel de Juárez y, por otro, el cártel de Sinaloa -por cierto ya dividido desde hace unos meses-.

La incapacidad de gobierno que hasta ahora han exhibido los panistas los ha llevado a dirigir este “navío de gran calado” al punto de mayor vulnerabilidad del huracán y se han enfrascado en una lucha de poder entre operadores del narcotráfico y los jefes; lucha que hasta hoy ha dejado un costo elevadísimo de vidas civiles; violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad (militares, AFI, PFP, estatales, municipales) , asesinatos de grupos paramilitares como Zetas y Pelones aliados con los mandos militares dependiendo las zonas en que se encuentran.

Desde hace meses y más recientemente han sido capturados varios personajes importantes de diferentes cárteles de la droga los cuales han caído más por el fruto de delaciones y traiciones que por la habilidad policíaca y militar, pues todos estos capos gozaban de impunidad y protección de parte de altos mandos de las corporaciones policíacas y del ejército que el poder del narcodinero compra a manos llenas. Apenas hace unos días se confirma lo que ya todos sospechábamos con el escándalo de la captura de mandos de la PGR que fueron delatados también por cárteles rivales (y si no, ahí están las narcomantas de dedo flamígero). En fin lo que se ve es que cada cártel tiene sus protectores en los aparatos de estado a todo nivel y en todos los partidos políticos y que por ello gozan de información y facilidades privilegiadas para hacer sus negocios de trasiego de droga, lavado de dinero y ahora lo de moda: vender protección a comerciantes y empresarios, transportadoras, producción y venta de artículos piratas y todo lo que suponga ganancias económicas.

La Militarizació n va contra el Pueblo

La militarizació n del país crece, sobretodo por el temor de levantamientos sociales, de insurrecciones, de conflictos “locales” de carácter político y social. El objetivo del régimen (no es la primera vez que lo decimos) es de carácter contrainsurgente; “persuasivo”, coercitivo, punitivo al punto de continuar la Guerra sucia del régimen anterior priísta confirmándose que sólo es la otra cara de la misma moneda. El actual fenómeno de militarizació n que vive nuestro país es sólo una extensión de la que existe en algunas partes del país donde la insurgencia armada revolucionaria tiene presencia desde hace muchos años; en el estado de Guerrero dicho fenómeno lleva décadas.

Para muchos compañeros, se vive pues una Guerra Sucia actualizada. En los retenes del ejército y la policía federal presuntamente colocados para detectar estupefacientes, algunos luchadores sociales han sido hostigados y hasta detenidos y torturados. Además, las corporaciones policíacas (o comandos creados ex profeso vinculados a ellas) han cateado casas de activistas y ciudadanos en general de manera ilegal. Estos fenómenos ya han ocurrido en los estados de Guerrero y Oaxaca, entre otros.

Hoy se agrega un matiz porque la represión y la intimidación se ejercen de manera indiscriminada hacia la mayoría de la población, ya no sólo a militantes de izquierda. Se siembra un terror de Estado que lleva la consigna de “guerra al narco” mas en realidad se trata de una estrategia multifacética del régimen calderonista que tiene en la violencia y la impunidad una norma de su gobierno ante la poca legitimidad de que goza, controlar (no desaparecer) el mercado de las drogas a su favor y en un contexto de crisis económica cada vez más aguda, criminalizar e intimidar a las organizaciones sociales y formalizar las estructuras y prácticas mafiosas ya existentes en muchos cuerpos policíacos.

Lo que los cárteles disputan son los mercados tanto internos como externos y las rutas de distribución. Los cárteles también invierten en las estructuras policíaco-militares y la clase política en forma de financiamiento a campañas electorales (fenómeno que se da actualmente en todos los partidos políticos ), en obras públicas selectas, etc. Para garantizar su impunidad y sus mercados, el gobierno del sexenio a su vez brinda protección a sus cárteles favoritos. Así, régimen y cártel entran en una relación simbiótica y el negocio del narco se amplía continuamente. Aquellos cárteles favorecidos de sexenios anteriores, también con estructuras y redes de influencia ampliamente acumuladas, pelean a muerte contra los consentidos actuales por las mega ganancias, no importando víctimas inocentes o el grado de violencia.

El contubernio entre operadores del narco y las corporaciones policíacas es ya evidente. La participación descarada de las corporaciones policíacas a favor de uno u otro cártel obedece a la corrupción ya endémica en las instituciones así como a la impunidad que el propio Estado ha permitido. Desde oficiales del ejército, agentes de inteligencia, mandos policíacos, hasta funcionarios públicos se han visto involucrados con los cárteles.

En algunas regiones del país sabemos que ex oficiales y ahora jefes paramilitares, vinculados al ejército federal, protegen a cárteles con el visto bueno de los cuerpos policíacos locales y federales incluyendo al ejército . Con total impunidad y con una lista de nombres y direcciones en mano, buscan a pequeños narcos del cártel contrario y en no pocas ocasiones a luchadores sociales ajenos al negocio para levantarlos y/o matarlos. También se ha observado otro modus operandi. Las fuerzas policiaco-militares , principalmente el ejército y la PFP, levantan a narcomenudistas en operaciones móviles o en retenes, para luego entregarlas al cártel enemigo respectivo, sean zetas o pelones. No existe orden de aprehensión alguna ni nada ligeramente apegado al Estado de derecho y en muchos casos, estos “levantones” resultan en asesinatos o desapariciones que ni trascienden en los medios. Así, el régimen elimina a los últimos eslabones de la cadena de la distribución pero los capos muy pocas veces son tocados y las diversas policías federales, menos.

En otro ámbito de la industria, como muchos periodistas han observado y a muchos pequeños comerciantes les ha tocado vivir en diversas partes del país, los cárteles han diversificado sus actividades –siempre en colusión con una buena parte de las autoridades locales- hacia los llamados giros negros: los antros, la piratería, la venta clandestina de alcohol. A cambio de una cuota o extorsión, los cárteles en coordinación con la policía supuestamente brindan protección a estos negocios. A nivel nacional, se incrusta una mafia dentro del gobierno.

La deshumanizació n: Pueblo dividido y debilitado

Los niveles de violencia de la narcoguerra y de la nueva “Guerra Sucia” han venido alcanzando proporciones descabelladas y terribles cuantitativa como cualitativamente y nos referimos a las decapitaciones y otro tipo de mutilaciones sin faltar desde luego la vil práctica de la tortura como método. Las libertades de tránsito, movilización, movimiento, manifestación, de seguridad de la familia y de las personas se recorta con retenes, allanamientos, detenciones arbitrarias, arraigos, cateos y represión.

Ante esto la sociedad quedaba como espectadora ante una serie de matanzas y de noticias extensas de la nota roja. El recuento de asesinatos alcanza hasta la fecha un promedio entre 8 y 10 muertos diarios (según cifras oficiales) y de las personas desaparecidas no hay reconocimiento.

Y hablando de cifras oficiales, es preocupante el hecho de que estamos siendo testigos de una Guerra de Terror incluso mas grande en número de víctimas tanto de muertos como desaparecidos así como la práctica de la tortura que se ejecutó durante la llamada Guerra Sucia de las décadas de los 60’s, hasta hoy en día; y más en el presente tanto de las bandas del narcotráfico como de las estructuras policíacas y militares del Estado Mexicano el cual además ha sido capaz de ir controlando a los medios de comunicación que por miedo, complacencia o chayotazo se han ido haciendo cómplices por comisión u omisión al callar hechos como el ocultamiento de masacres donde han muerto decenas de personas y que al final de violentas balaceras solo se reportan 1 o 2 muertos y uno que otro herido sobre todo en los estados fronterizos con los E.U. y en estados donde se ha sabido de mayores enfrentamientos como lo es Baja California Norte, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango. Michoacán, Guerrero, Veracruz, Yucatán y Chiapas entre otros. Tan grave es el problema en cantidades como en la impunidad comprada o forzada por las bandas de narcos como la impuesta como política de un estado mafioso que actualmente se vive en nuestro país.