Chile: desde la Araucania
cesbolivarla@hotmail.comContextualización
Nacional.
El modelo neoliberal, instalado en dictadura y profundizado en el periodo de "transición", se ha caracterizado por los procesos de privatización de los recursos naturales, las empresas y los servicios básicos antes en manos estatales; éstos junto al avance de megaproyectos en manos de transnacionales y de grandes capitales nacionales privados, ha provocado la profundización de las desigualdades y la precarización de la calidad de vida de los sectores populares, haciendo mercancía todo lo que antes logró conquistarse como derecho.
La desarticulación del movimiento popular junto con un severo proceso de criminalización de la protesta social, ha permitido consolidar una hegemonía política caracterizada por la alianza de las clases dominantes, que ha detenido el verdadero proceso de democratización política, económica y social del país. En el plano político, dicha hegemonía se manifiesta en la permanencia del orden constitucional impuesto por la dictadura, dentro del cual se han acomodado los sectores políticos de derecha, centroderecha y socialdemócrata, en dos bloques que controlan la representación política: la Alianza por Chile y la Concertación. En lo económico, la administración del modelo por estos bloques, ha profundizado la desigualdad y la dependencia económica tras la apertura del país a los mercados internacionales por medio de tratados de libre comercio con potencias globales, que acentúan la vocación primaria exportadora del país y la identidad oligárquica de su clase dominante. En lo social, las políticas adoptadas, son la principal causa de la precarización de la calidad de vida, por medio del desmantelamiento de los servicios públicos y la destrucción de las instituciones de educación, salud y previsión social; hoy en manos de agentes privados que persiguen el lucro, a costa del endeudamiento y de la presión económica sobre el individuo o el grupo familiar, que emerge como exclusivo sostenedor de dichas necesidades.
Regional.
La Región de la Araucanía situada en el centro sur de Chile, es una de las regiones con mayor índices de pobreza del país y actualmente es la de mayor tasa de desocupación, 14,1%, en el trimestre mayo-julio. Cuenta con una población de 869.535 habitantes y pese a tener el 67% de población urbana, es una de las regiones con mayor población rural del país; ésta actualmente afectada por la instalación de un modelo concentrador de tierras y por el desarrollo de megaproyectos de alto impacto sociocultural y medioambiental como las plantaciones forestales, la construcción del nuevo aeropuerto internacional, los proyectos mineros, hidroeléctricos, geotérmicos, de piscicultura y viales, entre otros.
Visualizada desde la planificación nacional como un territorio de vocación productiva primaria, especialmente forestal, la región de la Araucanía es la zona con mayor tasa de forestación exótica (pino y eucalipto) del país y consecuentemente la que ha sufrido en mayor medida los perjuicios sociales y medioambientales derivados de dicho modelo productivo. El modelo forestal, subsidiado estatalmente desde 1974 por medio del Decreto Ley 701, ha profundizado la concentración de tierras en manos de empresas forestales (y papeleras) y grandes latifundistas dedicados a la forestación, concentrando la riqueza de la región en capitales nacionales pertenecientes a dos de los mayores grupos económicos de Chile: Matte y Angelini; y precarizando las condiciones laborales rurales al ocupar reducida mano de obra de carácter ocasional, generando un crecimiento sostenido del ejército de reserva y acelerando los procesos de éxodo rural.
El crecimiento sostenido del territorio forestal ha derivado en que éste se instale, bajo abusos y subterfugios legales (arriendos y otros) en territorio ocupado por comunidades mapuche o históricamente reclamados por éstas, como tierras usurpadas; alterando sus dinámicas socioculturales y poniendo en riesgo su reproducción social, ya que junto a la escases de suelo cultivable disponible para las comunidades mapuche, éste está profundamente deteriorado por los procesos de erosión ocasionados por la destrucción de la biodiversidad. Las especies instaladas, en especial el eucalipto, al ser de carácter hiperhídircas afectan significativamente la disponibilidad de los recursos hídricos, subterráneos y superficiales, para las comunidades indígenas y de pequeños productores campesinos, provocando periodos de sequía absoluta en una de las zonas que, irónicamente, posee los mayores índices pluviométricos del país.
El modelo forestal, junto a la reconcentración de tierras en otras labores productivas, se deriva del proceso de contrareforma agraria desarrollado desde los años de la dictadura, en el cual parte importante de las tierras recuperadas por el proceso de reforma agraria iniciado en los años 60, son devueltas a sus antiguos propietarios o rematados a precios bajo el costo de mercado, posibilitando la compra de grandes extensiones de territorio por el latifundio tradicional o los sectores agroindustriales. Esto ha agravado la desigualdad rural ya patente antes del golpe de estado, caracterizada en esta región por la usurpación y la pérdida territorial del pueblo mapuche.
En los últimos años, esta situación; junto a la burocratización de la demanda territorial mapuche y a la ausencia de un marco jurídico que reconozca la demanda por tierras usurpadas, ha significado la existencia cíclica de conflictos relacionados con la recuperación territorial y actualmente agudizados por la demanda de autonomía y autodeterminación, por parte importante del movimiento mapuche. La negativa del Estado a reconocer la demanda histórica mapuche y la naturaleza política del conflicto, se condice con su práctica de criminalización del movimiento mapuche. "En la actualidad a 100 se eleva ya el número de presos políticos y/o comuneros mapuche procesados (entre ellos 7 mujeres) en Chile del bicentenario gobernado por la Presidenta Bachelet. Es la cifra más alta desde el inicio de la transición, según el registro llevado por la Comisión Ética Contra la Tortura y las propias organizaciones de esa nación originaria, actualizado a septiembre de este año. Existen 43 casos de prisión efectiva actual, en 34 de los cuales la justicia ha aplicado la Ley Antiterrorista heredada de la dictadura, a instancias del gobierno. A ello se agregan 16 casos recientes de detenciones (por horas) de menores de edad y/o escolares. En total son 57 los mapuche condenados y/o procesados que están en libertad condicional, sometidos a medidas cautelares de distinto tipo. De las tres mujeres recluidas en prisión, una padece un cáncer terminal; otras 3 están afectadas por medidas cautelares" (Sepúlveda, 2009). Todo esto acompañado de la militarización de la denominada zona de conflicto, producto de lo cual las fuerzas policiales han asesinado a tres jóvenes mapuche, en completa impunidad, naturalizando la violación de los derechos humanos por medio de allanamientos, arrestos injustificados, amedrentamientos, intervención telefónica y otras prácticas, que incluyen la persecución de los simpatizantes con la causa mapuche, por medio de montajes policiales y judiciales, que han llevado a procesamientos como los de estudiantes universitarios y el de la documentalista Elena Varela.
En el ámbito urbano, Temuco la principal ciudad de la región (Capital Regional) es una de las ciudades del país con mayor crecimiento demográfico en los últimos 20 años, presentando una profunda desigualdad a partir de procesos de segregación territorial que han derivado en la construcción de periferias con altas tasas de exclusión y marginalidad y la instalación de barrios acomodados en condominios y parcelas de agrado, paralelamente a la territorialización de grandes proyectos de inversión en el sector servicios y comercio y al dominio del suelo urbano por empresas inmobiliarias.
El cierre de empresas locales, la precarización del trabajo (externalización y flexibilización) y la ausencia de oportunidades laborales duraderas, han debilitado a la organización sindical, en la mayoría de los sectores, con escaza excepción de los trabajadores del sector público. Esto ha provocado el total control patronal de la fuerza laboral y la explosión del comercio informal.
La calidad de vida de los habitantes urbanos se ve afectada por la conculcación y vulneración de los derechos a los servicios básicos y a un medio ambiente sano. Respecto de los primeros, vital relevancia cobra la privatización de la educación y la salud, que mantiene a la región con uno de los peores niveles de educación del país y con carencia de asistencia médica primaria y especializada para gran parte de la población. Se suman a esto, los elevados costos, las malas prácticas empresariales y la mala calidad de atención, de empresas privatizadas en el área sanitaria y eléctrica, que encarecen y empeoran la calidad de vida de los sectores populares. Respecto de lo segundo, la crisis ambiental -relacionada con la mala calidad del aire en gran parte del año- en los centros urbanos, se deriva de la usencia de políticas que ayuden a subsidiar el uso de energías de calefacción menos contaminante y de la falta de una política de transporte público.
En el plano político, pese a la fragmentación y a la desmovilización de las fuerzas populares, existen instancias de participación y encuentro de organizaciones políticas y sociales, que procuran la construcción de una nueva correlación de fuerzas a partir de la rearticulación del tejido social y popular.
De la necesidad de proyectar un trabajo en las diversas instancias y de acompañar y documentar las experiencias de lucha de los pueblos y los trabajadores del país y en especial de la región, deviene la importancia de la implementación de un Centro de Estudios en el que confluyan las fuerzas populares y desde el que emerjan interpretaciones de la realidad actual, actividades de formación, asesoría a los movimientos sociales, comunicación entre organizaciones, con base en el trabajo mancomunado de trabajadores, profesionales, intelectuales, artistas y activistas, comprometidos con la construcción del poder popular.
Referencia: Lucía Sepúlveda. "Chile: Cien presos políticos mapuche ad portas del Bicentenario" en:
