Uruguay: Mujica criminaliza la protesta obrera
Pepe Palos
Ocupación municipal en Tacuerembó
Luego de varios meses de reclamo salarial los trabajadores municipales nucleados en el gremio Adeomt ocuparon el pasado jueves la Intendencia de Tacuarembó pero se retiraron voluntariamente no sin hacer pública su desazón luego que el presidente de Uruguay, José "Pepe" Mujica, firmara un decreto ley que habilita el desalojo policial de los edificios públicos cuando sean ocupados por sus trabajadores. La medida presidencial respondió a los reclamos de la oposición de derecha que habían criticado a las autoridades por considerarlas "permisivas" con ocupaciones decididas por los obreros en asamblea. El decreto autorizado por Mujica causó amplio rechazo entre los sectores gremiales, estudiantiles y en las organizaciones sociales.
Los trabajadores orientales vienen sosteniendo hace varios meses fuertes luchas por reclamos laborales o salariales. El mismo jueves de la ocupación municipal de Tacuerembo, peones operativos de las direcciones de Obras y de Gestión Ambiental, estos últimos afectados al barrido, la recolección y la limpieza, agremiados en Adeom Canelones comenzaron un paro en Montevideo. La huelga se extendió con los capataces y administrativos, todo el cuerpo inspectivo, maquinistas, docentes y profesionales que reclaman aumentos salariales a raíz del aumento de la canasta básica. En esa misma semana los paros involucraron a bancarios y empleados del Estado, municipales, controladores aéreos y un centenar de empleados judiciales que llegaron a ocupar pacíficamente la Suprema Corte de Justicia.
Rechazo
Los dirigentes del Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (Pit-Cnt) rechazaron la orden presidencial y aseguraron que la ocupación es una extensión del derecho constitucional de huelga. Asimismo, Alejandro Gómez del gremio Aebu, afirmo: "Confirma que este gobierno va a intentar imponer a sangre y fuego la rebaja salarial, la precarización, la Reforma del Estado, la asociación público privado de las empresas públicas". Es preciso recordar que el decreto presidencial era impulsado por empresarios uruguayos que en un comunicado de la Cámara de Comercio habían expresado que "esas acciones (las tomas de edificio como parte del reclamo) afectan la imagen de Uruguay y el clima de negocios reinante en el país".
Por su parte la agrupación Jovenes 26 de Marzo, expresó: "Es el avance de este gobierno antipopular, que hoy ataca el derecho a huelga de los trabajadores, violando directamente la Constitución de la República". De la misma manera, el secretario de Prensa y Propaganda del Pit-Cnt, Gustavo Signorele, considera a la medida inconstitucional. "Nosotros no compartimos el decreto. Estamos haciendo una serie de consultas jurídicas porque entendemos que es inconstitucional", declaró.
http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2010/12/07/p6172
