México: Por la reconstitución integral de nuestros Pueblos
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EL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA EN LA REGIÓN CENTRO PACIFICO
Acuerdan pueblos indígenas impedir que mineras extranjeras exploren sus tierras el Sur de Acapulco
Jesús Rodríguez Montes
Malinaltepec
Una vez que se ha difundido entre las comunidades indígenas de La Montaña y Costa Chica la información acerca de los proyectos de extracción de minerales que emprenderán empresas de Canadá e Inglaterra, este sábado representantes de los pueblos que se oponen determinaron en asamblea que defenderán sus territorios por la vía jurídica y con la lucha social.
La primera acción consistirá en realizar asambleas comunales y ejidales en las cuales asentarán que no están de acuerdo con la explotación de minas, y las presentarán ante la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) para darle validez ante las autoridades.
Después, los indígenas se organizarán en sus pueblos para impedir los trabajos de exploración de los enviados de las empresas y evitar así que sigan desarrollando los proyectos sin su consentimiento, como ha ocurrido hasta el momento con los denominados Mina San Javier, La Diana y Corazón de Tinieblas.
En Colombia de Guadalupe, localidad me'phaa de Malinaltepec, se llevó a cabo la asamblea en la que participaron más de 500 indígenas de los municipios considerados en la instauración de los proyectos, pero también de otros de alrededor que consideran que serán perjudicados si se contamina el agua de los ríos y se destruye el ecosistema.
Había vecinos de Malinaltepec, San Luis Acatlán, Tlapa, Metlatónoc, Marquelia, Iliatenco, Chilapa y Copanatoyac; 73 comisarios y 23 comisariados de bienes comunales en total. Además, representantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti), Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), así como estudiantes y académicos de la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero (UIEG), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), párrocos y misioneros de la zona.
Pablo Guzmán Hernández, coordinador de la CRAC en San Luis Acatlán, señaló ante los asistentes: "vamos a desenmascarar a quienes se quieren meter al territorio comunitario, los que piensan beneficiarse de nuestros territorios". Luego, por parte de Tlachinollan, Roberto Gamboa dio a conocer la información general que se tiene acerca de los proyectos mineros, la cual, subrayó, se ha obtenido por cuenta propia de las comunidades y no por vía del gobierno.
Después comenzaron las participaciones de la gente, todas en contra de la explotación de las minas por las afectaciones que provocará al territorio, un "daño irreversible", destacó Guzmán.
También se habló acerca de los riesgos que implica participar en un movimiento contra empresas que invierten millones de dólares en diversos proyectos en América Latina, como son Hochschild Mining y Camsim Mining, de capital británico y canadiense respectivamente.
El párroco de Malinaltepec, Melitón Santillán Cantú -quien ha participado activamente en la organización de la gente- mencionó que, por estos motivos, han ocurrido asesinatos y acciones de amedrentamiento contra opositores a las empresas en otros estados, como Chiapas, Oaxaca y San Luis Potosí.
El representante del Cecop, Rodolfo Chávez Galindo, propuso "hermanar las luchas" del movimiento contra las mineras y del movimiento contra la presa La Parota, por las diversas afectaciones que provocarán la explotación de los recursos naturales como el daño al entorno, desplazamientos de pueblos enteros, y la pérdida de la cultura e identidad. Y señaló que se viola el derecho a la libre consulta que tienen los pueblos al ser excluidos de las decisiones en torno a los proyectos.
Resultó polémica la participación del comisariado de bienes comunales de Paraje Montero, Alfonso Sánchez Neri, pues en este núcleo ya se acordó con las empresas un convenio de exploración durante cuatro años, a cambio de 90 mil pesos, según dijo. Pero recalcó que eso no implica "que hayamos dado permiso para la explotación", y ofreció que los acuerdos que se tomaron en esta asamblea los dará a conocer en su comunidad, para que analicen si ceden o no sus tierras.
"Entre nosotros no somos los enemigos", dijo al participar el comisariado de Iliatenco, Francisco Reyes y acusó que funcionarios de la Procuraduría Agraria (PA), desde sus cargos, tratan de convencer a los habitantes para que acepten convenir con las empresas. "No hay que confiarse mucho de ellos", advirtió.
Luego de más de cinco horas de discusión, se acordó que entre los pueblos se promoverá la realización de asambleas agrarias en las que manifiestan su rechazo a las mineras, luego, esas actas de asamblea, signadas por los comuneros, serán presentadas ante el Registro Agrario Nacional (RAN) para dejar constancia de su decisión ante las instancias del gobierno. El 19 de febrero se realizará una reunión de comisarios y comisariados para evaluar los avances.
No pagarán a la CFE mientras no corrija las tarifas
Otro tema que se planteó en la asamblea fue el de las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el deficiente servicio que ofrece en pueblos indígenas de La Montaña.
Abel Bruno Arriaga, dirigente del Comité Regional de Defensa y Gestoría Social, expuso que desde 2007, cuando se conformó la organización, han efectuado varias reuniones con funcionarios de la paraestatal y a la fecha siguen las quejas por cobros elevados y mal servicio.
Ante diputados federales y representantes de la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), acordaron que expondrán el planteamiento de una "tarifa preferencial", es decir, de bajo costo por ser La Montaña una zona de pobreza extrema.
Mientras tanto, los asistentes acordaron no pagar por el servicio mientras la CFE no corrija el servicio que ofrece y los altos cobros.
En asamblea general de pueblos, la CRAC insta a no permitir el daño al entorno
Se pronuncian indígenas contra la explotación minera en La Montaña
La Jornada 6 de Febrero.
Presentan organizaciones pruebas que amparan la instalación de mineras de compañías extranjeras
Sergio Ferrer
Mapa elaborado por la CRAC, en el cual se marcan las zonas propensas a exploración y posterior exploración de mineras extranjeras Foto: FOTO SERGIO FERRER
Colombia de Guadalupe, Malinaltepec, 6 de febrero. Denominado territorio comunitario porque cuenta con el sistema de impartición de justicia de la Policía Comunitaria, a Colombia de Guadalupe se llega desde la carretera Tlapa-Marquelia por un camino de terracería. Por sus calles se pueden apreciar pequeños huertos con árboles de café o bien, a jóvenes cortando las semillas para posteriormente ponerlas a secar bajo el sol. Fue aquí donde se realizó la primera asamblea general de pueblos que le dará cauce a la negativa de instalación de mineras.
Ubicada en La Montaña alta de Guerrero, esta comunidad indígena me'phaa es considerada región prioritaria para la conservación ecológica por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), en 2009, esa institución efectuó dos programas en Colombia; uno para la conservación de maíz criollo y otro llamado Procodes, en el cual se entregó un subsidio federal para "compensar la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad".
Estos datos contrastan con la situación actual, ya que el gobierno federal ha entregado concesiones hasta por 50 años a mineras para la exploración de áreas que podrían cambiar su uso de suelo.
Taurino Hernández, integrante de la Conanp, asumió como "sería terrible el impacto ambiental que ocasionaría el cambio de uso de suelo en la región".
Asimismo, aseveró que existen otras afectaciones en La Montaña que deben ser estudiadas y atendidas como la deforestación.
El día se tornó nublado. Algunos indígenas escuchaban los datos proporcionados sobre las mineras; en la comisaría, un grupo de madres de familia fueron convocadas a una reunión de otra índole. Cerca de ahí, otras mujeres preparaba las ollas con huevo y frijoles que se sirvieron a los asistentes entre los cuales se encontraron representantes de organizaciones como el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg), quienes pronunciaron palabras de apoyo a las comunidades de La Montaña y Costa Chica.
El coordinador del área educativa del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, informó que se tiene documentado un permiso para trabajo en la mina Francisco Javier, que abarca 15 mil hectáreas en las colindancias de Zitlaltepec, Iliatenco y Paraje Montero, concesionadas por el gobierno federal bajo el nombre de Diana a la empresa extranjera Camsim, por 46 años.
Otro caso lo presentan las 47 mil hectáreas otorgadas para la minera Salamera, cuyo nombre del proyecto es Corazón de Tinieblas, que abarca parte de Totomixtlahuaca, Colombia de Guadalupe, Pascala del Oro y Acatepec, a la minera Hochschild. También diversas concesiones en municipios de La Montaña y Costa Chica.
Vidulfo Rosales Sierra, abogado de Tlachinollan, aseguró que la presencia de las empresas mineras es un hecho y ejemplificó el caso de Paraje Montero, donde ya se acordó la exploración del territorio. También alertó que de concretarse la explotación minera, desaparecerían pueblos enteros, ya que los trabajos a cielo abierto destrozarían cerros y desplazarían a cientos de personas.
Un comunero de Paraje Montero ratificó que recibieron 90 mil pesos por un contrato de cuatro años para exploración y reconoció también que fue auxiliado por la Procuraduría Agraria.
"La ventaja que tenemos es que somos dueños de la tierra desde una profundidad de 40 centimetros hacia arriba, eso faculta, según la ley, a los campesinos a permitir si entran o no las mineras, aunque tengan concesiones no pueden pasar por encima de la figura de bienes comunales y ejidales", dijo.
Rosales Sierra avisó que se deben efectuar prontamente las asambleas formales en las comunidades para decir "no" a las mineras, tal como ocurrió en Totomixtlahuaca e inscribirlo en el Registro Agrario Nacional, aunque reconoció que existe división entre núcleos agrarios que dificulta la organización.
"Como pueblos indígenas amamos a nuestra madre tierra no hemos caído en la cuenta que los pobres estamos desorganizados, el gobierno ha traído sus programas procede, procampo, oportunidades para controlarnos debemos cuidar nuestra hogar" apuntó el sacerdote Melitón.
Pablo Guzmán, coordinador de la Policía Comunitaria CRAC, pidió a los más de 70 comisarios y delegados, así como comisariados de bienes comunales y ejidales asistentes a la Asamblea General "no consentir el irreversible desastre ecológico en la región".
Asimismo, apuntó que se debería pensar en usar tecnología mexicana con asesoría de gente de la UNAM o del Instituto Politécnico para encontrar una manera de explotación que no dañe la zona: "¿por qué no ha de quedarse la riqueza en esta tierra en vez de que vaya a parar en Inglaterra o Canadá?".
El 17 de febrero, la CRAC impartirá un taller sobre mineras en la colonia Aviación, municipio de Iliatenco. Convocó también a un encuentro de autoridades agrarias de La Montaña y Costa Chica, para el 26 en Paraje Montero, donde se buscará concretar el no definitivo a las mineras.
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias.
Policia Comunitaria
" EL RESPETO A NUESTROS DERECHOS SERA JUSTICIA"
www.policiacomunitaria.org
