Argentina: Judicialización de la protesta campesina e indígena
29 de Julio de 2011
Esta semana nuevamente campesinos de Santiago del Estero denunciaron violencia por parte de empresarios del agronegocio. También la comunidad Qom La Primavera hizo público que, a más de 8 meses de la represión, la justicia mantiene como acusados a los indígenas y a los policías como simples testigos.
Desde el mes de junio campesinos de Santiago del Estero, denuncian que existen pedidos de detención y allanamiento para 12 integrantes del MOCASE-VC, por parte del Juez Tarchini Saavedra, con falsas imputaciones para legitimar la usurpación por parte de la empresa Julianes Hnos., de 10.000 has en el paraje la Flor, Dto Alberdi, afectando a más de 50 familias campesinas e indígenas. La primera semana de julio atacaron a tiros la comunidad "La Overa", en el departamento Albedi, y hace dos meses, otro grupo armado de empresarios de los agronegocios, atacó a vecinos de "El Hoyo" y amenazaron a niños y niñas de la escuela primaria.
Por otro lado, el abogado de la comunidad Qom, de Formosa, Eduardo Davis, en declaraciones a FM La Nueva, aseguró que 29 miembros de la comunidad "son los únicos acusados hasta ahora. No hay policías acusados, solamente fueron citados como testigos". En las ultimas semanas apareció en los medios un video de un policía "arrepentido" que muestra como se produjo la represión, pero esta prueba aun no generó un cambio en la carátula.
El abogado Eduardo Davis negó que Roberto López, integrante de la comunidad asesinado el día de la represión, haya sido el que disparó contra el policía Heber Falcón. "No es cierto que López haya sido el que disparó contra el policía Falcón, evidentemente habrá que investigar por separado quién mató al policía".
El 15 de julio se dio en Santiago la agresión a la familia de Enrique Taboada y de Domingo Salto. Ese mismo día al mediodía, Roque Acuña, quien participó como delegado por el MOCASE.VC junto a otras organizaciones de la provincia de la mesa de diálogo con el Gobierno Provincial, recibió amenazas en plena vía pública.
Mientras suceden estos hechos en el congreso nacional aun no llega el debate sobre el problema de la tierra en Argentina.
En Argentina está vigente desde 2006 la Ley 26.160, que prohíbe los desalojos de pueblos originarios y ordena la realización de un relevamiento territorial. También es ley el Convenio 169 de la OIT, de rango constitucional, que obliga a consultar a las comunidades sobre cualquier acción que pudiera afectar su territorio. A pesar de la legislación los desalojos, atropellos y judicialización de la protesta continúa.
Darío Aranda, periodista de página 12 en la nota "La pelea por los territorios" indica que sólo en dos provincias, Santiago del Estero y Neuquén, 750 referentes campesinos e indígenas están procesados por defender su territorio.
La abogada Raquel Yrigoyen Fajardo, especialista en Derechos humanos y derechos indígenas, en una entrevista en ALAI Latina, también asegura que "los ingresos por exportaciones de recursos naturales constituyen un factor importante en el crecimiento económico de un país. En aras de este "interés nacional" los Estados entregan territorios de pueblos indígenas en concesión a empresas extractivas sin tomar en cuenta cómo esas actividades afectan el modo de vida de dichos pueblos. No sólo no las beneficia sino que destruye su hábitat, aquel territorio que ellos consideran como su farmacia, su mercado, su ferretería y su espacio de contacto con sus creencias, espiritualidad y cultura."
El Plan Estratégico Agroalimentario 2016-2020
En caso de que se tuviere que afectar su territorio el estado argentino se comprometió a través del Convenio 169 de la OIT, a realizar la consulta previa a las comunidades antes de tomar cualquier decisión que pudiera afectarlos directamente. Así se evitaría el conflicto, y la desaparición de las comunidades. Pero en la acción se refleja que la intención es apoyar al agronegocio, a la minería y dejar de lado los derechos humanos de indígenas y campesinos.
Esta violación sistemática a las leyes por parte de los diferentes poderes del Estado se visualiza tanto en el conflicto de la comunidad Qom de Formosa, como en el caso de los campesinos de Santiago y así se multiplican los conflictos de violencia rural a lo largo de todo el país. Entonces correspondería preguntarse cuales son los dispositivos que existen para preservar las tierras en manos de pequeños campesinos o si es intención del Estado Argentino preservarlo. Con el anuncio que realizara la presidenta Cristina Fernández, a través del Plan Estratégico Agroalimentario 2016-2020, donde se indica que se prevé incrementar la producción del campo argentino en 60 % para el 2020, pareciera encontrarse una respuesta.
En dicho plan el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, indicó que "No nos cansamos de repetir que la población rural es superada por la urbana, esto implica un cambio en las costumbres de la población. A todos nos ha despertado una nueva realidad, donde el paradigma del siglo XX, donde la centralidad estaba puesta en Europa, comenzó a cambiar por China, India y los países en desarrollo"."En ese sentido, destacó que "hay que aumentar la productividad y el rendimiento".
Se indicó que con este Plan se pretende el aumento de los rendimientos por hectárea y respecto a las oleaginosas. El proyecto contempla un contexto internacional favorable por demanda creciente por alimentos (harinas y aceites) y por energía, además de un complejo sojero netamente exportador. Se estima que la oferta de soja crecerá en respuesta a aumentos de productividad, por lo tanto aquí estaría quedando claro que desde el gobierno nacional no existe un interés por generar productividad en el área del pequeño campesino, sino todo lo contrario, con este plan se ve la profundización de la economía del agronegocio.
Fuentes: Diario Pagina 12, Agencia TELAM, MOCASE VC, ALAI LATINA
http://www.redeco.com.ar/nv/index.php?option=com_content&task=view&id=6201&Itemid=47
