Argentina_Salta_Pueblos Originarios: La "costumbre" de violar niñas Wichi
Escrito por Elena Corvalán (*)
En febrero de este año una chica de catorce años fue violada por criollos adultos. Tras la denuncia, la niña y su madre sufrieron amenazas y presiones. La agresión fue el disparador para que el dirigente indígena Francisco Pérez denunciara la persistencia de una práctica sistemática de violación de las niñas y mujeres del Pueblo Wichi. Ocurrió en la provincia de Salta, al noroeste de la Argentina.
La violación de mujeres aborígenes por parte de criollos, pobres y ricos, es una vieja práctica de dominación en esta región del país. Se remonta a la llegada de los españoles, y persiste en la actualidad, ayudada por la pobreza y la marginación a las que han sido sometidos los pueblos originarios.
El ataque a la niña wichi ocurrido en febrero de 2011 en el pequeño pueblo de Santa Victoria Este está todavía siendo objeto de investigación por parte del Poder Judicial de Salta. Hay un detenido y más encausados. La nena recibió atención sicológica un par de veces pero ahora está casi en el olvido y aún sufre las secuelas de la agresión perpetrada por varios hombres.
Francisco Pérez es el coordinador de la Asociación de Comunidades Indígenas Lhaka Honhat, que reúne a unas cuarenta Comunidades habitantes de los lotes fiscales 55 y 14, una extensión de más de 640 mil hectáreas, en el Chaco Salteño.
Esa posición le permitió a Pérez llevar adelante una lucha de años reclamando el título de propiedad comunitario de la tierra que ocupan. El reclamo llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ahora el estado provincial se ha abocado a regularizar la tenencia de la tierra, también ocupada por habitantes criollos (conocidos como puesteros), que se dedican sobre todo a la cría de ganado vacuno.
Ni bien la madre de la niña violada en febrero hizo la denuncia policial, Francisco Pérez se acercó a acompañarla. La poca atención que recibieron de parte de la Policía provincial y las constantes presiones de los implicados (uno de ellos, pariente del intendente del pueblo) los llevó a denunciar que las violaciones de niñas y adolescentes wichi son habituales en esta zona de Santa Victoria Este, cabecera del departamento Rivadavia de la provincia de Salta.
El líder wichi contó que, hace unos años, una hermana de la niña en cuestión tambièn fue víctima de una violación. Recordó que ese caso nunca se esclareció y que al final la adolescente murió porque alguien le hizo beber cerveza con vidrio picado. Y el año pasado fue violada una nieta de Pérez, residente de Misión La Paz, pueblo cercano a Santa Victoria Este, separado de Paraguay por el río Pilcomayo. El dirigente indígena contó que el acusado estuvo detenido pero luego fue liberado y cree que nunca recibió una condena. Finalmente agregó que hace tres años fue violada otra nena. Pérez sostuvo que "ninguno" de estos hechos "tuvo justicia" y que en todos los casos los acusados eran hombres criollos.
Pérez habló de una "costumbre" de violar niñas pertenecientes a esta etnia. Dijo que hay muchos casos que se conocen en las Comunidades y muchos más que nunca llegan a saberse porque "generalmente las chicas wichi no hablan". "Nosotros los Wichi somos muy débiles", dijo para explicar por qué guardan silencio sobre estas agresiones. Y añadió que en el pueblo Wichi no existe la "costumbre" de la violación: "Consideramos que la mujer es nuestra madre por eso hay que respetarla", dijo.
En la históricamente difícil relación entre criollos e indígenas, el abuso de las mujeres, niñas y adultas, de las comunidades ha sido una constante. Lo que parece haber cambiado es que ahora algunas se animan a denunciar. Es lo que hizo la madre de la chica violada en febrero pasado en Santa Victoria Este. Pero luego tuvo que soportar presiones y amenazas para que desistiera en su pretensión de que se investigue este hecho.
Pérez contó que parientes de los acusados le ofrecieron dinero a la madre de la niña exigiéndole que levantara la denuncia policial que había presentado el 19 de febrero en la Comisaría de Santa Victoria Este.
Las presiones llegaron al punto de que familiares de dos de los detenidos denunciaron al dirigente, al que acusaron por los delitos de calumnias e injurias luego de recriminarle que estuviera acompañando el reclamo de las mujeres. Allegados a las víctimas dijeron que las presiones también se aplicaron a testigos y otros parientes de la niña, y que esta sería la razón por la que algunos testigos cambiaron sus versiones.
Polleras naranja
Casi en el límite con Bolivia, con tres fronteras internacionales, con Chile al oeste; Bolivia al norte, y Paraguay al este, Salta es la provincia argentina que tiene mayor número de pueblos originarios reconocidos oficialmente. Los pueblos Wichi, Kolla, Guaraní, Diaguita Calchaquí, Tapiete, Chané, Kom (o Toba), Chulupí y Chorote han obtenido reconocimiento formal oficial luego de años de lucha. Quedan todavía en persistente reclamo de reconocimiento estatal oficial otros pueblos, como el Lules y el Atacama.
Las comunidades originarias que habitan la geografía del Estado argentino han comenzado hace años un proceso de recuperación de sus identidades, y de reparación histórica.
Parte de la provincia de Salta se extiende a la Región Chaqueña, es el llamado Chaco Salteño, una zona de condiciones climáticas duras a la que fueron empujados los aborígenes en tiempos de la conquista por los blancos, cuando los criollos suplantaron a los españoles en la dominación del indio.
En esa región del Chaco Salteño vive la mayoría de la población indígena de Salta, y están también ahí asentados siete pueblos: Wichi, Tapiete (Tapy'y), Chorote (Iyojwaja), Chulupí (Niwaklé), Toba (Kom'Lek), Chané y Guaraní.
El pueblo Wichi concentra la mayor cantidad de habitantes, y es también el más desvalido. El que tiene mayores dificultades para adecuarse a la cosmovisión del mundo occidental. "La lógica cultural de los wichi es no provocar conflicto", suele explicar el antropólogo Juan Palmer, que ha vivido en la Comunidad Wichi Lapacho Mocho (Hoktek T'oi). La dificultad que tienen los Wichi para insistir en una negativa les allana aún más el camino a quienes abusan de ellos: "Es una aceptación involuntaria de lo que la otra parte los obliga a asumir".
Ocurre con las niñas y mujeres wichi, "las polleras naranja", como suelen referenciarlas los criollos lugareños que gustan invitar a los visitantes a "pasar un buen rato" con ellas. "Las tomás de la mano y las llevás, no dicen que no", explican sin advertir la confesión tácita de la violación.
Las agresiones no se restringen al plano sexual: los pueblos originarios en general están relegados en el acceso a los servicios de salud, educación y de mejoramiento de las condiciones de habitabilidad, como la provisión de agua potable y el acceso a una red de eliminación de las excretas.
Las dificultades para asegurarse recursos para la alimentación y el sostenimiento familiar se hacen notar cada tanto, con la muerte de niños y niñas víctimas de la desnutrición. Aunque de eso no se habla, estas son las consecuencias de las campañas "civilizadoras" iniciadas por los españoles y continuadas luego por los criollos, un hecho del que los propios pueblos originarios están tratando de dar cuenta.
La conquista por la sangre
En 2009, en charlas en la Comunidad Wichi Misión Chaqueña, las comunidades indígenas miembros de la Federación Wichi de la Cuenca del Río Bermejo de las Rutas 81 y 53 firmaron el Primer Manifiesto Wichi, en el Chaco Salteño, convinieron en trabajar en "unión para tener fuerza". En ese entonces comenzaron a pensar una acción para exigir una reparación histórica por las masacres cometidas por el Ejército Argentino con la denominada Campaña al Chaco llevada a cabo por el Estado argentino contra las poblaciones aborígenes. La demanda llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que las Comunidades recurrieron luego de recibir un rechazo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Tras el acuerdo alcanzado en el encuentro en Misión Chaqueña los wichi y técnicos de la Fundación Deuda Interna comenzaron a "recabar información directa de los reclamos comunitarios de manera de poder redactar un documento único en mayo de 2010", contó Emilio Iosa, presidente de la Fundación.
En esos recorridos advirtieron que muchos ancianos "tenían la necesidad de contar sobre las matanzas realizadas en el pasado y sobre los sitios donde estaba la prueba (fosas comunes) de esas matanzas".
Miembros de la propia Comunidad Misión Chaqueña comenzaron a grabar testimonios de ancianos que recordaban la existencia de enterramientos colectivos o que habían sido testigos de este genocidio. También se tomaron fotografías de tres lugares señalados como sitios de enterramientos colectivos de víctimas del Ejército Argentino, lugares que son considerados sagrados y que actualmente están siendo afectados por el avance de los desmontes y la agricultura expansiva.
En mayo de 2010 se constituyó la Comisión Nacional de Investigación del Genocidio para el Resarcimiento Histórico de los Pueblos Originarios de Argentina, que cuenta con un Comité Honorario integrado por el premio Nobel de la Paz Eduardo Pérez Esquivel y el periodista e historiador Mario Vidal (que investigó la Masacre de Napalpí, en la provincia del Chaco).
El 25 de mayo de 2010, cuando se celebraba el bicentenario de la Revolución de Mayo argentina, en Misión Chaqueña se hizo el Primer Congreso Nacional para la Unión de los Pueblos Originarios de Argentina. Tras tres días de discusión firmaron el documento conocido por el título de TIERRA (Tratado Interétnico para la Refundación de la República Argentina), que impulsa el reconocimiento de un estado plurinacional y reclama la constitución de una Comisión investigadora del genocidio cometido por el Estado argentino en la que participen miembros de los pueblos originarios y de otras naciones de Latinoamérica. También pide la publicación de los documentos del Ministerio de Defensa nacional, que "revelan la existencia de órdenes de matanza y represiones violentas contra nuestras naciones originarias (...) y que derivaron en un genocidio de doscientos años".
El 9 de junio de 2010 la Comisión Territorial pidió a la Corte Suprema que dictara una medida cautelar con "el fin de preservar las fosas comunes" detectadas en los departamentos del extremo norte de la provincia. Allí se reseña que en la Banda Sur del departamento Rivadavia se ubicaron tres sitios de enterramientos colectivos: a quinientos metros de la Comunidad Misión Wichi, en el paraje La Paloma del otro lado del río Teuco y en el paraje El Chuschal, a unos diez kilómetros de la localidad de Rivadavia. En tres de estos lugares estaban a la vista "restos humanos en cantidad", sin que hasta ahora se haya podido documentar el número, la edad, el sexo, ni la época ni circunstancia en que murieron. Sí escucharon, y grabaron, testimonios que dan cuenta que esos restos corresponden a víctimas de matanzas perpetradas por miembros del Ejército Argentino, "y ordenadas por el Estado nacional tanto en períodos dictatoriales como democráticos" y "corresponderían a un período de tiempo entre 1910 hasta nuestros días". Esta presentación fue realizada con el patrocinio de la abogada especialista en derechos humanos María Elba Martínez, quien alegó que estos hechos son delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles.
La medida cautelar buscaba evitar que estos lugares, ahora ubicados en tierras que se declaran privadas, fueran afectados por el avance de desmontes, las plantaciones de soja y los alambrados.
Este año la Corte Suprema rechazó el pedido, y las comunidades wichi recurrieron entonces a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
(*) La autora es periodista que se desempeñó en diversos medios del país como El Ancasti de La Rioja, Nuevo Diario de Salta. Es presidenta de la Asociación de Periodistas de Salta y actualmente se desempaña como directora de LRA4 radio Nacional Salta. Se especializa en temas de derechos humanos, libertad de expresión y problemáticas de pueblos originarios.
fuente: http://v2.reflexionesmarginales.com/index.php/cronicas-de-frontera/204-practicas-de-dominacion
