Argentina_Formosa_Pueblos Originarios: Denuncia de Comunidad Wichí Barrio Obrero
Formosa: "Abandono, chantaje, desnutrición y la violacion de las niñas..."
Fuente: Indymedia Argentina http://argentina.indymedia.org/news/2011/09/793401.php
enviado por "Bajo en mismo sol / republica ((icba))" Sep. 19, 2011
Duro testimonio de Agustin Santillan, integrante de la Comunidad Wichí Barrio Obrero, de Ingeniero Juárez, Formosa.
En la entrevista nos cuenta la terrible realidad que viven con el sometimiento que ejercen profecionales, ongs, poder politico,alli el abandono, el chantaje, la desnutrición, la violacion de las niñas, retención de los DNI y de las tarjetas de los planes sociales se ha convertido en algo cotideano.
Fuente del audio: Bajo el mismo sol / Edición: Indymedia Córdoba / RNMA
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Otra nota:
Por Fuente: Roxana Sandá - Sep. 19, 2011
Dos niñas wichí fueron violadas por más de un hombre el último fin de semana en dos pueblos cercanos del oeste de Formosa donde el "chineo" es una práctica habitual y en algunos parajes hasta sistemática, realizada -según denuncian desde la comunidad- "por varones criollos, pudientes o pobres", que salen a "ramear" de los pelos a una "chinita" y violarla entre varios. La impunidad y el miedo protegen a los agresores antes que a las víctimas, que muy pocas veces pueden completar las denuncias y en menos casos aún estas denuncias llegan a convertirse en casos judiciales.
Por Roxana Sandá
Las noches de Ingeniero Juárez y El Potrillo, pueblos de Formosa donde llegan con mayor rapidez las patas de las gallinas que el agua potable, son oscuras a conciencia. De la institución local, "para ahorrar energía". De los habitantes más empobrecidos "porque no hay tendido eléctrico o porque donde hay lo cortan si no pagamos lo que nos exigen". Este fin de semana, la oscuridad cómplice facilitó la violación de dos niñas wichí, de 11 y 14 años, que habitan esos pueblos. "Fueron los criollos", denuncian los voceros de la comunidad aborigen de El Potrillo, "quienes obligaron a tomar gasoil" a la primera, para "marearla y violarla entre siete". A la otra la sometieron durante las celebraciones del Día de la Mujer Indígena, "entre diez o catorce; no recuerda", en la escuela donde estudia, frente a la comisaría del lugar, para dar a entender sin medias tintas el espesor de la impunidad.
Los ataques sexuales ocurrieron en momentos que la Comunidad Wichí Barrio Obrero, de Ingeniero Juárez, había tomado el Centro de Integración Comunitario (CIC) del lugar, que reclaman como propio, y exigido el retiro de los representantes actuales con mandato vencido, para poder nombrar "autoridades legítimas".
Uno de los referentes de la toma, Agustín Santillán, detalló a este suplemento que desde el 31 de agosto, cuando iniciaron la toma pacífica del CIC, se intensificaron las amenazas que sufren desde hace años. "Nos persiguen, nos conminan a que no accedamos ni a la electricidad ni al agua, por lo que nuestra comunidad tiene que beber de un dique contaminado, donde los vecinos tiran sus residuos." Santillán dijo que "ahora estamos más tranquilos porque la policía no intentó volver a sacarnos del lugar, como los primeros días. Deben comprender que no pueden usurpar nuestra asociación civil". Unas 3000 personas componen ese territorio de 6000 hectáreas donde, aseguran, "los criollos reciben beneficios productivos con anuencia de las autoridades locales, mientras que la comunidad se desintegra por la tuberculosis, la desnutrición, las pagas miserables de sus artesanías y la violencia sistemática contra niñas, niños y mujeres".
Las sombras del anochecer que el domingo último unían el camino entre la despensa y la casa de El Potrillo donde vive la nena de once años junto a su abuelo y sus tres hermanas mayores no dejaron resquicio para el auxilio. "La mandaron a comprar pan", explicó la traductora de la comunidad, Ana Mariño, cuando actuó como intérprete de la niña, que sólo habla en su lengua originaria. Unos siete adultos la toparon, no lograron convencerla de seguirlos, la arrastraron hacia una oscuridad mayor a la del entorno, la obligaron a tomar gasoil, la marearon, la intoxicaron y la golpearon. "Ella no recuerda muy bien lo que sucedió después, pero el examen médico reveló que la habían violado repetidas veces."
La encontraron gracias al aviso de unos vecinos, en un punto indefinido del mismo campo que rodea las viviendas, desmayada, con lastimaduras en el cuerpo, la ropa arrancada, las manos aferradas al aire. La trasladaron de urgencia al Hospital Eva Perón, de Ingeniero Juárez, a unos 130 kilómetros de distancia, pero la gravedad de su estado obligó a la derivación al Hospital La Madre y El Niño, de la capital formoseña, donde también le realizaron el examen forense.
Su abuelo y sus hermanas radicaron la denuncia en la comisaría y ante el juez, aunque la investigación del caso no avanza. "Así es como vivimos: no tenemos a quién recurrir cuando pasan estas cosas", lamentó Mariño. "Estas injusticias las padecemos desde hace tiempo, pero cuando exigimos que se investigue no pasa nada. Son innumerables los casos de agresión sexual contra las jóvenes wichí y contra las propias criollas." Llámese El Potrillo o Ingeniero Juárez, la violación de mujeres es moneda corriente, "pero por la distancia, la pobreza, el desconocimiento o el miedo, los violadores no son denunciados". En diciembre, otra niña wichí quedó embarazada producto de una violación, pero sus padres decidieron silenciarse "porque no tienen medios económicos para afrontar el hecho y por miedo a que los maten si hablan".
El viernes pasado, la Escuela 438 de la Comunidad Barrio Obrero, de Ingeniero Juárez cerró sus puertas a eso de las 20. En el edificio con capacidad para enseñanza primaria y secundaria amplia, con alumnos de hasta 24 años, conviven criollos y originarios. La salida siempre es numerosa, las voces acompañan varias cuadras a los que viven lejos. Nadie se explica cómo pudieron retener y violar a una adolescente de 14 años en el mismo predio, con el edificio de la comisaría enfocando desde enfrente. Dos obviedades: la chica está shockeada. No quiere volver a la escuela.
Agustín Santillán pudo averiguar "que la agarraron entre diez o catorce criollos", que cree que los varones son alumnos de ese colegio, que al cabo del ataque ella huyó desesperada a la guardia del Hospital Eva Perón, donde le extendieron un certificado a desgano, bajo un diagnóstico inaceptable de "lesiones leves", que ni la chica ni su familia van a reclamar "porque los que la atacaron le avisaron que si dice algo, la matan". El médico "que la atendió y constató lo que le había sucedido puso cualquier cosa, pero esto siempre pasa porque nos discriminan, sin vueltas".
La antropóloga social Ana González describe "el chineo", una práctica habitual y en algunos parajes hasta sistemática, que es realizada "por varones criollos, no indígenas, pudientes o pobres, que salen a ‘ramear' de los pelos a una ‘chinita' y violarla entre varios (...)". Se manifiesta como una pauta del Oeste provincial tan arraigada, que es vista como pasatiempo juvenil antes que como práctica denigrante hacia las víctimas.
Dice González en una columna publicada en este diario, que "la impunidad con que se mueven los agresores está, las más de las veces, apañada por diversos agentes estatales locales y por la sociedad no indígena misma. Cuando las víctimas intentan denunciar, se las hace callar con un chivo o una vaca. Si no acepta, ella y su familia sufrirán amenazas y agresiones violentas. El silencio no es ‘costumbre', es simplemente una brutal disparidad de poder, de imposibilidad de poder hacerse oír por las instituciones que tienen la obligación de proteger derechos humanos, pero muchas veces reproducen el racismo y la discriminación estructural. El silencio es desamparo y desprotección, es dolor y humillación contenidos, no sólo de las mujeres indígenas, sino de toda su etnia, de toda la comunidad".
No es ocioso agregar que aún no hallan a los autores de las violaciones de Ingeniero Juárez y El Potrillo. Tampoco concluir que en ese tablero, niñas, jóvenes y adultas de los pueblos originarios han sido históricamente oprimidas e invisibilizadas por su triple condición de mujeres, pobres y aborígenes.
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Por Red Latina sin fronteras - Sep. 20, 2011
redlatinasinfronteras@yahoo.es
Así parasitan a los indigenas los Políticos y las ONG
La Comunidad Wichí Barrio Obrero de Ingeniero Juárez Formosa quiere designar a sus autoridades y administrar sus recursos que actualmente están en manos de personas y asociaciones que no corresponde y los malversan al punto de tener un aseradero y talarles el monte . El Intendente, EPRASOL y APCD están involucrados.
Ingeniero Juárez, Formosa, Argentina - 30 de agosto de 2011
La más de las veces, cuando los medios informan que los indígenas están muy bien, que tienen miles de hectáreas, son beneficiarios de planes, proyectos productivos, participan de emprendimientos y reciben viviendas y todo tipo de beneficios del Estado y de Organizaciones no Gubernamentales, de lo que se trata en realidad, es de una publicidad no tradicional, política y social, de un plan sistemático de exterminio indígena que buscan encubrir y hacer pasar por otra cosa. Basta apagar la radio, la televisión, cerrar los diarios, y salir a ver la realidad.
Las viviendas, que una vez que los miembros de las comunidades se retiraron de los territorios, a fuerza de persecución, hostigamiento, muerte, y todo tipo de argucias, deben pelearlas, no se las dan así no más, como los DNI, ni nada. La mayoría de las veces no se las dan tampoco, alcanza con que se corran de sus tierras y abandonen su medio de vida, espiritualidad y cultura.
En el caso de las organizaciones que se vanaglorian de la construcción de viviendas, son en realidad agentes del estado para el destierro y la pérdida de identidad que en el mejor de los casos puede reducirse a la folklorización, si lo permiten los políticos, las iglesias y sus organizaciones; puesto que se pierde el medio, pero el parasitismo iniciado con la invasión española y la presión cultural del cristianismo y la demonización de las costumbres ancestrales no cesa.
Una vez obtenida la vivienda para mantenerla, y procurarse los medios para la vida, que ya no pueden procurarse en el monte, las familias pueden ser mano de obra barata en las explotaciones que usurpan sus tierras. Un negocio redondo para los psicópatas ambiciosos de más poder y dinero, y desastroso para la humanidad y el medio.
Esa explotación, si se trata de tierras todavía en propiedad de las Comunidades, se lleva a cabo en connivencia con Autoridades, que el Gobierno, y todo lo que le sea funcional, impone que se llamen Caciques, de asociaciones civiles tipo club de futbol; que se vendieron al poder político, que son las únicas permitidas en condiciones de gestionar algo respecto del poder político, pero solo para ellos y sus familias. Las autoridades de Comunidades que son fieles a su cultura son perseguidos y negados, hasta los mandan a matar, como ya supimos con el caso del Qarashe Qom Felix Díaz, en Potae Napocná Navogoh (que antes de dejar que nos enseñen y aprendamos, llamábamos Comunidad Toba Colonia La Primavera).
Las familias que permanecen en los territorios son perseguidas, su medio destruido, usurpado, no de forma casual, sino de modo sistemático para expulsarlos. Si dejan de estar ahí, de vivir así las tierras pasarán a manos de políticos, ONG's, poderosos, ricos, enriquecidos, funcionarios, etc. Desde el punto de vista de la gestión de sus recursos y/o la propiedad, según el caso.
Esto sucede con las tierras de la Comunidad Wichí Barrio Obrero de Ingeniero Juárez. De 3 mil personas que la componen, en su territorio, de 6 mil hectáreas, quedan solo 12 familias, que son perseguidas y hostigadas, por criollos usurpadores, con el visto bueno de las autoridades legales, que no lo son, tienen mandato vencido, el intendente y asociaciones. El intendente de la ciudad Cristino Mendoza, las asociaciones EPRASOL Y APCD, y la autoridad de la Asociación Civil de mandato vencido, Hilario Martínez y su esposa, Cristina Amado.
Estas supuestas autoridades son amparadas por el poder político, consideradas tales a pesar de no serlo, por el Gobierno nacional a través del INAI, pero no le hace todos los problemas que le hicieron a Félix Díaz que es autoridad legal y legítima y con mandato vigente, para darles cuanto beneficio le venga bien al político y organización acomodada de turno. Porque este matrimonio solo saca beneficio para sí, y asiste al poder político en el plan sistemático de exterminio indígena que lleva a cabo, que premia al Intendente, a las ONG y a los criollos que se benefician de los proyectos productivos para la Comunidad Wichí, un aserradero, renta para ganadería, desmonte, panadería, carpintería, etc. Muy vendible mediáticamente como proyectos del estado para favorecer a las comunidades indígenas. Del Gobierno, Nacional , de Cristina Kirchner, ella hace esto, no es víctima, no es oposición decirlo, es oposición de ella a la vida, sus víctimas lo son, y de su aliado Insfrán, y de todo lo y los que representan, que no necesitan hacer esto para vivir, ni para cumplir con sus cargos, oposición a todo cuanto la hace posible, decirlo o no, no cambia la realidad, pero difundir que las cosas son otras que las que son, y hacer silencio de como son es complicidad y connivencia.
Muy poco soportable es para los 3 mil miembros de la Comunidad, ancianos, sabios, ancianas, niños, seres vivos, niñas, filósofos, jóvenes, madres, animales, mujeres estrella, tuberculosos, desnutridos, agua, indigentes, indocumentados, espíritus antiguos, peones rurales, aire, artesanos, harapientos, muertos en el olvido, tierra, envueltos en frazadas, artistas, esclavos, cantores, energía, en pozos improvisados, excluidos, espíritu, sedientos. Como menos soportable han sido 500 años de resistencia, y antes, de lucha por la supervivencia, para aprender, todo lo que hasta ahora vienen aplicando y ha hecho posible que aún estén, lo cual no implica menos decir, que estemos. Pertenecemos a una misma especie, de la cual algunos miembros están empecinados en destruir con el medio, vía negarnos la identidad, la sabiduría adquirida para la supervivencia y la vida acorde a la cultura, producto de ella. Y muchos, por lo visto, compran, o cobran en muchos casos y revenden. Aunque sean mayoría no tienen derecho.
Los miembros de la Comunidad Wichí del Barrio Obrero de Ingeniero Juárez reclaman, no se dejan vencer por tanta injusticia, ni ceden, ni tratan de acomodarse a lo dado, desmembrarse, seguir huyendo y tratar de salvarse los que puedan, eso fue en otro tiempo, los luchadores de hoy son el fruto de antiguas sabias decisiones, el Intendente los conmina a tomar agua podrida, a soportar sus burlas y amenazas, porque es amparado por el Gobernador, por la Presidenta, por las antiguas organizaciones que luchaban por los Derechos Humanos, pero no habían avisado que era los derechos humanos de quienes a sus integrantes se les canta considerar así.
Hace años que la autoridad legal de la Asociación Civil de la comunidad Wichí del Barrio Obrero, Hilario Segovia, lo que nos imponen llamar Cacique, y los originarios nos enseñan que no es así, falleció. Silvia Tarantini del organismo a cargo en Formosa de tramitar el registro de nuevas autoridades se niega a hacerlo. Y las autoridades que habían quedado a cargo y tienen mandato vencido, Cristina Amado e Hilario Martínez, amparados por INAI, dependiente de Alicia Kirchner, y de la Presidenta de la nación, gestionan en nombre de 3 mil personas, lo que no les corresponde: proyectos productivos, financiación, todo para que organizaciones como EPRASOL y APCD, el intendente Cristino Mendoza, criollos que usurpan sus territorios lucren a su costilla, y las familias Wichí que quedan en territorio, y los que han ido parar al borde del pueblo se olviden de lo que les corresponde a fuerza de lo que sea, que no es, y no será. Ni en Ingeniero Juárez ni en ninguna otra Comunidad, donde la especie de la que somos parte en una tierra a la que pertenecemos, tenga futuro.
Las personas nombradas y las asociaciones, aprovechan la Asociación Civil y su propiedad de 6 mil hectáreas, los derechos de la Comunidad Wichí Barrio Obrero de Ingeniero Juárez, Formosa, para sacar beneficio propio y en detrimento de los miembros de la comunidad, que no acceden ni al agua. Todo con el buen visto de autoridades nacionales y provinciales, no porque no lo sepan, sino porque son parte del negocio, y de la planificación sistemática del Estado, que lleva a cabo el Gobierno hoy, contra leyes, derechos y tratado internacionales, y contra todo buen sentido. Cuando no le conviene a esta forma de delinquir de los poderosos contra las personas y contra las comunidades indígenas, lo mismo que para este caso hacen la vista gorda, es excusa para impedir no beneficios, sino acceso a derechos básicos. Los miembros de las Comunidades Indígenas que no se impliquen contra las demás personas de sus comunidades, no son considerados humanos a la hora de respetarlos, pero si sujeto de deberes a la hora de inventarles causas judiciales para perseguirlos. Es decir que todos los poderes del estado y organizaciones de la sociedad civil están implicados de algún modo, y acompañan, porque estas cuestiones son sabidas, no pueden pasar pero siguen sucediendo en Argentina.
Los miembros de la Comunidad Wichí están reclamando poder elegir a sus autoridades y que esta situación cese, con todo derecho, y deber por parte del Gobierno, pero se lo niegan. No hay procesados hasta el momento ni en el gobierno nacional, provincial, municipal y en las organizaciones implicadas por estos delitos, y los daños que en estas personas causan, como a todos. Sí están procesados varios miembros de la comunidad por reclamar, y son llamados constantemente a declarar, se los hace objeto de embargos y limitaciones en su libertad de circulación por el territorio nacional.
enviado por ritavv@yahoo.com
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