Bolivia: No destruir el TIPNIS
Antonio Peredo Leigue
ALAI AMLATINA, 21/09/2011
El que más, el que menos seguramente está aplaudiendo, aunque sea en la intimidad, la movilización en defensa del Parque Nacional Isiboro Sécure. ¿Por qué?, pues ocurre que, en estos tiempos, todos nos hemos convertido en expertos ecólogos y ambientalistas. Sabemos cuáles son la extensión, población, características y atributos de vida que tiene ese territorio por cuya apropiación hay un diferendo casi centenario entre Beni y Cochabamba. El diferendo ha quedado traspapelado hoy, cuando se discute la conveniencia o perjuicio de construir una carretera que lo atraviese. En ese empeño vale todo: hay quienes se movilizaron para hacer una carretera hacia el norte de La Paz atravesando el Parque Madidi, "porque es necesaria para el progreso de nuestra región" y hoy son defensores de la integridad del TIPNIS.
Hace muchos años, siendo director de un semanario ya desaparecido, participé de una polémica nacional sobre la protección del medio ambiente. Por entonces, la deuda externa de Bolivia significaba tres veces el conjunto de las exportaciones anuales del país. Los bancos acreedores, mirando en perspectiva la política que entonces se implementaba aquí, pusieron a la venta los bonos de la deuda boliviana, a un valor mínimo: 11 centavos por cada dólar.
Una ONG ambientalista, norteamericana para más datos, compró bonos por un equivalente de 600 millones de nuestra deuda y los ofreció al gobierno de entonces a cambio de un compromiso firmado y ratificado, mediante el que se obligaba él y los sucesivos gobernantes, a mantener intocada una determinada extensión del territorio nacional. Pomposamente, uno de los superministros que había nombrado aquel presidente, viajó a Estados Unidos y firmó el compromiso, recibiendo los bonos respectivos. A continuación, afirmó que, en esas condiciones, él estaba dispuesto a vender todo el territorio nacional. Insisto en que la palabra que usó fue "vender". No voy a repetir lo que entonces dije al respecto, que no fueron aplausos, por supuesto.
Ese tipo de defensa del medio ambiente se ajusta a las concepciones y los principios de quienes hoy se rasgan las vestiduras por el TIPNIS mientras siguen ampliando sus negocios que rivalizan en la depredación del medio ambiente. Personalmente, no creo en esos personajes que estarían en contra de un ferrocarril bioceánico, por decir algo distinto, si es otra forma de atacar al gobierno del presidente Evo Morales.
Pero creo en los pobladores del Parque Isiboro Sécure. Creo en su derecho a reclamar por la seguridad del territorio que habitan. Tienen derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado promulgada en febrero de 2009. Les asiste la protección de tratados internacionales, de los que Bolivia es uno de los primeros firmantes, con plena ratificación del Congreso.
Considero que ese parque y los otros que son la reserva ambiental que debe resguardar Bolivia con leyes y otras normas, no pueden ser tratados como áreas que se dividen en núcleo y zonas adyacentes; son unidades y, cualquiera sea la parte afectada, se degrada el conjunto del parque. Estoy conciente que allí viven pueblos absolutamente minoritarios cuya identidad, cultura, idioma y características étnicas, proclamamos respetar en nuestra Constitución.
Es cierto que la vertebración del país es necesaria como la forma básica de unidad nacional. Pero no podemos hacerlo a costa de algunos pueblos que sufrieron la brutalidad de los patrones de antes y que ahora no se sienten engañados.
"En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra amazonía, nuestro chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores. Poblamos esta sagrada Madre Tierra con rostros diferentes y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas".
Con esas hermosas palabras se inicia nuestra Constitución Política del Estado. Hagamos honor a esa solemne proclama.
- Antonio Peredo Leigue es periodista boliviano.
Mas informacion: http://alainet.org
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La defensa de los derechos de la Madre Tierra en el TIPNIS
Raúl Prada Alcoreza
(Rebelión)
La determinación del gobierno de construir la carretera que va de Villa Tunari a San Ignacio de Moxos ha desatado una polémica en el país y la reacción de las organizaciones indígenas del CIDOB y el CONAMQ, que han resuelto marchar el 15 de agosto para evitar que el trazo de la carretera pase por el núcleo del Parque Isiboro-Sécure, exigiendo además la consulta a los pueblos indígenas, como está establecida en la Constitución Política del Estado. El Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro-Sécure está protegido por leyes y la Constitución, además de ser parque, por lo tanto área protegida, es territorio indígena, y exige el respeto establecido constitucionalmente de los Derechos de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios. Por otra parte el TIPNIS tiene que ver con las Resoluciones de Tiquipaya, con la Primera Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra (CMPCC), las mismas que prohíben la explotación en bosques, así como plantean claramente la defensa de los ecosistemas y los ciclos vitales integrados. En esa perspectiva, la Ley Marco de la Madre Tierra, que se encuentra en la agenda de la Asamblea Legislativa Plurinacional, concibe la defensa de los ciclos reproductivos de la vida, los ciclos del agua, por lo tanto de las cuencas, los ciclos del suelo, los ciclos de los bosques, los ciclos del aire, los ciclos de los seres, concebidos como componentes de la Madre Terra. Por todas estas razones es inconcebible, desde el punto de vista de la Constitución y desde la perspectiva del Vivir Bien, además del enfoque de los derechos de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios, la determinación del gobierno de construir la carretera que atraviese el TIPNIS.
El debate ha puesto en la mesa la dirección del proceso, ¿por dónde va? ¿Desarrollismo o Vivir Bien? ¿Extractivismo o alternativa al desarrollo? Discusiones que deberían estar supuestamente resueltas desde la aprobación de la Constitución; no lo están, pues el gobierno y sectores interesados en promover el nombrado "desarrollo" parecen no comprender los contenidos y los alcances de la Constitución y el sentido del proceso constituyente. Una visión nacionalista restaura el Estado-nación, encaminando esta regresión hacia la ampliación del modelo extractivista, fortaleciendo de este modo las cadenas de la dependencia, instaurada por la expansión, consolidación e intensificación del colonialismo, método violento de la expansión capitalista. Este debate debe ser tomado en cuenta plenamente, considerando el momento del proceso, que se encuentra en crisis, el contexto del proceso, su propia genealogía, el despliegue mismo del proceso, con todas sus contradicciones y dinámicas moleculares. Sobre todo el debate debe traer a colación una reflexión profunda sobre los procesos en curso y sus enredos con los mapas institucionales y la arquitectura estatal liberal, buscando evaluar las perspectivas de las emancipaciones y las posibilidades de la descolonización.
La historia legal data de 1965 cuando la Ley 07401 crea el Parque Nacional Isiboro-Sécure. En el texto de la argumentación se habla de la "necesidad de conservar las cuencas hidrográficas, las nacientes de los ríos para la navegación, la riqueza de los recursos naturales y la belleza escénica, que podrían ser afectadas por la construcción de un camino siguiendo el borde del piedemonte y por la colonización". Después de la Marcha por el Territorio y la Dignidad, el Decreto Supremo 22610 del 24 de septiembre de 1990 reconoce el Parque como Territorio Indígena, donde se asientan los pueblos Moxeño, Yuracaré y Chimán. Desde entonces se conoce el Parque como TIPNIS; el mismo decreto amplía su superficie a las áreas externas de los ríos Isiboro y Sécure; de este modo se incorporan las comunidades asentadas en las riberas de los ríos, conformando así una franja de amortiguamiento. Este mismo año se reconoce el espacio del TIPNIS con 1.225.347 hectáreas; sin embargo 19 años más tarde, el año 2009, debido a la presión de los colonizadores, el presidente Evo Morales entrega a los pueblos originarios un título ejecutorial sobre el TIPNIS, reduciendo la superficie del territorio indígena y del parque a 1.091.656 hectáreas. Como compensación se define una línea roja que prohíbe nuevos asentamientos. Al respecto no hay que olvidar que el TIPNIS no deja de ser área protegida.
La historia de la carretera tiene que ver con el proyecto de Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA); el IIRSA tiene su origen en la primera Cumbre de Presidentes de América del Sur celebrada entre el 30 de agosto y el 1ro de septiembre de 2000 en Brasilia por invitación del entonces presidente Henrique Cardoso. Los jefes de Estado observaron que el impulso de la integración transfronteriza se vigoriza por ser una consecuencia de la proximidad geográfica, de la identidad cultural y de la consolidación de valores comunes. El IIRSA contempla los corredores transoceánicos que vincularían el Atlántico con el Pacífico, posibilitando el transporte de mercaderías entre ambos océanos. Si bien la justificación del proyecto IIRSA habla de integración entre los países involucrados, desde el comienzo se han hecho sentir voces que acusan al proyecto como parte de la estrategia de dominación de los Estados Unidos de América, también se han hecho escuchar críticas que califican al proyecto también como parte de la expansión de la potencia emergente de Brasil. La carretera que cruza el TIPNIS forma parte de los corredores transoceánicos y por lo tanto también del proyecto IIRSA. Sin embargo, el gobierno de Evo Morales llegó a un acuerdo con el gobierno del entonces presidente Luiz Inácio «Lula» da Silva para la construcción de la mentada carretera, comprometiéndose un préstamo por parte del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil. Se entiende que por lo complicado de la situación al afectar el área protegida, el parque y el territorio indígena, se decide hacer tres tramos para facilitar la aprobación de la ficha ambiental. El tramo uno y el tramo tres se aprueban rápidamente, tramos que no atraviesan el parque, quedando pendiente el tramo dos que sí atraviesa el parque. Esta maniobra es notoria pues adelanta partes de un trazo comprometido, condicionando la aprobación del tramo II. Sin embargo, ante la inminente construcción de la carretera que atraviese el TIPNIS, los pueblos indígenas, las comunidades indígenas asentadas el territorio en cuestión y las organizaciones indígenas del país, reaccionan exigiendo consulta previa a los pueblos y comunidades, además de un tramo que no atraviese el Parque Isiboro-Sécure. A pesar de la crónica del anunciado conflicto, en junio de 2011 ante una concentración campesina cocalera en Eterazama (Cochabamba), el presidente Evo Morales dio por iniciada la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. La señalada carretera tiene una longitud de 306 kilómetros, la misma que será construida en tres años por la empresa brasileña OAS, observada en Brasil por los conflictos ambientales ocasionados. El presidente en su discurso expresó que esta obra promoverá el desarrollo, la vertebración de Bolivia y la integración del país con Sudamérica. La construcción de esa vía y otras obras complementarias demandarán una inversión de 442 millones de dólares, de los que 332 provienen de un crédito blando otorgado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil.
El conflicto está planteado, por un lado el gobierno, con el propósito de construir la carretera que atraviesa el TIPNIS, por otro lado las organizaciones y los pueblos indígenas, que exigen consulta previa y que se haga otro trazo de la carretera para no afectar al ecosistema y a los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. Este conflicto se muestra como síntoma de una problemática más amplia, compleja y estructural. ¿Cuál es el proyecto del gobierno? ¿Por qué se enfrenta sistemáticamente a los pueblos y organizaciones indígenas? ¿Por qué se aleja del cumplimiento de la Constitución y la perspectiva del Vivir Bien? ¿Por qué se mantiene obsecuentemente en un proyecto desarrollista y extractivista? ¿Por qué no se construye el Estado plurinacional comunitario y autonómico? ¿Por qué no se hacen las transformaciones institucionales y estructurales que requiere esta construcción? ¿Por qué no se efectúa la transición transformadora y más bien se opta por proyectos que repiten los mismos estereotipos nacionalistas, desarrollistas y extractivistas? El debate compromete la estructura y la dirección misma del proceso. Por eso mismo es indispensable analizar y hacer inteligible lo que está en juego en torno al TIPNIS.
Hipótesis
En el debate se han planteado algunas explicaciones del obsecuente comportamiento del gobierno. El más conocido es el que tiene que ver con la expansión de la frontera agrícola, haciendo entrever también las consecuencias de la desforestación; esta ampliación está directamente conectada con la expansión de los cultivos de coca. Ya se dio antes un avasallamiento del territorio indígena por parte de productores de coca, ocasionando invasión y desforestación; esta expansión ya era conocida el 2004. La contención ante este avance se estableció mediante una línea roja dibujada el 2009, prohibiendo toda nueva expansión. Sin embargo, ante la construcción de la carretera se esperan nuevos avasallamientos, desforestaciones, expansiones de la frontera agrícola y del cultivo de coca. Otra explicación manejada en el debate es la de la supeditación del gobierno boliviano y de su proyecto desarrollista-extractivista al proyecto emergente de la burguesía brasilera, en el momento de la urgencia energética de Brasil como potencia regional. Esta supeditación explicaría el papel condicionante de PETROBAS en la explotación hidrocarburífera, la presencia de empresas brasileras constructoras de caminos y de infraestructura, así como la participación de una empresa brasilera en el proyecto de San Buena Aventura. Por otra parte, este condicionamiento también explicaría ciertas analogías entre los gobiernos "progresistas" de Bolivia y Brasil; estas analogías tienen que ver con combinaciones barrocas de pretensiones de Estado de Bienestar con políticas extractivistas y neo-extractivistas, así como con la permanencia de prácticas monetaristas y hasta neoliberales. La otra hipótesis tiene que ver con las nuevas alianzas del gobierno, con los banqueros, la empresa privada, los agroindustriales de Santa Cruz, los soyeros, es decir la burguesía intermediaria boliviana. Estas alianzas económicas muestran el efectivo proyecto en el que se encamina el gobierno, pasar de la estabilidad económica y la acumulación del ahorro, lo que se habría logrado, a un modelo económico viable asentado en los grupos económicos que supuestamente "saben" producir y pueden "garantizar" la mentada "seguridad alimentaria", incluso ratificada por los propios agroindustriales. Estas nuevas alianzas dejan en un segundo plano o, en el peor caso, al margen, a las comunidades campesinas. Estas alianzas económicas pueden explicar un proyecto de poder ventilado a largo plazo, evitando conflictos e incorporando a la burguesía agraria al proyecto gubernamental. Todo esto termina siendo coherente con la restauración del Estado-nación y explica el dejar de lado, como romanticismo, la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico. También se ha ventilado la hipótesis de la posible existencia de reservas hidrocarburíferas en el TIPNIS. Es el propio Ministro de Hidrocarburos y Energía el que ha manifestado esta posibilidad. Situación que pone aun en un más grave peligro al TIPNIS. Independientemente de la contrastación de esta hipótesis, lo que se hace evidente es el peso primordial que ha adquirido el modelo extractivista en las estrategias económicas del gobierno. Con lo que nos habríamos alejado definitivamente del Vivir Bien, de la economía social y comunitaria, de la articulación integrada y complementaria de la economía plural, en transición a la economía social-comunitaria y al Vivir Bien.
Ahora bien, ¿por qué estaría pasando todo esto? Todas estas explicaciones requieren de una hipótesis sobre la dinámica contradictoria del proceso. ¿Cómo hemos llegado a esta situación en el momento presente? La primera hipótesis al respecto es que no se ha resuelto la cuestión estatal, no se ha destruido el Estado-nación, que es la forma moderna del Estado liberal, que es la forma de legitimación en la periferia del sistema-mundo capitalista del Estado colonial. Se ha mas bien restaurado toda esta maquinaria sedimentada por capas, estratificada por formas administrativas, dándose una acumulación geológica de las reformas institucionales modernas. Lo que hace este Estado al ser restaurado es reproducir sus múltiples formas de dominación y reencaminar la continuidad de las estructuras de poder, de los diagramas de fuerza, que atraviesan los cuerpos induciendo determinados comportamientos funcionales al sistema nacionalista, liberal y colonial. También se reproducen las relaciones de dependencia y de supeditación del Estado-nación subalterno al orden mundial de la dominación global del sistema-mundo capitalista. La pertenencia al sistema financiero, que es el centro de la dominación imperial y capitalista, el sometimiento a sus reglas, el entregar el ahorro nacional a los bancos extranjeros, hablan de este sometimiento de la periferia al centro de la economía-mundo capitalista. Lo mismo ocurre en lo que respecta a los engranajes y redes de las empresas trasnacionales; por el condicionamiento de sus monopolios tecnológicos, financieros, de mercados, de sus mecanismos, procedimientos y agenciamientos de influencia, terminan imponiendo sus estrategias de enajenación de los recursos naturales y de acumulación ampliada de capital, convirtiéndolas de forma mediatizada en políticas de Estado del gobierno. Esto es una parte de la reproducción del Estado, su funcionamiento implica otras más; sin necesidad de recaer en una descripción exhaustiva es menester mencionar algunas más que tienen que ver con agenciamientos vinculados a la economía política del chantaje. Es sabido que los estados, sus instituciones, sobre todo aquellas que tienen que ver con actividades económicas, se encuentran atravesados por circuitos de influencias, cuoteo, participaciones ilícitas, prebendas, doble información, sobreprecios, lo que llamaremos el mundo de la economía paralela, economía que corroe las propias prácticas administrativas. En otras palabras, el Estado se convierte en un botín para grupos fortuitos de poder. Esta red de relaciones perversas forma parte de los recovecos de una maquinaria estatal que chirria al funcionar. Este diagrama de poder de la corrupción forma parte de la vida cotidiana de los Estado. Cuando no se resuelve la cuestión estatal, cuando no se desmantela esta maquinaria, cuando se deja intacta su arquitectura, también se deja que estas prácticas aviesas vuelvan a articularse y desplegarse, aunque sea con nuevos personajes, una nueva élite en el poder. Obviamente el panorama se complica cuando ampliamos la perspectiva a los circuitos del narcotráfico. Narcotráfico, contrabando, lavado de dinero, tráfico de tierras, vienen acompañando a la lógica del enriquecimiento fácil e ilícito. El problema se hace agudo cuando de los márgenes de la economía y los márgenes del Estado estos circuitos se incrustan en los espacios y núcleos de realización de la economía formal, como la banca, cuando terminan incrustándose en las organizaciones mismas de las instituciones. En este caso el Estado se encuentra invadido. Esto pasa en estados vulnerables, pero también llega a pasar en estados no vulnerables, con tradiciones de institucionalización de larga data; esto pasa en modelos liberales y neoliberales, tanto de la periferia como en algunos países del centro de la geografía del sistema-mundo y la economía mundo capitalista. Empero, lo que no neja de ser sorprendente es que esta corrosión termine ocurriendo en gobiernos que tienen la responsabilidad de las transiciones hacia el poscapitalismo. Es esto lo que hay que explicar, es indispensable entender las razones que conducen a un gobierno popular a repetir la increíble y triste historia del otoño del patriarca. En esta perspectiva, en la búsqueda de las condicionantes y los tendencias inherentes a las dinámicas moleculares del proceso, debemos también identificar otras prácticas sintomáticas en esta fabulosa reproducción de la maquinaria estatal. Sobresalen entre estas prácticas las relaciones de subordinación y cooptación de las organizaciones sociales, sobre todo de la dirigencia ejecutiva. No se permite la vida autónoma de las organizaciones, mucho menos la reaparición de movimientos sociales de envergadura, como las que se dieron durante el periodo 2000-2005, no se permite entonces la participación y la construcción colectiva de las decisiones, de la dirección del proceso y de las estrategias políticas. Las organizaciones, sobre todo sus bases, se han convertido en referentes de legitimación de las decisiones cupulares que se toman en el gobierno. Esta relación de subordinación de las organizaciones sociales terminan convirtiéndose en relaciones prebéndales, comprometiendo a la dirigencia ejecutiva en beneficios compartidos y controlados por las instituciones gubernamentales o estatales. Estas prácticas se parecen mucho a las prácticas de gobiernos y partidos populistas con las organizaciones sociales y dirigencias, particularmente, en lo que respecta a Bolivia, se parece mucho a las prácticas del MNR durante los 12 años de gobiernos del nacionalismo revolucionario (1952-1964). Estas prácticas prebéndales muestran un mapa más complejo de las estructuras de poder, las organizaciones sociales, los sindicatos, terminan participando del lucro del poder, aunque lo hagan en una proporción y participación secundaria, marginal, menos estratégica. Lo que cuenta aquí es la extensión de los engranajes y los mecanismos de poder, no sólo para la legitimación sino también como potencia y como aprovechamiento, aunque sólo terminen haciéndolo las dirigencias. De esta manera se trabó y quebrantó la posibilidad de participación y control, de conducción colectiva, por parte de las organizaciones sociales, afectando a las masivas fuerzas sociales, al poder constituyente de los movimientos sociales, que son el sostén y la defensa misma del proceso.
La derecha no tiene vela en este entierro
Rafo Puente García
Revista Pueblos
Ya es bastante lamentable que tengamos un nuevo conflicto dentro del campo popular -al que pertenecen tanto el Gobierno que nosotros hemos elegido como la CIDOB, que ha sido parte importante de todo este proceso- para que encima le demos vela en este entierro -nunca mejor dicho- a una derecha que jamás se ha preocupado ni por la Madre Tierra ni por la dignidad de los pueblos indígenas, y que sin embargo ahora aparece toda solícita y preocupada.
A la hora de discutir si la vinculación del Beni con Cochabamba conviene o no que pase por el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro-Sécure, lo que debe interesar son los argumentos que mueven al Gobierno -y a una buena parte de organizaciones sociales- para insistir en ese trazado caminero, y los argumentos que tiene la CIDOB -y otra buena parte de organizaciones sociales y grupos am-bientalistas- para proponer un cambio de ruta. Por supuesto las fuerzas opositoras tienen también el derecho de opinar, e incluso no se les puede negar el derecho de intentar maniobrar a beneficio suyo; pero lo que no debería ocurrir es que sus opiniones y maniobras sean utilizadas para descalificarnos entre nosotros.
A río revuelto -y está revuelto por culpa nuestra- es inevitable que los pescadores busquen su ganancia, que la Gobernación de Santa Cruz ofrezca apoyo a los marchistas indígenas (con el único objetivo de desgastar al Gobierno, ya que la vía como tal le importa un comino), que una diputada de Convergencia ande ofreciendo inútilmente zapatos a los marchistas (con el mismo objetivo), o que algún funcionario de la Embajada (la de siempre) busque desesperadamente contacto con los dirigentes indígenas para ofrecerles un apoyo que piensan molestará al Gobierno. Todo eso no se puede evitar. Lo que sí se debiera evitar es convertir todas esas maniobras, que vienen del campo contrario, para intentar dirimir un conflicto que se da dentro de nuestro campo.
De la misma manera que sería absurdo descalificar la posición gubernamental por el hecho de que cuenta con el apoyo de los ganaderos benianos -¿o es que FEGABENI es menos de derecha que el Comité Cívico cruceño?-. Lo que tenemos que discutir no es qué llamadas telefónicas ha recibido tal o cual dirigente, o qué mociones de apoyo llegan del campo contrario para una u otra posición; lo que tenemos que discutir es si las razones geopolíticas de vincular a Cochabamba con el Beni son más importantes que los derechos de la Madre Tierra (concepto que la derecha nunca ha manejado ni puede entender); lo que tenemos que discutir es nuestro concepto de desarrollo (el que maneja la derecha ya lo sabemos y defini-tivamente no sirve) y su pertinencia en relación con el nuevo paradigma del Vivir Bien.
Si no nos concentramos en el debate abierto y desprejuiciado sobre estos temas, si por el contrario nos dedicamos a la descalificación del que piensa diferente, si seguimos obsesionados con la idea de que nuestros pueblos indígenas de Tierras Bajas no son capaces de tener ideas propias y de tomar decisiones propias, sino que tiene que haber una mano negra que los dirige -ya sea la derecha opositora, ya sean esos fantasmas llamados ONGs, ya sea el imperialismo de siempre- lo único que lograremos será desgastarnos entre nosotros, como ya ocurrió en Caranavi, y en Potosí, y la otra vez con la propia CIDOB, y últimamente con la COB.
Y una palabra más. Toda esa serie de afirmaciones que estamos escuchando a nuestros dirigentes originarios de Tierras Altas en el sentido de que los pobrecitos indígenas de Tierras Bajas no entienden lo que les conviene, que se están dejando manipular por las mencionadas fuerzas oscuras, que cuando lleguen a tierras andinas les haremos entender que todo lo hacemos por su bien ¿no les recuerda el discurso de Hernán Cortés, Francisco Pizarro y sus misioneros? ¿No habrá que multiplicar por cien el presupuesto de nuestro Viceministerio de Descolonización, de modo que pueda empezar por casa?
Fuente: http://www.revistapueblos.org/spip.php?article2239
