Colombia: Declaración del Congreso de Tierras y Soberanías

Gilberto López y Rivas

Con la asistencia de cerca de 12 mil delegadas y delegados de
organizaciones campesinas y trabajadores del campo y las ciudades,
pueblos indígenas y afrodescendientes, pobladores urbanos,
organizaciones de víctimas de crímenes de Estado y del desarrollo
capitalista, en Cali, Colombia, del 30 de septiembre al 4 de octubre
de este año, tuvo lugar el congreso de Tierras, Territorios y
Soberanías, con el lema "La Madre Tierra es de quien la cuida, los
territorios son de los pueblos, la soberanía es popular".

En el contexto de una campaña mediática orquestada por el gobierno
colombiano que pretendía relacionar esta movilización con la
insurgencia armada e incluso calificándola como "amenaza terrorista",
al final del congreso se acordó una importante declaración en la que
los asistentes enfatizan que existe una opción de vida alternativa al
consumismo, la adicción al petróleo, la destrucción de la naturaleza y
la economía impulsada por la guerra: "territorios gobernados por las
comunidades, relaciones de trabajo equitativas e igualitarias,
economías sustentables donde impera el uso respetuoso de los bienes de
la naturaleza y la decisión autónoma sobre la producción de alimentos".

La declaración confirma dos tesis que bien pueden coincidir con
nuestra realidad mexicana: por un lado, la profunda inequidad del
sistema político y socioeconómico, y por el otro la oposición del
bloque político en el poder para trasformar ese modelo y reformarse a
sí mismo. Pese a la propaganda oficialista, y los elogios a Juan
Manuel Santos por parte de sus mentores estadunidenses y aliados
latinoamericanos, como Felipe Calderón, los congresistas consideran
que "el país sigue secuestrado por las mafias y la parapolítica, y las
acciones que el gobierno nacional dice realizar para enfrentar estos
sectores evidencian que no irá a la raíz del problema" la persistencia
del latifundio armado y la alianza de éste con la oligarquía
industrial y financiera", y por el contrario, utilizará la justa
aspiración social de combatir el paramilitarismo y el despojo de
tierras, para ajustar aún más el modelo territorial a los
requerimientos del capital".

Al igual que muchos movimientos sociales en México, sus contrapartes
colombianas descubren que no será en los espacios de la
institucionalidad donde los sectores populares encontrarán la
respuesta a sus exigencias por los derechos: "que debemos ir más allá
de ser oposición política, y construir por nuestro lado y a nuestro
modo el país que soñamos y queremos. Nuestra intervención en espacios
gubernamentales para exigir el cumplimiento de las obligaciones del
Estado frente a los derechos humanos, sólo tiene sentido si al mismo
tiempo en las comunidades construimos gobierno propio y fortalecemos
nuestra capacidad de ordenar la vida y el territorio".

La imposición de la minería y el entreguismo gubernamental a las
corporaciones capitalistas que caracterizan al gobierno de Calderón,
parece ser la tónica en el hermano país sudamericano: "El conjunto de
las medidas legislativas y de políticas que los últimos gobiernos
vienen impulsando o pretenden llevar a cabo "la conversión de Colombia
en una mina a cielo abierto, la imposición de las llamadas
"locomotoras del progreso", la entrega del campo a las Zonas de
Desarrollo Empresarial, la adjudicación del país a la industria
minero-energética, el estrangulamiento de los ríos y las aguas, en
suma, volver a Colombia una zona franca de 200 millones de hectáreas",
no es otra cosa que la agenda del capital nacional y trasnacional, y
se sintetizan en lo que podemos llamar la "privatización de los
territorios", es decir, quitar a la sociedad y los pueblos el derecho
de ordenar y gobernar sus espacios de vida y entregárselos al capital
privado".

El espejo colombiano en este congreso refleja también la realidad de
las luchas actuales mexicanas para impedir la desterritorialización y
el despojo del agua, los bosques, los patrimonios tangibles e
intangibles de los pueblos, para restituir al país los recursos
estratégicos del subsuelo, para mandar sobre las fuentes de vida y
alimentación, para defender la soberanía que los estados han entregado
a las corporaciones (incluyendo el narcotráfico) y a los imperialistas.

El congreso adoptó mandatos temáticos, macrorregionales y generales
sobre tierras, territorios y soberanías, que constituyen compromisos
serios en la construcción del nuevo país, y partiendo de consolidar la
necesaria unidad del movimiento y las organizaciones populares por
medio de un espacio de coordinación.

Se mandató prohibir la gran minería y la explotación petrolera
desaforada, declarando no grata e ilegal la presencia en los
territorios de conocidas corporaciones, debido a su participación
directa en agresiones a las comunidades y territorios y su atentado
sistemático a la soberanía nacional, realizando las acciones que
correspondan para impedir su presencia, salgan del país y sean
sancionadas.

El tercer mandato está relacionado con la construcción de un camino
hacia la solución política del conflicto armado, considerando que "la
guerra en nuestros territorios altera profundamente la armonía de las
comunidades y de la naturaleza, y no es posible esperar mejoras en los
derechos humanos si el conflicto continúa. El derecho a la paz sólo se
cumplirá si lo realizamos nosotros y nosotras mismas con la
resistencia a la guerra, la exigencia a los actores armados para que
respeten el derecho humanitario en especial la oposición a que el
cuerpo de las mujeres sea utilizado como botín de guerra y las
acciones directas de desmilitarización de nuestros territorios. El
pueblo colombiano y todas sus expresiones sociales adoptaremos una
agenda de diálogo nacional y regional en el Congreso Nacional de Paz".

Deseamos fervientemente que estos mandatos se cumplan.

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