México: La historia y el tiempo dan la razón al EZLN
Jaime Martínez Veloz
El gobierno federal y el EZLN firmaron el 16 de febrero de 1996 el
acuerdo en materia de derechos y cultura indígenas. Era el primer tema
de la agenda pactada entre la delegación zapatista y su contraparte
gubernamental. Llegar a ese momento fue el resultado de múltiples
esfuerzos colectivos e individuales. Muchas provocaciones se tuvieron
que sortear, para poder lograr un primer acuerdo que permitía albergar
una esperanza de cambios en nuestro país.
Al correr de unas semanas, las expectativas se modificaron
radicalmente: la actitud del ex presidente Zedillo cambió, su conducta
expresaba irritación y lo pactado por la delegación de su gobierno fue
desconocido públicamente, mientras lo convenido en San Andrés se
descalificó mediante una ofensiva mediática pocas veces vista. Con una
campaña de mentiras e interpretaciones dolosas de los acuerdos de San
Andrés, se acusaba al EZLN y a la Cocopa de querer crear un "Estado
dentro del Estado".
En la campaña de 2000, Vicente Fox se comprometió a resolver el
conflicto con los zapatistas en 15 minutos y mandar al Congreso de la
Unión la iniciativa de ley en materia de derechos y cultura indígenas,
que había formulado la Cocopa, con sustento en los acuerdos de San
Andrés. Sin embargo, los mismos argumentos manejados por Zedillo se
impusieron y terminaron por desnaturalizar lo pactado entre el
gobierno federal y el EZLN. La acción del gobierno de Fox, de mandar
la iniciativa al Senado de la República, cumplía un mero propósito
propagandístico.
Una de las partes de lo pactado en San Andrés, incluida la iniciativa
de ley, señala que los "pueblos indígenas de México tendrán derecho al
uso y disfrute de los recursos naturales de sus tierras y territorios,
salvo aquellos que son de dominio de la nación". Este párrafo, que no
contiene ningún riesgo para el país y que reivindica los justos
anhelos de los indígenas mexicanos, fue utilizado por la propaganda
oficial de los gobiernos de Fox y de Zedillo para acusar a los
zapatistas de intentar balcanizar al país.
Lo sucedido en México en los 15 años posteriores a los acuerdos de San
Andrés nos permite ver dónde estaban las causas de la irritación de
los gobiernos de Vicente Fox y Ernesto Zedillo. Al enviar la
iniciativa de Ley Indígena al Congreso de la Unión, buscando el mero
efecto mediático, el gobierno foxista otorgaba permisos en lo oscurito
a la compañía petrolera estadunidense Halliburton ?propiedad del
entonces vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney? para perforar
pozos en el sureste mexicano, en especial en Chiapas y Tabasco.
Mientras la propaganda gubernamental de Ernesto Zedillo y Vicente Fox
no se cansó de acusar al EZLN de querer apropiarse de los recursos que
pertenecen a la nación, se entregaron concesiones mineras lo mismo a
empresas mexicanas que extranjeras, cuya normatividad favorece a sus
dueños, no al país. El único impuesto que las mineras pagan a México
es la ridícula cantidad de cinco pesos por hectárea. No existe ningún
impuesto que grave las utilidades de esas empresas. México es el
paraíso para estas compañías, cuyas minas se ubican sobre terrenos de
comunidades indígenas y ejidales. Como botón de muestra podemos
mencionar la mina de oro, cobre y plata del Ejido Plana Nacional
Agrario de Mexicali, con reservas probadas de casi 300 toneladas de
metales. La propietaria de esa concesión paga a los ejidatarios 11 mil
pesos anuales de renta. Aun así, el apoderado tiene la caradura de
afirmar que los ejidatarios "no son dueños de nada", que la nación es
la dueña, pero omite decir que los beneficios y las utilidades de ese
recurso natural no son para la nación, sino para la empresa que él
representa.
A partir de la firma de los acuerdos de San Andrés, los funcionarios
de las áreas financieras, de energía y comunicaciones de los tres
gobiernos anteriores se han constituido en la principal línea de
ataque en contra de los mismos. Curiosamente, dichos funcionarios hoy
aparecen como miembros de los consejos de administración de las
trasnacionales de la energía y la minería. Luis Téllez Kuenzler, ex
secretario de Energía y ex secretario de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT); Carlos Ruiz Sacristán, ex
secretario de la SCT; Gilberto Hershberger Reyes, ex subsecretario de
Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de la Reforma
Agraria, y Antonio Lozano Gracia, el ex procurador de la República que
solicitó la expedición de las órdenes de aprehensión contra la
dirigencia zapatista, son, entre otros, algunos ex funcionarios que
hoy integran las mesas directivas o los cuerpos jurídicos de las
trasnacionales, las cuales se han beneficiado de muchos de ellos
durante su tránsito por los cargos de la administración pública que
han ocupado.
En este contexto suena ridícula y tiene un tufo de provocación la
declaración de Vicente Fox de equiparar la lucha del EZLN con el
narcotráfico. La sola comparación ofende las luchas centenarias de los
pueblos indígenas y demuestra que en ningún momento tuvo el interés
genuino de resolver un problema ancestral del México profundo. Ubicar
al subcomandante Marcos como "un criminal" es un despropósito del ex
presidente que al principio de su mandato, en su estilo chambón y
chabacano, declaró que el Sup era su "amigo". Con esos amigos, para
qué quiero enemigos. Quizá por ello, los zapatistas han sido recelosos
de las relaciones con personajes del gobierno, pues nunca se sabe
cuándo van a tirar la tarascada.
Una de las pocas oportunidades que tiene la República de caminar por
senderos menos espinosos es mirar hacia lo mejor de nuestro pasado y
nuestra historia reciente. Por ello los acuerdos de San Andrés
Larrainzar constituyen uno de los referentes más importantes para
reconstruir una gran parte del tejido social, desgarrado hoy por la
pobreza y la inseguridad.
La Jornada, Viernes 4 de noviembre de 2011
CELMRAZ MailingList, http://www.serazln-altos.org/celm.html
