Carta abierta al Gobierno venezolano: Asilo a Julián Conrado y que cesen las entregas de perseguidos políticos
Se ruega darle difusión a esta carta abierta, para potenciar el debate de ideas:
Quienes le escribimos somos personas de diferentes partes del mundo.
Una característica que nos une es que todos y todas estamos
comprometidos con los procesos de emancipación de los pueblos y acorde
con ello hemos dedicado parte de nuestro tiempo, ilusión y esfuerzo
para apoyar un proceso social y político bolivariano en Venezuela,
desde la perspectiva de que éste contribuya con los necesarios cambios
en Latinoamérica y el mundo, hacia la ruptura definitiva del sistema
capitalista que oprime a los pueblos y condena a la miseria a gran
parte de la humanidad.
Es, desde esta nuestra militancia, anticapitalista y antiimperialista,
que hemos observado con verdadera preocupación el reciente proceso de
colaboración entre los gobiernos de Venezuela y de Colombia. El
gobierno de Venezuela en reiteradas ocasiones ha manifestado su
reconocimiento del derecho de los pueblos a su libre
autodeterminación. La colaboración del gobierno venezolano con uno de
los regímenes más oligárquicos, violentos y serviles al poder
imperialista como el que dirige Juan Manuel Santos en Colombia y que
es responsable de miles de asesinatos, desplazados internos, torturas,
masacres y una interminable lista de violaciones a los derechos
humanos, es una incoherencia mayúscula que los pueblos del continente
y del mundo no podemos avalar. Anexamos a esta carta abierta una
síntesis de datos que hablan de manera irrevocable sobre la naturaleza
genocida del régimen colombiano, y ponen en evidencia la necesidad
urgente de reevaluar las políticas de entregas de perseguidos
políticos y colaboracionismo con dicho régimen.
No compartimos la colaboración en materia militar con el régimen
colombiano, y particularmente las políticas de cacería humana que
aplica el régimen colombiano, en claro alineamiento con las políticas
de criminalización al pensamiento crítico y la lucha social impuestas
por EEUU y la UE con sus listas que pretenden estigmatizar cualquier
forma de resistencia de los pueblos como "terrorismo".
Las entregas de perseguidos políticos, sean estos civiles o
guerrilleros, al estado colombiano, que es denunciado
internacionalmente como uno de los estados más torturadores del mundo,
son contrarias al espíritu bolivariano y humanista que proclama el
proceso venezolano.
La entrega, de manera totalmente ilegal y violatoria de la ética
revolucionaria, del periodista de nacionalidad sueca Joaquín Pérez
Becerra, sobreviviente del genocidio contra la Unión Patriótica, a las
fuerzas represivas colombianas, fue sin duda un hecho que sacudió la
conciencia humanista; dada la cantidad de amparos legales que existían
para no entregarlo. Su entrega por lo tanto evidenció que pese a
existir otras alternativas se eligió la peor. Se quiso hacer creer a
los pueblos que "no había otra opción", se desinformó sobre lo que es
una circular de Interpol, cuando una circular de Interpol no da
derecho a secuestro.
La entrega del periodista Becerra levantó protestas dentro y fuera de
Venezuela, se hicieron llamados al gobierno venezolano para evitarla;
a pesar de ello, hoy estamos siendo testigos de la detención de otro
perseguido político: Julián Conrado.
No queremos asistir a una reedición del Plan Cóndor de la mano de un
gobierno que hemos apoyado. La Unidad Latinoamericana es un concepto
que mueve a los pueblos como trinchera de resistencia frente al
imperialismo estadounidense y europeo, por ello es vital que no se
trastoque: la Unidad Latinoamericana es la unidad de los pueblos, de
ninguna manera puede ser la unidad con un régimen genocida.
Queremos manifestarle nuestra profunda preocupación por el destino que
le espera a Guillermo Enrique Torres Cuéter, más conocido como Julián
Conrado, detenido por autoridades venezolanas y cuyo único delito es
haber irradiado con su canto el espíritu de rebeldía en las masas
oprimidas de Colombia y del continente, necesario para revertir la
situación de pobreza y violencia que el Estado paramilitar impone al
pueblo colombiano.
Julián Conrado pertenece a la misma estirpe de cantores libres que
como Ali Primera o Víctor Jara han puesto su creatividad al servicio
de la liberación de sus pueblos, anteponiendo sus ideales a su propia
seguridad personal. En este sentido, lejos de ser un peligro, Julián
constituye un ejemplo para las nuevas generaciones de la Latinoamérica
unida, libre y justa que soñamos.
Nos preocupa además el delicado estado de salud del cantante, que
sumado al rencor que le guarda la oligarquía colombiana por la
influencia que su música ha tenido en la toma de conciencia de vastos
sectores del pueblo, hacen temer que su entrega a los aparatos
represivos del gobierno de Santos, podría saldarse de manera trágica.
El cantor Julián Conrado, ya entrado en edad tras una vida de
sacrificio, está enfermo, ha sobrevivido a varios bombardeos, a
leishmaniasis, y está gravemente afectado de salud: por evidentes
razones éticas y humanitarias corresponde el Asilo político o/y
humanitario. Además el derecho internacional ampara este asilo: se
espera que Venezuela respete el DIH y los mínimos éticos y
humanitarios.
En virtud de lo que estipulan las diferentes convenciones
internacionales y disposiciones del Derecho Internacional Humanitario,
así como de la propia constitución bolivariana de Venezuela queremos
solicitarle interponga sus buenos oficios para que se le conceda a
Julián Conrado el estatuto de refugiado que en ley le corresponde. De
igual manera queremos pedirle, en el entendido de que la liberación de
los pueblos solamente es posible cuando se mantiene un alto espíritu
solidario e internacionalista, que cese la política de cooperación con
el gobierno colombiano ya que este representa para Latinoamérica lo
mismo que Israel para Oriente Medio, es decir la punta de lanza del
más rampante imperialismo multinacional.
En respeto a la Convención de Ginebra que Venezuela le otorgue asilo a
Julián Conrado o lo remita a un 3er país neutral. Por respeto por la
Convención Contra la Tortura no puede ser entregado a un estado
torturador como lo es el régimen colombiano.
ANEXO: Contexto actual de Colombia
Ya va más de 1 año de posesión del presidente actual de Colombia: Juan
Manuel Santos. Las violaciones a los derechos humanos continúan
incrementándose y sigue la agresión sistemática desde las herramientas
legales (fuerza pública) e ilegales (herramienta paramilitar) del
estado y multinacionales contra la población.
Desde el 7 de agosto 2010 han sido asesinados impunemente 34
defensores/as de los derechos humanos, 17 dirigentes agrarios que
exigían la restitución de las tierras usurpadas con violencia a los
campesinos y 28 sindicalistas la mayoría de la Central Unitaria de
Trabajadores CUT (1) , miles más han sido amenazados de muerte. Crece
el drama del desplazamiento y la desaparición forzada de personas,
continúa la práctica de los asesinatos de civiles a manos de
militares con 29 nuevos casos reseñados en el último año, sigue
siendo crítica la situación en las cárceles donde literalmente se
pudren más de 7 mil prisioneros civiles por razones políticas, además
de los más de 500 presos políticos guerrilleros, los cuales también
sufren condiciones aberrantes de reclusión. Hay más de 7.500 presos
políticos en las cárceles colombianas lo que hace del régimen
colombiano un 'record' en presos políticos. Algunos informes recientes
señalan que la cifra de 7.500 presos políticos estaría subvalorada,
pese a ser ya en sí escandalosa, pues debido al aumento de los
encarcelamientos arbitrarios de estos últimos años las cifras
rondarían los 9.500 presos políticos, totalmente invisibilizados. El
drama de los derechos humanos se acentúa con la perpetuación de la
estrategia paramilitar del estado: se trata de los grupos
narco-paramilitares cuya existencia es negada ante las cámaras por el
gobierno recurriendo a la coartada de cambiarles el nombre por el de
"bandas criminales emergentes", mientras siguen su accionar criminal
en contubernio con la fuerza pública en todo el país.
ALGUNAS CIFRAS DEL TERRORISMO DE ESTADO EN COLOMBIA:
· El estado colombiano tiene el ejército más armado del mundo
por EEUU, junto con Israel y Egipto: un ejército genocida, ese mismo
ejército que detrás del batallón de la Fuerza Omega del Plan Colombia,
tiene la mayor fosa común del continente: 2000 (2mil) cadáveres de
desaparecidos. (2)
· El ejército colombiano practica el asesinato de civiles
para justificar sus gigantescos presupuestos: los militares
colombianos asesinan a civiles y luego presentan sus cadáveres como
"guerrilleros abatidos en combate" en macabros montajes
militaro-mediáticos. Suelen elegir sus víctimas entre la población
rural o la población más empobrecida de los barrios periféricos,
aunque también practican estos asesinatos mal llamados "falsos
positivos" contra sindicalistas y opositores. Hay al menos 3.200 casos
documentados de estos asesinatos de civiles; la impunidad alcanza el
99% de los autores materiales y el 100% de los autores intelectuales
de esta práctica.
· En Colombia son asesinados el 60% de todos los
sindicalistas asesinados en el mundo, por la fuerza pública o la
herramienta paramilitar de multinacionales y estado.(ver 1)
· Colombia es 'record' en presos políticos: 7.500 hombres y
mujeres, en su inmensa mayoría civiles enjaulados bajo burdos montajes
judiciales.(3)
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