Ecuador: prohibido olvidar
lliana Almeida (*)
La conformación social de los pueblos indígenas es heterogénea: hay
agricultores, comerciantes, obreros, intelectuales; entre los
selváticos hay cazadores y recolectores. Están los que profesan
diversas religiones; muchos se agrupan en organizaciones, otros no.
Todos tienen un denominador común: sus pueblos son resultado de un
proceso histórico no reconocido. Por eso, la agresión política a un
individuo es una agresión a toda su colectividad. El gobierno de
Rafael Correa no ha escatimado epítetos racistas para insultarlos. Se
los encausa por oponerse a leyes -como la de minería- que propician la
destrucción del ambiente. (Conviene saber que la extracción minera en
Filipinas puso al desnudo el incumplimiento de compromisos de las
transnacionales que han provocado grandes pérdidas en la agricultura y
empobrecido a los campesinos). Aquí, los han reprimido por protestar
contra la ley de aguas (recuérdese que en Cajamarca la explotación
aurífera demanda un gasto desmedido de agua, lo que ha motivado el
levantamiento de toda la población para salvar las últimas vertientes).
Se han criminalizado sus protestas y se les ha procesado por defender
su derecho a la supervivencia -sin agua no hay vida- burlando
preceptos constitucionales que los amparan. Se ha intentado acallarlos
con el uso de la fuerza (Macas y Otavalo). Se les negó la
participación en la cumbre de la Alba. Se limitan las competencias
autonómicas en la Educación Bilingüe Intercultural y el Codenpe, que
representan sistemas de su pensamiento cultural. Se envía misioneros a
la Amazonia para "civilizarlos", ignorando que la esencia de las
culturas originarias son las leyes naturales, por lo que son los
guardianes de la naturaleza.
Se les inculpa por los acontecimientos
del 30 de septiembre (30-S), aduciendo que el antecedente para la
revuelta policial fue la defensa que hizo la Conaie de los recursos
hídricos.
Se envía como embajadores a ciertos dirigentes para simular
una disposición favorable hacia los indígenas, pero en realidad para
dividir sus organizaciones.
La presencia de Correa en el juicio contra Mónica Chuji tuvo un objetivo:
ejercer presión sobre los jueces; una madrugada el mandatario apareció en Zamora
para pelearse con el prefecto provincial demostrando la ubicuidad que le distingue
cuando de perseguir a la dirigencia indígena se trata.
La Conaie tuvo que acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en
demanda de medidas cautelares para los tagaeri y taromenani, tras la licitación
del campo petrolero Armadillo, situado en territorio waorani.
En resumen: la política del régimen evidencia la falta de criterios
justos para enfrentar la realidad de los pueblos indígenas, desprecio
a sus derechos históricos y constitucionales, menosprecio a sus
potencialidades, y desinterés por su existencia.
¿La patria ya es de todos?
¿Así procede un gobierno de vanguardia?
(*) Linguística ecuatoriana, comprometida desde y junto con
organizaciones y procesos de lucha social y cultural de Ecuador.
Fuente: Periódico Hoy, 31,12.2011.
enviado por "Centro de Español y Lenguas Mayas Rebelde Autónomo Zapatista"
celmrazinfo@cronopios.org
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